Néstor y Cristina Kirchner conocieron la investigación de la deuda externa realizada por Olmos, porque esa investigación, las pruebas, y el fallo del juez Ballestero, probatorios de cientos de negociados, fueron entregadas al Congreso Nacional. Conocen, también, las investigaciones del Foro por el No Pago de la Deuda Externa, en el que participó Olmos; Foro del que el PCR fue fundador. También conocieron las actas de la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional, del 23/12/2001, que, en medio de la rebelión popular, aprobó suspender el pago de la deuda, investigar cuáles son legítimas y cuáles no; y mientras tanto, destinar todos los fondos presupuestados para la deuda a crear puestos de trabajo y atender a la crisis social. Esa conquista del Argentinazo fue clave para paliar los efectos de la crisis de esos años.
Con el título de “ley de pago soberano local de la deuda externa”, el martes 19 de agosto la presidenta Cristina Fernández anunció el envió de un proyecto de ley al Congreso para desplazar como agente fiduciario al Bank of New York (BoNY), reemplazándolo por Nación Fideicomisos. Pero ese proyecto de ley, en sus dos primeros artículos, ratifican la política de pagar sin investigar el 100% de esa deuda, incluso la de los “fondos buitres” (en las mismas condiciones que los “no buitres”). Esto significa que quiere hacer aprobar por ley del Congreso Nacional, el “default selectivo” de hecho que ya existe con los tenedores de los bonos de ley neoyorkina de los canjes de 2005 y 2010. Pues si bien la presidenta insistió con que estaban pagados, en realidad esos 539 millones de dólares nunca salieron de la cuenta en el Banco Central de la República Argentina, porque el BoNY nunca los retiró y menos podrá hacerlo en el futuro si se lo remueve como agente de pago.
El proyecto propone a esos bonistas canjear sus títulos por otros emitidos y pagaderos en el país, aunque deja abierta la opción de que elijan otro agente de pago. La Presidenta dijo que este canje sería voluntario, pero el proyecto de ley ordena desafectar al BoNY de modo que, para esos tenedores de bonos, no quedaría otra opción que el canje.
Pero sucede que la mayoría de los tenedores de esos bonos (en total un 70%) son fondos de inversión que por sus estatutos no pueden aceptar otras jurisdicciones o legislaciones que no sean las de Nueva York. Por eso, si se aprueba este proyecto, les abriría el camino para exigir la “aceleración de pagos”, es decir el pago inmediato del total de su valor.
A su vez, el proyecto de ley plantea reabrir el canje a los holdouts (al 7,6% de tenedores de bonos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, entre ellos los fondos buitres) ofreciéndoles lo mismo que a los otros bonistas desde el próximo vencimiento, si aceptan canjear ahora. Los depósitos correspondientes se harían, desde ahora, en la misma cuenta de Nación Fideicomisos en el Banco Central. Esto implica eliminar la ley “cerrojo”, que impide pagar a quienes no aceptaron los canjes anteriores.
La apariencia y la realidad
del proyecto
El proyecto define el fallo de la justicia yanqui de “ilegítimo e ilegal y violatorio de la soberanía e inmunidades” de la Argentina. Encerrado en su propio laberinto de pagador serial, y el fallo-chantaje de la justicia yanqui, el gobierno de Cristina Fernández tira la pelota al Parlamento, buscando que éste apruebe todo lo que hasta aquí ha hecho a sus espaldas. Este proyecto de ley es proclamado como recuperación de la “soberanía de pago” de los bonos que están en “default selectivo”, pero oculta que sigue renegando de la soberanía jurídica plena sobre la deuda externa, al no suspender los pagos, para investigarla y determinar cuales son ilegítimas, fraudulentas, usurarias u odiosas y no pagarlas. Pues eso abriría las puertas, también, para anular la cesión de soberanía en otros acuerdos –Chevron, Club de París y los del Ciadi– y los que acaba de firmar con los bancos de China para la compra de trenes (y hasta rieles y durmientes), colocándolos en la jurisdicción de Inglaterra.
Además, la Presidenta dice que envía el proyecto al Parlamento para cumplir con la Constitución, cuando no lo había hecho antes, ni siquiera para el acuerdo con el Club de Paris de casi 10.000 millones de dólares, de intereses sobre intereses y punitorios, de una “deuda odiosa” por ser, en su mayoría, originada en la dictadura.
