En la ciudad de México, y en varias ciudades del país se repitieron marchas multitudinarias. El gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto avanza en una política represiva de las luchas populares, y provocó enfrentamientos con heridos y detenidos en el Distrito Federal, en Acapulco y otras localidades.
En la ciudad de México, y en varias ciudades del país se repitieron marchas multitudinarias. El gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto avanza en una política represiva de las luchas populares, y provocó enfrentamientos con heridos y detenidos en el Distrito Federal, en Acapulco y otras localidades.
“Queda demostrada la incapacidad del presidente de México para resolver los problemas de su país”, pues a cinco meses de este crimen que estremeció al país y la comunidad internacional no ha podido “cumplir su promesa” de esclarecer el caso, dijo a la prensa Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de las víctimas.
En las marchas se repudió la salvaje represión contra maestros en el estado de Guerrero el 24 de febrero, que ocasionó la muerte de un profesor jubilado, 12 desaparecidos, y serias denuncias de violación de al menos cuatro docentes por parte de efectivos de la Policía Nacional.
Los maestros pertenecen a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), y estaban marchando en Acapulco en protesta por la retención de pagos a más de treinta mil profesores de Guerrero.
Este jueves, los maestros retiraron carteles colocados a lo largo de la franja turística por agrupaciones empresariales y asociaciones civiles, en los que agradecen la presencia de la Gendarmería Nacional, desplegada a Acapulco desde diciembre pasado ante una huelga de la policía local que se prolongaba por un año.
El gobierno niega
ingreso a los cuarteles
Al cumplirse cinco meses de los hechos del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, cuando una feroz represión causó la muerte de 6 estudiantes y fueron secuestrados otros 43, familiares de los normalistas se reunieron con autoridades del gobierno. El subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, manifestó que no se permitiría a los familiares inspeccionar los cuarteles militares, particularmente en Guerrero, donde se denuncia que los estudiantes fueron llevados y, según algunos, asesinados y cremados.
“El planteamiento fue revisar todos los cuarteles de Guerrero, incluido el Campo Militar Número Uno; la respuesta de él (Miranda) es una negativa total; dice que no se acepta bajo ninguna circunstancia. Nosotros decimos que hay elementos de prueba en el expediente que apuntan a la responsabilidad del Ejército Mexicano, pero ellos refieren que no es posible la revisión de los cuarteles, que no hay indicios de que ahí se puedan encontrar, que no hay elementos para hacer una revisión en esas instalaciones. Les dijimos que si se está dando un paso atrás en el compromiso que se había tenido anteriormente y (Miranda) respondió que sí, que así lo tomemos, que hay una decisión de Estado de no permitir la revisión de los cuarteles, informó Vidulfo Rosales, representante de los familiares de las víctimas.
Felipe de la Cruz, padre de un normalista sobreviviente, dijo que la salida de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) significa un alargamiento del proceso. “Pero no nos vamos a detener porque el pueblo tiene la última palabra para exigir justicia”, dijo.
Mientras se preparan más actividades para los seis meses del secuestro de los estudiantes, son muchos los que advierten que el gobierno está avanzando en la “línea dura” a fin de terminar con el conflicto mediante la represión.
