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15 de octubre de 2014

El 7 de octubre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín dio a conocer el veredicto por los secuestros, torturas, asesinatos, robos, violaciones y homicidios contra trabajadoras y trabajadores de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las empresas ceramistas Cattaneo y Lozadur.

Sentencia e impunidad

Juicio por obreros secuestrados en la Zona Norte del GBA

Todos los imputados por los casos de los ceramistas fueron condenados por los lugares que ocuparon durante el terrorismo de estado en la cadena de mandos: Santiago Omar Riveros a cadena perpetua; Reynaldo Benito Antonio Bignone a 23 años de prisión; Luis Sadi Pepa a 17 años y Eugenio Guañabens Perello a 16. Ninguno de ellos irá a una cárcel común, sino que mantendrán el beneficio de la prisión domiciliaria. Los grados de sentencia evidencian cómo estos jueces minimizan la responsabilidad política en el mayor genocidio del siglo 20.
Hasta ahí llegó el poco de justicia que se alcanzó en el caso de nuestra camarada Sofía Cardozo, obrera de Lozadur secuestrada el 3 de noviembre de 1977, aunque hasta el momento no hay ningún autor directo reconocido en esos casos ni se ha avanzado en la responsabilidad que tuvieron los dueños de las empresas que se pusieron a disposición de los militares, les facilitaron información y les pasaron las listas de los ‘subversivos’ que debían sacar del medio.
 
Impunidad para represores
Distinta fue la suerte de los genocidas imputados por los casos de trabajadores navales, ya que sólo dos represores fueron condenados por esos casos (además de las ‘figuritas repetidas’ de los altos mandos), Juan Demetrio Luna a 9 años y el prefecto Gerardi también a 9 años. Otros tres fueron absueltos y se fueron caminando libres a sus domicilios. Las fallas acarreadas durante toda la investigación se cristalizaron en la más repudiable impunidad. 
La falta de voluntad política del juzgado de instrucción de San Martín para llevar adelante la causa, concluyó con la nulidad de las declaraciones indagatorias de Rossin, Puertas y Maldonado, tres genocidas, miembros de la Prefectura Naval Argentina de Tigre que habían participado en forma directa de secuestros, torturas y desapariciones de un trabajador naval, dirigente del sindicato, y algunos de sus familiares.
La bronca es inmensa; estas tres absoluciones son una expresión más de las limitaciones del kirchnerismo para romper la estructura represiva que encabezó y llevó adelante el terrorismo de estado. El gobierno nacional no tiene interés en llevar a la ‘cárcel común a todos los genocidas’. No sólo porque persisten intereses que lo vinculan con sectores vinculados al genocidio, como el claro ejemplo de Milani, sino porque mantiene un tipo de juicios en los que toda la responsabilidad de llevar adelante las causas, juntar prueba, llevarla al juzgado y velar por su ‘validez’, recae en sobrevivientes, familiares, compañeros/as, amigos/as y organismos de derechos humanos.
Además, el kirchnerismo –salvo donde “pone el ojo”- no destina presupuesto, personal ni ordena controlar debidamente a jueces y fiscales. Ni siquiera alcanzan los jueces para llevar adelante los juicios. Esa es la verdadera ‘política de estado’ en derechos humanos que impulsa el kirchnerismo. 
No podemos obviar el intento de utilización política del kirchnerismo de este juicio, lo que se vio parcialmente frustrado por la sentencia. Mientras afuera del Tribunal se hacía un acto con la participación de militantes K, algunos de los familiares no fueron convocados por los abogados para presenciar la audiencia, y dentro de la sala sectores ligados al gobierno oficiaban de “apaciguadores” de la bronca de los familiares.
Por eso seguiremos peleando desde todos los rincones del país para que haya castigo a todos los genocidas, por todos los desaparecidos. Y sostendremos bien alta la bandera de lucha por memoria y verdad que hace más de 38 años levantamos. Porque no perdonamos, no nos reconciliamos, resistimos y no traicionamos. 
Porque Julio López y Silvia Suppo (asesinada en Santa Fe luego de dar su testimonio en un juicio de lesa humanidad) nos recuerdan juicio a juicio que la mayoría de la estructura genocida está intacta y el camino es largo pero fundamental: porque con la impunidad de ayer, el gobierno se garantiza la impunidad de hoy.  Y seguimos poniendo el cuerpo y avanzando, con la clase obrera y el pueblo, para dar vuelta la tortilla; porque Sofía, al igual que tantos camaradas, no peleaba por una ‘utopía’, peleaba por la revolución. Y ese es el camino que seguimos.