Hay razones estructurales y también inmediatas que explican el origen y la recurrencia de la inflación en nuestro país, como se analizó en profundidad en un artículo de nuestra revista Política y Teoría (número 79: “Las principales causas del proceso inflacionario”, de Amanda Vázquez).
Hay razones estructurales y también inmediatas que explican el origen y la recurrencia de la inflación en nuestro país, como se analizó en profundidad en un artículo de nuestra revista Política y Teoría (número 79: “Las principales causas del proceso inflacionario”, de Amanda Vázquez).
Las causas de fondo radican en al reforzamiento del latifundio en el campo y de la dependencia de nuestro país respecto de los imperialismos. La renta terrateniente y los beneficios extraordinarios del capital monopolista y usurario, interno e internacional, absorben el grueso del esfuerzo productivo nacional, el que es derivado a la especulación cuando no enviado directamente fuera del país.
Después del shock devaluatorio de Duhalde en 2002, el kirchnerismo salió de la crisis con una política de estímulo a la demanda, llamada keynesiana, que permitió la recuperación económica utilizando la capacidad instalada ociosa y la mano de obra desocupada barata. Pero al no promover una reforma agraria en el campo ni una verdadera sustitución de importaciones con una política de desarrollo industrial independiente, ese estímulo de la demanda favoreció principalmente al fortalecimiento del latifundismo y de la monopolización de la burguesía intermediaria e imperialista, que controlan lo fundamental de la oferta de bienes y servicios.
En esas condiciones, el incentivo de la demanda comenzó a entrar en contradicción con las limitaciones de la oferta que surgen de la estructura latifundista y dependiente. Esto comenzó a manifestarse en el aumento generalizado de los precios, aunque desparejo por el distinto peso de los diferentes sectores monopolistas en la economía; es decir, en la inflación.
La mayor emisión monetaria para cubrir los pagos de la deuda externa ilegítima renegociada por Kirchner-Lavagna, a partir de 2005, y el aumento del gasto público corrupto agregaron más leña al fuego.
Para que la inflación no se note, ya en enero de 2007 el gobierno intervino el Indec. Pero la bola de nieve del pago de la usura de la deuda (incluido el regalo del Cupón PIB), de los subsidios a empresarios amigos (Cirigliano y demás) y las licitaciones “arregladas” en la obra pública (Jaime, Lázaro Báez, “Sueños compartidos”, etc.), exigieron también una creciente emisión de pesos que no se dirigían a la inversión productiva –por lo que la mayor demanda no se correspondía con una mayor oferta– retroalimentando más la inflación. Se intentó entonces frenarla con “acuerdos” de precios con los monopolios y “planchando” al dólar. Pero como el gasto improductivo se incrementó para ganar las elecciones de 2011, se aumentó aun más la emisión de pesos, por lo que la situación se hizo insostenible.
Ganadas las elecciones a fines de 2011 por Cristina Fernández, se intentó frenar la sangría de dólares con un “cepo cambiario” limitado, sin asumirse un verdadero control de cambios y del comercio exterior, con lo que se fueron perdiendo más dólares que los que se “ahorraron” con el “cepo”. También, como se mantuvo la política inflacionaria para “ganar” las elecciones de 2013, fracasaron los distintos “acuerdos” de precios, por más prepotencia que usara el ex secretario Moreno.
Perdidas las elecciones en octubre de 2013, y visto el fracaso de los “cepos” y los “controles”, ante el desborde inflacionario de noviembre y diciembre, poniendo de ministro a Kicillof, el gobierno kirchnerista aceleró la devaluación del peso, aumentó la tasa de interés y lanzó un nuevo “acuerdo” sobre los precios “actualizados” con esa inflación, al que ahora llama “precios cuidados”. De hecho, pasó de la lenta rebanadora inflacionaria a un hachazo mayor para los salarios, jubilaciones y planes sociales y para la pequeña y mediana industria y comercio nacionales, con lo que se opta por fortalecer la renta terrateniente y las ganancias extraordinarias de los monopolios imperialistas, en primer lugar los exportadores y los bancos. Es decir que se refuerzan las bases estructurales de la inflación, a las que se suma que el Banco Central sigue emitiendo para financiar el gasto público corrupto y paga una tasa de interés del 25-28% según el plazo, por las notas y letras que coloca en el mercado. Con lo que al déficit fiscal, se agrega ahora el llamado déficit cuasifiscal del Banco Central.
