Estuvieron acompañados por delegaciones de comunidades, sus caciques de los Valles Calchaquíes, junto a un importante contingente de la Corriente Clasista y Combativa.
En un documento que repartieron durante la marcha, expresan, entre otros párrafos: Somos la comunidad indígena de Solco Yampa perteneciente al pueblo diaguita.
Estuvieron acompañados por delegaciones de comunidades, sus caciques de los Valles Calchaquíes, junto a un importante contingente de la Corriente Clasista y Combativa.
En un documento que repartieron durante la marcha, expresan, entre otros párrafos: Somos la comunidad indígena de Solco Yampa perteneciente al pueblo diaguita.
El estado nacional y provincial reconoció nuestra preexistencia mediante el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la misma, como el Convenio 169 de la OIT aprobado por el Estado argentino mediante ley nacional 24.074, y el artículo 149 de la Constitución provincial.
Por lo tanto reconoció la posesión de nuestros territorios comunitarios en los mismos instrumentos.
Exigimos una respuesta al Poder Judicial en cuanto al avance y esclarecimiento de las causas existentes iniciadas por esta comunidad indígena, que tiene al cacique Rolando Fregenal como su representante, especialmente a los Sres. fiscales de instrucción de la Iª y IIIª nominación, Dres. Miguel Ángel Varela y Jorge Antonio Echayde.
La justicia, ante los reclamos que repudian el avance y las turbaciones de terceros en nuestros territorios solamente con fines económicos, no nos escucha, no nos ve, incumpliendo su responsabilidad y obligación de velar por nuestros derechos humanos. Desde agosto del año pasado que venimos denunciando y esperando que el Poder Judicial tome alguna medida para que no sigan vulnerando nuestro derecho al territorio.
El desconocimiento de toda la normativa constitucional plasmada en este accionar por parte del poder judicial es impensable, ya que el mismo Estado reconoció nuestros derechos y por ley nacional 26.160 ordenó parar con los desalojos y de cualquier otra acción que tenga como objeto el desalojo o la desocupación de la tierras tradicionalmente ocupadas por nosotros, y además ordena realizar un proceso de relevamiento territorial que ya está concluido en nuestra provincia.
Es decir que nuestras comunidades indígenas ya cuentan con información técnica que demuestra nuestra posesión en nuestros territorios. Sin embargo nos vemos imposibilitados de poner a disposición ésta prueba contundente y por lo tanto de ejercer nuestro derecho de defensa también contemplado en nuestra Constitución nacional.
Repudiamos la demora de la justicia, el amiguismo, la corrupción que impregna al poder judicial especialmente de Concepción. El poder judicial es el Estado mismo que continúa con omisiones y sin querer escuchar y ver la realidad de las comunidades indígenas.
Somos parte del territorio, ni un metro más ni un muerto más. No queremos otro Javier Chocobar.
