El penúltimo día hábil del año, el gobierno de Cristina Fernández hizo aprobar al Senado de la Nación el llamado “Convenio de cooperación en materia económica y de inversiones con la República Popular China”. Este convenio había sido firmado por ambos gobiernos el 18 de julio y recién ahora se requirió urgentemente su aprobación por el Senado.
El penúltimo día hábil del año, el gobierno de Cristina Fernández hizo aprobar al Senado de la Nación el llamado “Convenio de cooperación en materia económica y de inversiones con la República Popular China”. Este convenio había sido firmado por ambos gobiernos el 18 de julio y recién ahora se requirió urgentemente su aprobación por el Senado.
Al igual que el recordado Pacto Roca-Runciman con Inglaterra en la década infame de 1930, tras las pomposas frases de “fortalecimiento de los vínculos”, lo que se esconde es una atadura con la nueva potencia “emergente”, la China imperialista que, al igual que aquel Pacto, subordina al país a los designios de este nuevo imperio y sus socios locales. Así, por ejemplo, su artículo 5º establece sin ambigüedades que “las adquisiciones en el marco del proyecto de sector público argentino cuya ejecución se enmarca dentro del alcance del plan integrado podrán efectuarse a través de adquisición directa, siempre que estén sujetas a financiamiento comercial de la parte china”. Por lo que queda afuera toda posibilidad de desarrollo de la industria nacional en relación a esos proyectos, aparte que “las ventajas del financiamiento” de este tipo terminan siempre siendo sobrepasadas por baja calidad del suministro, precios excesivos y costosas “comisiones” a los intermediarios en estos negocios poco transparentes.
El convenio general de cooperación en materia económica y de inversiones entre la Argentina y China, va acompañado de dos acuerdos sobre inversiones industriales e infraestructura, en los que se prevéun plan de facilidades “para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo necesarios”. Es decir, profesionales, técnicos y mano de obra de China “en condiciones de igualdad” con los argentinos.
Los proyectos en estas condiciones abarcan sectores de la industria del gas, petróleo, energía nuclear, hidroeléctrica y biocombustibles. También en minería, modernización industrial y actividades de la agricultura. Es decir, que pone a disposición del imperialismo de China y sus socios locales el desarrollo futuro de todos estos sectores de la economía argentina.
En cuanto a la financiación de estos acuerdos por parte de China, se prevé que se “brindará activamente a la Argentina los servicios de seguro de crédito relativos al financiamiento por parte de los individuos o entidades financieras residentes en China de conformidad con los esfuerzos conjuntos con la Argentina tendientes a lograr la calificación más ventajosa en materia de riesgo soberano”.
Demás está decir que por este “pacto” el gobierno kirchnerista le asegura al imperialismo de China que, en caso “de controversias”, se cede la soberanía jurídica a “tribunales internacionales” radicados en París (Francia) y ¡en Londres! (¡Inglaterra!). Y por si esto fuera poco, se prevé que si alguna de las partes deja caer el acuerdo general “la terminación no afectará la aplicación de cualquier convenio concluido” en el marco del mismo. O sea, lo que ya se pactó seguirá firme, como es el caso de la estación espacial en Neuquén.
La base china en Neuquén
Aparte del “convenio general” y los dos acuerdos de inversiones, con anterioridad el gobierno hizo aprobar por el Congreso, también en trámite “express”, la instalación, en Neuquén, de una estación espacial de exploración lunar de China en un enorme predio de 200 hectáreas concedido a Pekín por 50 años. Las mayorías kirchneristas aprobaron “a libro y oídos cerrados” el misterioso y cuestionado convenio entre el gobierno argentino y el chino, que tiene anexos que se mantienen en secreto, mientras cientos de obreros ya trabajan en la construcción de la planta.
Por dicho “convenio” China gozará de una exención impositiva durante 50 años, sus leyes y no las argentinas regirán la actividad de los ciudadanos chinos que allí se desempeñen, lo que refuerza la presunción de que se trata de una base militar, dado que la misma operaría en la órbita de las fuerzas armadas del imperialismo de China.
La atadura monetaria
A todo esto hay que sumar el ya famoso swap (intercambio de monedas) entre el peso argentino y el yuan chino, por un equivalente a 11.000 millones de dólares, que el gobierno kirchnerista comenzó a ingresar en tramos a las reservas del Banco Central, primero modestamente y luego, justo el 11 de diciembre de 2014, en un tramo equivalente a 1.000 millones de dólares.
Aparte que este swap es parte de las condiciones de todo lo anterior, hay que tener en cuenta que el yuan no es convertible directamente al dólar, que los yuanes quedan depositados en China y que el registro de estos tramos “para inflar reservas” no es gratuito sino que tiene que tributar un 7% anual de interés. Además que el uso de los tramos es con un año de plazo. Esto significa por ejemplo, que los yuanes que se tomaron el 11 de diciembre de 2014 habrá que pagarlos el 11 de diciembre de 2015, al día siguiente que asuma el nuevo gobierno. Por lo que éste también quedará remachado con China por el lado monetario.
