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24 de septiembre de 2014

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue con su política de castigar a los luchadores sociales, mientras garantiza la impunidad a los represores del Parque Indoamericano, donde fueron asesinados por las balas policiales tres compañeros.

Absolución de Nardulli y Pérez

Quieren encarcelar a luchadores sociales

La “justicia” macrista ha resuelto llevar a juicio oral a Luciano “Tano” Nardulli, dirigente de la CCC de la zona sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, y a Diosnel Pérez (integrante de la junta vecinal de la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán). Su único “delito” ha sido ponerse al frente de las necesidades de vivienda de miles y miles de personas, necesidades que se niegan a resolver tanto el gobierno nacional como el de la ciudad.
Pese a haber sido sobreseídos en dos instancias, los jueces Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y Elizabeth Marum de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocaron esta decisión, con el fundamento de que es un caso “atípico” y debe resolverse en un juicio oral y público, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 20 de octubre.
Durante la marcha a 8 años de la segunda desaparición de Julio López, conversamos con el compañero Nardulli, quien nos decía: “Está claro que si siguen después de dos absoluciones, es porque esto es un ensañamiento político, no con el Tano y con Diosnel, sino con todos aquellos que salimos a las calles frente a las injusticias que hay. 
“Pienso que quieren hacer sonar el escarmiento, o una cosa por el estilo. Lo vemos todos los días en cómo mueven a la gendarmería, a las fuerzas represivas, y no es para combatir a la delincuencia, sino para perseguir a los que no se resignan a perder su puesto de trabajo, que no nos resignamos a pagar una crisis que no hemos elegido. Esto es parte de una política global que poco a poco va dejando de lado el chamuyo sobre los derechos humanos. Lo metieron a Milani, después aparece el Robocop [Berni] colgado de los helicópteros en cualquier operativo, y después en los operativos que encuentran droga, nunca se ve cuando la queman.
“Lo del Indoamericano sirvió para demostrar la falta de una política en lo que hace a la construcción de viviendas populares. La construcción está concebida como un negocio inmobiliario. La gente es expulsada de su lugar de origen, desterrada de su tierra, para dársela a los árabes, a los chinos, a los yanquis, a quien sea. Le sacan hasta el agua como a nuestros hermanos originarios del Chaco, les van quitando la tierra, los van arrinconando y los empujan a que se tengan que ir de ese lugar, y entonces vienen a los lugares urbanos para ver si pueden mejorar su situación.
“La historia de las villas fue así. No es que vino un gobierno y dijo “esta es la tierra de ustedes”. Se fueron ocupando tierras y levantando las viviendas. Ningún gobierno ha metido un solo mango para que ellos pudieran levantar sus viviendas. No es como eso que dicen que la gente muy pobre quiere la vivienda gratis. Todas las viviendas que hay en la villa las hizo la gente con el sudor de su frente.
“Por otro lado, queda al desnudo que entre el Indoamericano y el asentamiento Papa Francisco hubo un montón de ocupaciones. Se ocuparon las galerías del Cabildo, de varios ministerios, la Catedral, iglesias, entradas de subtes, las calles bajo los puentes, todo esto está ocupado no por gente en situación de calle, sino por familias enteras en situación de calle. 
“Ellos tratan de tomar una medida ejemplificadora, como diciendo, acá se dejan de joder, metemos los helicópteros, la gendarmería, y metemos en cana a quien haga falta, con tal de cortar la cuestión de la protesta. Pero cuando hay una injusticia, la gente, más tarde o más temprano, no nos va a pedir ni a Diosnel, ni a mí ni a nadie para salir y protestar. 
“Ya hubo un 2001, un Argentinazo. Les dijimos “que se vayan todos” y se fueron reciclando como la basura. Y te quieren mostrar a Frankestein maquillado, y diciendo que Buenos Aires es para todos. Ahora llamás y te dan turno por teléfono para un hospital. Pero lo que no te dice la propaganda es que el turno es de acá a tres o cuatro meses. El SAME aparece rápido en los lugares donde hay un accidente y llega la televisión, pero en la villa tiene que esperar que llegue la gendarmería para entrar. 
“Y con el cuento de la inseguridad han militarizado todas las zonas pobres, como el sudoeste de la Capital Federal. Metieron cámaras de la Metropolitana, de la Federal, de la Gendarmería. Y, sin embargo crece la inseguridad. Ellos a lo sumo paran un colectivo y hacen bajar a los pibes, que a lo mejor pueden tener un porro, mientras tanto salen las cuatro por cuatro llenas de cosas y con eso no pasa nada.
“Si por ser solidario y estar comprometido con los más pobres y los trabajadores me tienen que condenar, me tienen que dar cadena perpetua. Pero a cadena perpetua es mi compromiso con el pueblo y con la lucha”, finaliza Nardulli.
Repudiamos esta nueva criminalización de la protesta social, y llamamos a la más amplia movilización por el desprocesamiento de Diosnel Pérez, Luciano Nardulli y todos los luchadores populares.