El brote de ébola ha pasado a ser un problema político de primer orden en España, donde hay un caso reconocido, y 17 posibles infectados internados en el Centro Carlos III de Madrid.
El brote de ébola ha pasado a ser un problema político de primer orden en España, donde hay un caso reconocido, y 17 posibles infectados internados en el Centro Carlos III de Madrid.
Justamente los trabajadores de la salud del Carlos III se han puesto al frente de la denuncia contra la política de ajustes en la sanidad por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que está mostrando lo criminal de estos recortes presupuestarios. En este centro de salud, sólo meses antes fue desmantelado un piso que era el centro de referencia regional para la atención específica de casos de infección por virus productores de fiebres hemorrágicas. Ahora el gobierno español resolvió de urgencia la internación de los pacientes con ébola allí.
Los trabajadores abuchearon a Rajoy en una visita que éste realizó al centro sanitario, y exigieron un cambio urgente del tratamiento oficial frente al brote. Centenares de personas unidas en la consigna “Teresa somos todos” marcharon hasta la sede del PP (Partido Popular) reclamando la renuncia de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Las enfermeras reaccionaron indignadas ante los intentos del gobierno de responsabilizar a la auxiliar Teresa Romero de su contagio de ébola, y le tiraron guantes a Rajoy. El sindicato de enfermería AME denuncia que están coaccionando a sus asociados para obligarlos a trabajar en el Carlos III.
Una política racista
A esta situación se llega cuando son miles los muertos de ébola en África, lo que fue minimizado por las autoridades sanitarias de los centros imperialistas, que pensaron que la enfermedad quedaría confinada a su lugar de origen. Esto está en el trasfondo, como denunciamos en este semanario, de la falta de preocupación de los grandes laboratorios en encontrar una cura para el ébola, ya que la consideraban “no rentable”.
Esta falta de previsión se evidenció en el comunicado del Centro de Control de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés) de la Unión Europea del 1 de agosto, cuando afirmó que “El riesgo de importación (de la infección) a la Unión Europea es considerado muy bajo”. Una semana después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo que reconocer que el ébola constituye una “Emergencia Sanitaria Internacional de Salud Pública”.
No es casual que sean las enfermeras las primeras en reclamar un cambio en las políticas sanitarias, ya que son las que están más expuestas a contraer la enfermedad.
Hay sectores como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), que están denunciando además que la repatriación de infectados de África, como los dos misioneros fallecidos, se originó en la negativa del gobierno español a destinar dinero a unidades móviles que se puedan instalar en los lugares de África con más alta incidencia del ébola con lo que podría atender también a los infectados “con DNI no español”, mientras Rajoy acuerda que la “medida sanitaria” de los Estados Unidos para los países de África occidental sea el envío de 3.000 soldados.
Las consecuencias de estas políticas en el terreno de la salud, como estamos viendo en España y en varios países –incluido el nuestro- donde crece el temor a la expansión del ébola, acarrearán mucho dolor a los pueblos del mundo. Y muestran descarnadamente la necesidad de cambios revolucionarios, como única garantía de la vida de millones de personas.
