Este proyecto, llamado Ley Argentina Digital, según el ministro De Vido es para beneficiar a la población, pero hasta Miguel Pichetto, jefe de senadores del FPV, planteó que favorece la concentración y monopolización de los servicios de comunicaciones por las telefónicas.
Este proyecto, llamado Ley Argentina Digital, según el ministro De Vido es para beneficiar a la población, pero hasta Miguel Pichetto, jefe de senadores del FPV, planteó que favorece la concentración y monopolización de los servicios de comunicaciones por las telefónicas.
Efectivamente el cambio más importante que establece este proyecto es que autoriza a las telefónicas a prestar servicios audiovisuales (TV paga) que hasta ahora tenían prohibido. De esa manera podrán comercializar el triple play (teléfono, Internet y TV). Y en el caso de Telefónica ya no se verá obligada a desprenderse de Telefe (canal 11) y David Martínez, accionista de Telecom, podrá conservar sus acciones en Cablevisión.
Dicen que las telefónicas, conociendo la desesperación de la Casa Rosada por hacerse de divisas, amenazaron con hacer fracasar la licitación del 4G con la que el gobierno esperaba recaudar 2.000 millones de dólares que debían aportar las telefónicas y sugirieron que los dólares podrían aparecer si les permitían ser proveedores de medios audiovisuales.
Más allá de las especulaciones lo cierto es que 48 horas después de anunciado este proyecto de ley el gobierno concluía exitosamente la subasta de las frecuencias para telefonía móvil 3G y 4G por 2.233 millones de dólares.
Un negocio de $70.000 millones
Es lo que mueve el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país que, hasta ahora, se divide como vemos en el cuadro adjunto. En 2013 Telefónica obtuvo ganancias de 403 millones de euros y Telecom 607 millones de dólares. Ambas figuran dentro de las 10 empresas que más facturan, pero también son las que más ganan, menos invierten en el país y más ganancias giran al exterior. Todo gracias al gobierno K que les permite cobrar las tarifas más caras del mundo y superexplotar a los trabajadores efectivos y tercerizados.
Las tarifas
La Argentina está entre los cinco países donde el minuto de comunicación es más caro. Por eso distintos sectores vienen reclamando que la telefonía celular sea declarada servicio público, para que las tarifas sean controladas por el Estado y los aumentos discutidos en audiencias públicas obligatorias. Sin embargo este proyecto de Ley, que declara “servicio público esencial y estratégico” a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), permite, igual que ahora, que las empresas fijen libremente los precios aunque deja abierta la posibilidad de que sean regulados por el Estado. El único beneficio real para los usuarios es que se elimina la diferencia tarifaria entre llamadas locales e interurbanas.
La situación de los telefónicos
Estos monopolios aplicaron desde el inicio una política de superexplotación de los trabajadores, redujeron personal, aumentaron la jornada laboral e introdujeron las contratistas para hacer los trabajos que siempre habían realizado los telefónicos.
Estas empresas, incluidas las de TV paga, tienen gran parte de sus trabajadores tercerizados, trabajando a destajo y cobrando la tercera parte que los efectivos. A su vez los a los efectivos les imponen la multiplicidad de tareas y reciben aumentos por debajo de la inflación real.
Los dirigentes de Foetra, fervientes defensores del gobierno K, abandonaron a los trabajadores de las empresas tercerizadas a su suerte, a punto tal, que estos debieron armar su propio sindicato, Uetel, con el apoyo de la CTA. Maniobran, hacen fraude en las votaciones de las asambleas y mienten descaradamente para justificar los salarios y las condiciones de trabajo que imponen las empresas para seguir aumentando sus ganancias año tras año.
Monopolios en contra del interés nacional
El desarrollo tecnológico, que produjo un explosivo aumento de telefonía celular y la masificación del uso de Internet, tuvo como principales beneficiarios a Telefónica y Telecom.
En Urundel, Departamento de Orán de la provincia de Salta, los chicos tienen las computadoras que les dio el gobierno, pero no tienen conexión a Internet ni en la escuela ni en sus casas. Esto se repite en la mayor parte de nuestro país. Mucho más efectivo para favorecer la igualdad y el desarrollo del interior, que mudar la capital a Santiago del Estero, como propone CFK, sería garantizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones al pueblo en todo el país.
Pero a los monopolios que controlan las telecomunicaciones sólo les interesa la rentabilidad. En el año 2000 se estableció la creación de un fondo especial para garantizar los servicios esenciales de telecomunicaciones a la población, con independencia de su localización geográfica y condiciones sociales, que se conformaría con el aporte del 1% del ingreso de las empresas licenciatarias. Ese fondo recién se constituyó en el 2008 pero nunca se usó para los fines establecidos.
Ahora el proyecto de ley pasa esos fondos al manejo discrecional del gobierno que seguramente los usará para cubrir sus necesidades de caja. Sin embargo, las objeciones de los políticos del sistema a este proyecto de ley sólo tienen que ver con la disputa intermonopolista. Están preocupados porque se perjudica al grupo Clarín, se beneficia más a este monopolio que a otro.
La lucha de los trabajadores efectivos y tercerizados ha permitido recuperar y hacer respetar derechos y mejorar la situación salarial, pero sin recuperar la soberanía sobre las telecomunicaciones éstas seguirán estando al servicio de los monopolios que las controlan y no del país.
La lucha por soberanía sobre las telecomunicaciones, que fue una bandera histórica de los telefónicos fue abandonada por la dirección K de Foetra, en consonancia con el gobierno que en el terreno de las comunicaciones, como en el del petróleo y la minería, profundizó la política de entrega del menemismo.
El mexicano Martínez
Telecom Italia informó que concretó la venta del 17% de Safora, controlante de Telecom Argentina a Fintech, del mexicano David Martínez. El comunicado dice que pagó 215 millones de dólares y que Fintech firmó un bono por 600 millones de dólares para adquirir otro 34% del paquete accionario para así llegar al 51% y tener el control de la empresa. Para finiquitar la operación, ahora esperan el visto bueno de las autoridades argentinas.
David Martínez además posee el 40% de Cablevisión que es la principal generadora de ingresos del grupo Clarín. Este personaje, que nadie sabe de dónde sacó su fortuna aunque no es difícil imaginarlo, igual que su compatriota Carlos Slim, en 2013 tenía más de 700 millones de dólares invertidos en títulos de la deuda pública argentina.
De muy buena llegada al gobierno, Martínez también participa de Autopistas del Sol y controla el 27,5% de Emgasud, una empresa energética a la que ingresó de la mano de De Vido.
