Una delegación de organismos de derechos humanos encabezada por Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), los miembros de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel y Cristian Blanco, Claudia Ferrero de APEL, Carlos Platokowski del Ceprodh y Nicolás Tauber de Liberpueblo y CTA Nacional, viajaron este miércoles 18 de junio a Río Gallegos a fin de entrevistarse y entregar un escrito (amicus curiae) solicitando la absolución de los trabajadores de Las Heras ante el Tribunal Superior de Río Gallegos. Este amicus fue firmado además por Elia Espen, Cadep y decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, políticos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, la CTA y diputados nacionales.
La delegación dio varias entrevistas en radios, medios gráficos y televisivos, lo que dio visibilidad a la visita, pudiendo exponer con claridad que los trabajadores de Las Heras fueron injustamente condenados como responsables de la muerte del policía Sayago en el marco de la pueblada de 2006, con el único fin de paralizar las huelgas de los trabajadores petroleros que peleaban para que no se les cobre el impuesto a las ganancias sobre sus salarios, causando pérdidas millonarias a las empresas petroleras.
Condenas injustas
Se los condenó en base a testimonios arrancados mediante torturas ejercidas por la policía de Santa Cruz. Los trabajadores condenados fueron llevados por policías de civil, en autos sin identificación ni placas a una casa utilizada por la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz. Allí (ni en la comisaría, ni en el juzgado), sin la asistencia de un abogado defensor, fueron torturados por la policía hasta que firmaron las declaraciones que éstos armaron para que confiesen un crimen que no habían cometido e involucren a otros trabajadores igualmente inocentes. Resulta importante señalar que quienes habían firmado esas declaraciones luego de ser torturados, explicaron ante el Tribunal la situación vivida y dieron un testimonio completamente distinto al que surgía de las actas policiales. El Tribunal hizo caso omiso al testimonio de los testigos y sólo dio valor a las “actas policiales”.
Luego de haber sido torturados y firmado las declaraciones, fueron trasladados por la propia policía hasta la Alcaldía de Puerto Deseado, en cuyo trayecto siguieron siendo víctimas de tormentos (por ejemplo en pleno viaje por la ruta estando esposados los golpeaban y abrían las puertas de la camioneta, los ponían boca abajo y les sacaban sus cabezas hacia afuera simulando que los tirarían).
Los trabajadores llegaron en tales condiciones a la Alcaldía de Puerto Deseado que el comisario a cargo al recibir a los detenidos los hizo revisar por un médico legista e hizo la denuncia por apremios ilegales. Estas torturas fueron avaladas por el fiscal y el Tribunal Oral de Caleta Olivia que los condenó, llegando el fiscal a decir en una de las audiencias del juicio oral “que dos o tres cachetadas no le cambian la declaración a nadie”. En base a estas pruebas es que cuatro trabajadores fueron condenados a cadena perpetua y a otros seis a cinco años de prisión.
Estos hechos motivaron que la delegación solicitara una entrevista con el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, quien debe resolver si confirma o revoca el fallo del Tribunal Oral de Caleta Olivia. La delegación fue recibida por el Dr. Peretti, juez del Tribunal Superior, ante quien presentamos el Amicus Curiae, le expusimos las razones que imponen absolver a todos los trabajadores condenados, así como la persecución de la que es objeto una de las abogadas defensoras de los trabajadores (Dra. Rosa Razuri) por parte de la Justicia de Santa Cruz.
Expusimos que la condena a los trabajadores marca un antes y un después en la vigencia de los derechos humanos en nuestro país ya que aquí se avaló la aplicación de torturas y la posterior condena a cadena perpetua en base a testimonios obtenido bajo tormentos. El Dr. Peretti afirmó que el Tribunal era consciente de la trascendencia de esta causa y que la estudiaría con la máxima responsabilidad antes de tomar una decisión, dejando claro que no existirá una decisión rápida.
Cinco presos de ATE
Luego de entrevistarnos y dejar el amicus, la delegación fue puesta en conocimiento de la existencia de cinco presos políticos, todos trabajadores de ATE de la provincia, desde hace ocho meses acusados de haber incendiado un edificio público. Frente a esto la delegación fue a visitar a estos trabajadores a la Alcaldía de Río Gallegos.
Allí, la delegación escuchó su testimonio y se comprometió a trabajar por su libertad y el cierre de la causa judicial. De los cinco presos, cuatro son hombres jóvenes que están detenidos en lugares distintos, siendo esta la primera vez que se veían desde que fueron detenidos, y una mujer que está con prisión domiciliaria por problemas de salud. De la entrevista surgió claro que sus detenciones fueron dispuestas para desarticular y perseguir a los trabajadores estatales que estaban luchando un aumento de salarios, y disciplinar al resto de los trabajadores estatales.
Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, la delegación se hizo presente en la Casa de Gobierno de la provincia y exigió una entrevista con el gobernador Peralta. Nos informaron que el gobernador no estaba presente y que dio instrucciones que nos reciba el ministro secretario general de la Gobernación José Luís Garrido, quien atendió a la delegación y a los familiares de los detenidos. La delegación le informó sobre las condiciones de detención de estos trabajadores (varios de ellos sufrieron torturas a lo largo de su detención) y exigió la inmediata libertad, ante lo cual no existió una respuesta positiva por parte del funcionario.
Se impone ahora reforzar la campaña en favor de la absolución de los compañeros de Las Heras, así como emprender otra para visibilizar la situación de estos cinco trabajadores de ATE presos en Río Gallegos, para lograr primero su libertad y luego el cierre de la causa judicial.
