Para la central obrera, la nueva ley consagra un nuevo retroceso en materia de soberanía y considera mercancías a los hidrocarburos y a la energía, en vez de considerarlos bienes comunes, además de recursos estratégicos. Es que el referido proyecto modifica sustancialmente la legislación vigente en materia de hidrocarburos en la Argentina.
Para la central obrera, la nueva ley consagra un nuevo retroceso en materia de soberanía y considera mercancías a los hidrocarburos y a la energía, en vez de considerarlos bienes comunes, además de recursos estratégicos. Es que el referido proyecto modifica sustancialmente la legislación vigente en materia de hidrocarburos en la Argentina.
“Este proyecto, que considera a los hidrocarburos como mercancías, no le dejará nada a los rionegrinos, más que el medioambiente gravemente dañado, sus suelos y subsuelos depredados y las principales economías regionales devastadas”, cuestionó Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Río Negro y remarcó que “es inminente la total pérdida de soberanía sobre nuestros bienes de uso común. Un Estado no puede otorgar derecho de perpetuidad en las explotaciones a las empresas. Esto debilita todo tipo de control social sobre la actividad. Imaginemos que alguien que todavía no nació, deberá esperar a cumplir 45 años para poder opinar sobre bienes que, como ciudadano, son de su propiedad”.
“Frente a esta ley, el gran desafío que tenemos el pueblo, los gobiernos y los trabajadores organizados, es el de generar modos de desarrollo que se orienten a la preservación intergeneracional y al uso racional e igualitario de nuestros bienes comunes”, concluyó Aguiar.
Es que para la CTA, el marco normativo que se impulsa supone la masiva utilización de la fractura hidráulica (fracking) lo que provocará serias y negativas consecuencias medioambientales, además de poner en riesgo el uso del agua, que es el bien común más preciado para la vida de las comunidades. A esto hay que agregar la utilización de químicos de alta toxicidad, la degradación irreparable del suelo y la posible ocurrencia de sismos como consecuencias indeseables.
Por otro lado, se sostiene que el proyecto garantiza condiciones favorables solo a las grandes empresas trasnacionales del petróleo y del gas, mediante la generalización de beneficios impositivos y fiscales que se habían otorgado por decreto en julio de 2013, luego del acuerdo YPF-Chevron. Además, las empresas pueden tener utilidades que oscilan entre el 20% y el 60% en función de las características del proyecto y libre disponibilidad de divisas sobre el porcentaje de recursos que se destine a la exportación.
Entregan concesiones a
35 años a las operadoras
Para la central, también se otorga un derecho de perpetuidad a las grandes empresas, a partir de concesiones de un plazo de 35 años, prorrogable por otros 10 para operar. Esto implica que las concesiones se extiendan en forma indefinida.
Otro aspecto que se cuestiona, es la habilitación que hace la ley para la explotación a gran escala de la plataforma continental. En este sentido, la explotación que originariamente era prevista a 90 metros de profundidad, luego se modificó a 60 metros, lo que genera mayores riesgos de derrames sobre las costas.
La conducción provincial de la CTA manifestó que uno de los puntos centrales a cuestionar, está dado por la prohibición expresa de reservas de áreas de producción de hidrocarburos para empresas nacionales o provinciales en las que el Estado sea parte, bajo cualquiera de las formas jurídicas vigentes, debilitando de esta manera el control público de la actividad.
Por último, desde la CTA plantean que la nueva ley no dejará recursos a la provincia de Río Negro y acentúa la crisis energética que se manifiesta por la pérdida del auto-abastecimiento y la necesidad de importar energía por 15 mil millones de dólares al año, reproduciendo la dependencia y el subdesarrollo del país, propiciando la entrega de los hidrocarburos y energía, a partir del techo que se impone a las regalías y la inexistencia de un piso como ocurre en otros países de la región. La ley plantea regalías entre un 12% y un 18% como techo, aunque las mismas pueden bajar a un 5%, ya que no existe un piso mínimo cómo por ejemplo sucede en Bolivia (50%), Venezuela (25%) o Colombia (25%).