Así se pretende seguir haciendo pagar la crisis y el ajuste a los trabajadores y la producción nacional en función de preservar la estructura latifundista y dependiente, en la que se apoya y a la que sirve la política del gobierno kirchnerista. Esto como expresión de un sector de la gran burguesía intermediaria que ha venido hegemonizando al bloque de clases dominantes y pretende seguir haciéndolo con su política inflacionaria de ajuste, hambreadora y entreguista.
Como acabar con la inflación
Las políticas exclusivamente monetaristas que proponen los economistas “ortodoxos” de otros sectores del bloque dominante tampoco pueden romper el círculo de hierro inflación-recesión; y en todas ellas, en definitiva, la principal variable de ajuste también termina siendo el salario. El mentado “gradualismo” de los llamados “heterodoxos”, sea con el sector que lidera Cristina Fernández u otros “alternativos”, no equivale sino a una soga de seda en relación al cordel que ofrecen los más “ortodoxos”. El fin es el mismo: seguir ahorcándonos.
Pero, ¿es que no hay otra salida económica? Sí, pero esa solo puede obtenerse atacando las bases del sistema oligárquico imperialista, el latifundio y la dependencia, haciendo que la crisis la paguen sus verdaderos responsables, acabando con la corrupción en el Estado y aplicando el gasto público a la inversión productiva para aumentar la oferta de bienes y servicios, con preferencia de origen nacional.
Ubicando bien el orden de los factores que provocan y estimulan la inflación en nuestro país, nos daremos cuenta de que no es simplemente disminuyendo la demanda global, sin discriminación, como se puede acabar con la inflación. Es la demanda especulativa la que hay que liquidar y, simultáneamente, eliminar las restricciones a la oferta de bienes y servicios generadas por la propia especulación, como es el caso del tremendo endeudamiento que estrangula tanto al sector público como al privado nacional, y crear las condiciones para ampliar su producción. Y esto solo es posible con una reforma monetaria que quite todo el dinero a la especulación y ponga el nuevo dinero en la producción.
No se trata simplemente de cambiar la moneda y seguir en la misma calesita, como ya se ha hecho otras veces. Hay que hacerlo, como se hizo en la Alemania de posguerra o en los entonces países socialistas (ver Eugenio Gastiazoro, Historia argentina, tomo IV), liquidando todas las tenencias especulativas de la vieja moneda. Por ejemplo, dando un plazo máximo de una semana para que se depositen en cuentas bancarias. Y asignar la nueva moneda a quienes efectivamente producen y consumen, entregando una cuota fija, individual o por familia a cada habitante y una cuota semejante por persona ocupada a las empresas. Los fondos depositados deben reintegrarse prioritariamente en el equivalente de la nueva moneda a los pequeños y medianos ahorristas, devolviéndose una suma fija sin restricciones y, a partir de allí, los fondos remanentes devolverse a los depositantes, personas o empresas, en forma escalonada y en función de planes concretos para desarrollar la producción y el comercio, tanto en las ciudades como en el campo.
Tal reforma monetaria debe ser acompañada de una condonación de deudas de los trabajadores y empresarios nacionales para evitar las quiebras y exorbitantes costos financieros, un control de cambios efectivo para evitar toda especulación con monedas extranjeras, la nacionalización del crédito para asegurar su manejo adecuado en función de las reales necesidades del agro, la industria y el comercio nacionales, y la nacionalización del comercio exterior, con juntas reguladoras nacionales (como las de granos, carnes, frutihortícolas, yerba mate, tabaco, etc.) que garanticen precio sostén y en origen a los pequeños y medianos chacareros, tamberos, quinteros y demás campesinos pobres y medios de todo el país.
Solo con una reforma monetaria de este tipo se puede favorecer y desarrollar la producción nacional y lograr un mejoramiento inmediato de las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo sin provocar nueva inflación, con medidas como las que proponen el PTP y el PCR en el Frente Popular.
Esto, estando claros que no se puede acabar definitivamente con la inflación conciliando con los grandes terratenientes e imperialistas. Hay que luchar contra ese poder y las bases en que se sustenta. En particular por la expropiación de los grandes latifundios y por entregar la tierra en propiedad a la juventud agraria, originarios, obreros rurales y semiproletarios, campesinos pobres y medios, en fin, a todos los que quieran tierra para trabajarla, como una de las condiciones básicas para una ampliación sostenida del mercado interno y de la producción agraria e industrial nacional. De otra manera continuaremos siendo las eternas víctimas de la opresión y explotación latifundista e imperialista, y “su desarrollo” continuará devorándose todo esfuerzo productivo, y el país seguirá entrampado en el círculo de hierro inflación-recesión.