Evidentemente, se intenta cargar sobre el Congreso la responsabilidad de este “default selectivo” y sus implicancias económicas y penales. No sólo por el desacato a su propia ley que sometía los bonos a la jurisdicción norteamericana, que no repudia, sino sobre todo por la catarata de juicios que se abriría por el reclamo de “aceleración de pago” de los tenedores de bonos de esa jurisdicción. Así al reclamo de deuda del total de los holdouts (de unos 20.000 millones de dólares), se sumarían otros 35.000 millones. Esto, a su vez, gatillaría la cláusula “cross default” para el resto de los bonos, lo que llevaría la exigencia de pago inmediato a más de 200.000 millones de dólares.
Tirándole esa brasa caliente al Parlamento con la consigna “patria o buitres”, el gobierno trata de cubrirse de sus responsabilidades económicas y penales y de “ganar tiempo”, dejando la nueva “bola de nieve” al próximo gobierno, como hizo con los acuerdos con Repsol y el Club de París. Los parlamentarios que se sumen a esta nueva estafa del “relato” serán también responsables penales y calificados de infames traidores a la Patria, como se define en la propia Constitución.
Hay una salida
Con este proyecto de ley, el gobierno kirchnerista, bajo una apariencia cubierta por la consigna “patria o buitres”, refirma su vocación de “pagador serial” al extremo de comprometerse a inmovilizar las ya escasas reservas del Banco Central en las cuentas de Nación Fideicomiso, aún cuando los bonistas no acepten el cambio de la jurisdicción de pago, y el default con los holdouts se extienda a todos los tenedores de bonos con jurisdicción en Nueva York. Patria no es seguir negándose a suspender el pago, negándose a investigar las deudas y pagar –en este caso depositando– deudas ilegítimas y fraudulentas que vienen de gobiernos anteriores y las deudas propias de su gobierno en relación a los canjes de 2005 y 2010 y los acuerdos fraudulentos y usurarios posteriores como los con Repsol y el Club de París. Esos recursos inmovilizados son necesarios para la recuperación del trabajo y la producción nacional.
Se debe repudiar toda cesión de soberanía jurídica, recuperar la soberanía jurídica plena, revisando la legitimidad de los pagos a través de la suspensión y la investigación de todas las deudas mediante una comisión creada al efecto, pagando sólo las legítimas y con intereses que no sean usurarios, como plantea la Multisectorial por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda Pública y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes.
Patria es no pagar deudas ilegítimas y pelear porque se utilicen esos fondos para crear nuevos y mejores trabajos con salarios dignos, cumplir con nuestros jubilados y nuestros chicos y jóvenes, entregar tierra y enseres a todos los que deseen trabajarla, y dar un verdadero apoyo a la pequeña y mediana industria y comercio nacionales, recuperando la soberanía nacional sobre todos los recursos nacionales, el comercio exterior, el crédito, la moneda y las empresas claves para el desarrollo nacional.
Ante el chantaje de “patria o buitres” se impone avanzar en la construcción de un frente popular programático, político y social, que sea protagonista de las luchas para torcerle el brazo a la política kirchnerista –en lo inmediato contra este proyecto de ley– y también para pelear una salida a favor del pueblo en las elecciones de 2015. En este camino el PTP y el PCR proponen las medidas de emergencia necesarias para que la deuda, la inflación y la crisis no la sigan pagando los trabajadores y el pueblo sino sus verdaderos responsables, que la juntaron con pala todos estos años: todos los buitres imperialistas y los caranchos de aquí adentro.
Como señaló Alejandro Olmos: “La historia de la deuda argentina es la historia de una infamia consolidada en 20 años de intereses espurios y claudicaciones. Es el cáncer que carcome las instituciones y envilece a los gobernantes. Desaloja a los trabajadores de las fábricas y del campo, mientras arroja al desamparo a las víctimas de los ajustes. Este es un grito de rebeldía frente a la injusticia de los poderosos y una convocatoria a asumir la dignidad de la resistencia”, (Alejandro Olmos, La deuda externa, pág. 226).
