Tal como informáramos en el hoy Nº 1514 del 16/04/2014, los docentes autoconvocados de Chilecito (La Rioja) vienen dando una importante lucha por recomposición salarial y otras reivindicaciones.
Tal como informáramos en el hoy Nº 1514 del 16/04/2014, los docentes autoconvocados de Chilecito (La Rioja) vienen dando una importante lucha por recomposición salarial y otras reivindicaciones.
Ante la firmeza de la lucha, el gobierno de Beder Herrera, aliado a Cristina, intenta amedrentar a los luchadores, con procesos judiciales espurios. Por haber participado en la toma de escuelas hay 21 personas procesadas, entre docentes, padres y alumnos. Por otra parte, la rectora de la Escuela Normal, Prof. Norma Illanes, fue suspendida por 30 días, por una denuncia de malos tratos y por supuesta incompatibilidad con otros cargos docentes que tiene en la universidad. La causa real de la sanción es haberse negado a dar nombres de los participantes en las tomas. Cabe consignar que la profesora Illanes es hermana de Álvaro Illanes, testigo en la causa contra Milani por la desaparición del soldado Ledo durante la dictadura militar.
El 24 de abril, funcionarios de Educación fueron a la escuela a notificar a la rectora de la suspensión, lo que motivó que una gran cantidad de docentes, padres y alumnos se concentrara en la escuela y en la calle en defensa de la profesora Illanes. Esta movilización, con los funcionarios dentro de la escuela, fue aprovechada por el gobierno para imputar a ocho docentes y luchadores sociales por el delito de privación ilegítima de la libertad y daños en flagrancia.
Habla una de las compañeras. Una de las imputadas es la profesora Graciela Caballero a quien entrevistamos:
—¿Quiénes están imputados y por qué?
—En realidad hay dos tandas de procesados. Los primeros procesados fueron por las tomas de las escuelas, hay alrededor de 21, por el delito de entorpecimiento al ingreso a los establecimientos de funcionarios públicos. Estas 21 personas son de distintas escuelas, hay padres, docentes y alumnos, porque están los alumnos del Cavero [instituto terciario]. Esto ha quedado todo en stand-by, las causas están pero no se han movido ni para un lado ni para otro. Las otras causas que se arman son a ocho imputados, donde están: Carlos Illanes, Álvaro Illanes, Marcela Crabbe, Raúl Brizuela y Doria, Carolina Ticac, Pedro Carrizo, Adriana Páez y yo. Aparte de la causa en sí, algunos de nosotros tenemos prohibido el ingreso a la escuela Normal, porque cuando intentan destituir a la Prof. Norma Illanes, ahí nos hicimos presentes docentes, alumnos y padres para solidarizarnos. A partir de esa presión, los funcionarios del ministerio llaman por teléfono al ministro, quien da marcha atrás con la resolución. A partir de ahí se genera la causa en la que estamos los ocho imputados.
—¿De qué se los acusa?
—El procedimiento se llama flagrancia y la imputación es privación ilegítima de la libertad y daños.
—¿Cómo viene la causa?
—Desde el momento en que se nos notificó, un domingo a las 10 de la noche, ya estamos imputados porque el procedimiento por flagrancia permite imputar directamente (aunque deberían haber actuado en el momento) y debíamos presentarnos el martes 6 de mayo, para notificarnos que no podemos participar en actos violentos dentro y fuera de la escuela, en realidad no sabemos a que se refieren con actos violentos, podría ser una manifestación. Ahí nos avisaron que nos pueden detener en el momento. También nos notificaron que al otro día debíamos ir a declarar, qué casualidad, el mismo día que viene la comisión de Educación, esta vez sí, a destituir a la rectora Norma Illanes. De esa forma nos dejaron a todos sin poder movilizarnos porque estábamos todos prohibidos o de entrar a la escuela o de participar en manifestaciones y demás.
En el acto nos ponemos en contacto con los cinco abogados que se ofrecieron para defendernos. Al día siguiente se presentan a Fiscalía y piden un plazo para una nueva declaración. Mientras tanto se presenta un recurso de oposición al procedimiento de flagrancia por considerarlo inconstitucional y una oposición al delito por falta de garantías constitucionales. Nos dicen que las garantías las vamos a tener durante el proceso o sea que durante el procedimiento van a hacer lo que quieran. En resumen, rechazan el recurso de oposición y nos vuelven a citar a declarar. El viernes pasado los abogados presentaron una apelación. Antes que la jueza resuelva, esa misma tarde la fiscal ya nos estaba citando otra vez a declarar el lunes. Finalmente la fiscal nos dice que ella no sabía de la apelación.
Con una celeridad impresionante, el miércoles la jueza contestó que no da lugar a la apelación. Entonces nosotros tenemos que presentar otro recurso donde vamos directamente a buscar la inconstitucionalidad de todo el procedimiento. Lo más llamativo de esto es que los plazos nuestros van superacelerados. Nosotros suponemos que quieren procesarnos. De esta forma, los que somos docentes en el acto quedamos cesantes y no sabemos cómo sigue el proceso.
Como se están manejando ellos, por ejemplo con Norma, todos los pasos fueron totalmente violados. A ella le avisan que la van a investigar y el mismo día la sancionan con 30 días de suspensión. Los mismos funcionarios judiciales reconocen que se equivocaron, por la celeridad de las actuaciones, cuando le prohibieron la entrada a la hija de la rectora a la escuela Normal, siendo que ella trabaja ahí. No conozco bien el estatuto pero tengo entendido que si estamos procesados no podemos estar frente al aula. No sé si nos sancionarán suspendiéndonos o dejándonos cesantes directamente.
La celeridad con que van no augura nada bueno. Tal vez tomen la medida más extrema, como hicieron con Norma. Por la imputación que tiene no es nada: denuncia por malos tratos e incompatibilidad horaria. Sea como sea, el máximo de pena es un mes de suspensión. Por eso creemos que a esta altura todo es posible.
