Dando “más vueltas que perro antes de echarse”, en una extensa conferencia de prensa desde Nueva York, el miércoles 30 de julio el ministro Kicillof terminó reconociendo que había estado negociando “cara a cara” con los buitres y no había conseguido que los mismos acordaran una postergación de la sentencia que permitiera en lo inmediato que los bonistas del canje recibieran los pagos de servicios de interés, cuyo “período de gracia” terminaba el 30 de julio, tras un mes de su vencimiento.
Como ya la calificadora de riesgo Standard & Poor’s había declarado a la Argentina en “default selectivo”, porque a esa altura había vencido el plazo final para que recibiera el pago la parte de los bonistas que no pudieron cobrar por el fallo de la justicia norteamericana, no acatado por el gobierno, Kicillof se atajó diciendo: “¿Quién cree en las agencias calificadoras a estas alturas? ¿Quién piensa que son imparciales del sistema financiero?”.
Sin embargo, minutos antes que Kicillof comenzara su alocución, el mediador Daniel Pollack, designado por el juez Griesa, había enviado un breve comunicado de prensa afirmando que “desafortunadamente no se llegó a un acuerdo con la República Argentina, que inminentemente estará en default”. En el mismo agregó que la cesación de pagos “no es una mera condición ‘técnica’, sino que es un evento real y doloroso que perjudicará a la gente”, incluyendo a los ciudadanos argentinos, a los tenedores de bonos canjeados y a los inversores denominados “holdout”.
Al finalizar la larga exposición de Kicillof, una periodista le preguntó por el comunicado del mediador Pollack. “Sinceramente desconocía el comunicado de Pollack. Pido disculpa a los trabajadores que han estado atentamente esperando el resultado de estas conversaciones”, respondió Kicillof. Y agregó, como si hubiera sido traicionado: “Me veo sorprendido ingratamente por el comunicado, parece escrito para favorecer a una de las partes”.
Antes, el ministro había aparecido confiado: “Vamos a tomar las medidas y acciones para que esta situación insólita, inédita e injusta, no se perpetúe en el tiempo”. Lo que se entendió podía referirse a las negociaciones que en simultáneo llevaba un sector de banqueros para entregar un fondo de garantía a los buitres a cambio que solicitaran al juez la postergación de la sentencia (¡por 250 millones de dólares, cuando los buitres tienen un fallo por 1.500 millones!). Más aún cuando también dijo: “Puede haber una solución entre privados. Pueden aparecer soluciones de este tipo. Yo me enteré por los diarios que algunos banqueros iban a hacer una oferta”.
De aquí a diciembre
El gobierno de Cristina Fernández parece estar preocupado solamente por la cláusula RUFO, que permitiría a los acreedores de los bonos reestructurados reclamar igual trato que a los que no entraron en el canje y que vence a fin de año. Y mantenerse hasta entonces en default de hecho, sin medir las otras consecuencias que eso implica.
La situación de default, por más que sea “selectiva” para las acreencias reestructuradas con sede judicial en Nueva York, puede activar otras dos cláusulas que surgen de las reglas de los canjes de deuda que el propio gobierno realizó en 2005 y 2010. Que, además, no sólo son aplicables a esos bonos sino también a todos los demás títulos en moneda extranjera de la deuda pública argentina: la cláusula de “aceleración” y la de cross default.
La cláusula de aceleración les permitiría a los bonistas “acelerar” el cobro de los bonos durante los 60 días siguientes al default, salvo que sea “remediado, curado o cedido” por los tenedores. Esa cláusula, para activarse requiere reunir al menos el 25 por ciento del capital de cada serie de bonos.
La cláusula cross default contagia el default al resto de la deuda y, por ende, habilita la aceleración de los bonos del resto de los títulos en moneda extranjera.
Una inestabilidad creciente
“Que se queden tranquilos los argentinos. Mañana será otro día. El mundo seguirá andando”, sostuvo el ministro Kicillof.
Es cierto: “el mundo seguirá andando”. Pero si no se asumen las cosas como son, si se sigue negando tercamente la realidad, la perspectiva no es de tranquilidad. El gobierno kirchnerista subestimó y sigue subestimando la agresividad del imperialismo yanqui, o al menos de un sector del mismo que por lo que se ve tiene peso. De ninguna manera se va a resolver esto cambiándole el nombre al default y seguir pagando, como plantea Cristina Fernández y acaba de hacer con el Club de París. El costo será más recesión, más inflación y más desempleo, si no se cambia de política.
Luego se refirió a los intereses del bono Discount que el país depositó en el Bank of New York y que no llegaron a los tenedores de esos títulos por instrucción del juez Thomas Griesa. “Argentina pagó”, insistió el ministro.
¿Qué pasará entonces con esos fondos? Kicillof apeló a la ironía: “La iglesia católica dijo que el limbo no existía, pero esos fondos han quedado en un limbo”. Ya que invoca a la iglesia católica, también podría haberle pedido que restaure en el Padre Nuestro la milenaria advocación “perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores”, cambiada por Juan Pablo II en 1991 por “perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a nuestros ofensores”, tras la caída de la ex URSS, a tono con la restauración de un mercado capitalista único a nivel mundial (hubo dos hasta 1990: uno regido por los viejos imperialismos y otro por el hasta entonces socialimperialismo soviético, el llamado Comecon). Además podría haber apelado a la ley de la Torá instituida en tiempos de Jesús para el perdón de las deudas monetarias y materiales, tanto en los años sabáticos (cada siete años), como también durante el jubileo (cada cincuenta años).
Sobre una “solución privada”
Kicillof sugirió que los banqueros privados podían tener algunos incentivos para participar de una operación de compra de los bonos de los fondos buitre. Admitió que las entidades financieras podrían estar tentadas de adquirir esos bonos para evitar la pérdida patrimonial que les generaría una caída en la cotización de todos los títulos públicos que los bancos tienen en sus carteras de negocios. Reconoció, sin quererlo, que la situación actual que él se niega a llamar “default” podría provocar un quebranto del sistema financiero. Esa admisión de Kicillof se contradice, desde ya, con el propio relato del Gobierno, basado en dos sentencias. La del ministro de Economía, quien afirmó que “es una pavada atómica decir que entramos en default”, y la de Cristina Kirchner, quien consideró que “impedir que alguien cobre no es default”.
“Ofrecimos a los holdouts que entren al canje de 2005 y 2010, con lo que en las condiciones de hoy obtendrían una ganancia del 300 por ciento; pero no fue aceptada esa oferta porque quieren más”, dijo como si eso fuera algo nuevo. De paso, según esta afirmación del ministro, el castigo impuesto a los demandantes fue reconocerles una renta de 300% en menos de diez años, que sería el equivalente a lo que obtuvieron los que entraron en “los exitosos” canjes de 2005 y 2010 (ver “Sobre el canje de 2005 y la ‘quita’”, en hoy, número 586).
