El 9 de diciembre del 2014, la jueza de familia de Eldorado, Margarita Potscka, dictó una disposición que ordena se retire del corte de ruta de tareferos y docentes de Montecarlo, a embarazadas, niños, niñas y adolescentes. La medida fue a pedido del defensor de Menores Carlos Hugo Elena y del actual ministro de Derechos Humanos Edmundo Soria Vieta (ex preso político).
El 9 de diciembre del 2014, la jueza de familia de Eldorado, Margarita Potscka, dictó una disposición que ordena se retire del corte de ruta de tareferos y docentes de Montecarlo, a embarazadas, niños, niñas y adolescentes. La medida fue a pedido del defensor de Menores Carlos Hugo Elena y del actual ministro de Derechos Humanos Edmundo Soria Vieta (ex preso político).
La disposición, que no se efectivizó oficialmente, tuvo sus primeros antecedentes en la ciudad de Montecarlo y ordenaba la intervención de las fuerzas de seguridad (Policía y Gendarmería Nacional) para sacar a las embarazadas, niños y adolescentes de la protesta, los que debían ser llevados a la Comisaría de la Mujer, sin especificar cuándo ni cómo serían liberados, específicamente a tareferas (cosechadoras de la planta de la yerba mate).
Lo que se presenta como una medida de protección de los derechos de las mujeres, específicamente embarazadas, de niños y niñas esconde en realidad la existencia dentro del Poder Judicial de prácticas altamente discriminatorias que violentan la legislación vigente (no sólo en materia de derecho de las mujeres), que el Estado argentino y la provincia de Misiones están obligados a cumplir y hacer cumplir. Además condiciona y atenta contra la libertad de expresión y de peticionar a las autoridades por parte de las mujeres, estando en consonancia con la política de criminalización de la pobreza y las protestas sociales, política que busca avanzar en todo el país.
“En el contexto de pobreza extrema en que viven miles de familias, las que se ven obligadas a demandar asistencia al Estado, a través de modalidades diversas de protesta, medidas como esta, bajo el amparo de una pobre y errónea interpretación de la defensa de los intereses superiores de los niños que invoca la juez, colocan a las madres y a padres que insistimos, se ven obligados por las circunstancias a protestar y que lo hacen además como el ejercicio de un derecho constitucional fundamental que es el de reclamar derechos, a merced de un poder punitivo que los selecciona para revictimizarlos a través de esta perversa versión de criminalización y judicialización de sus vidas”, destacó la abogada de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Roxana Rivas.
En respuesta a la medida, el miércoles 1 de abril, unas 300 mujeres de organizaciones sociales (principalmente de la CCC) y agrupaciones de mujeres como el Colectivo de Acción contra las violencias de género, el Movimiento Cecilia Rodríguez, y el PTP, marchamos al Superior Tribunal de Justicia de Posadas para acompañar a la abogada Roxana Rivas en una presentación pidiendo “se lleve a cabo capacitaciones y se intervenga efectivamente a través de recomendaciones, sanciones o directivas concretas a los fines de que no se reiteren resoluciones de este tipo dentro de nuestros tribunales y se hagan recomendaciones concretas a los magistrados en caso de observarse decisiones viciadas de estereotipos de género u otro tipo de discriminación.”
Represión a tareferos
Las tareferas de Montecarlo no pudieron asistir a la actividad, como tenían previsto, ya que el día anterior se había producido una violenta represión de la policía provincial en la protesta que llevan adelante ya hace 30 días a la vera de la ruta 12, en reclamo de las asignaciones familiares por parte de la Anses.
La presentación, acompañada por miles de firmas que se recolectaron en toda la provincia, se enmarcó en la presencia combativa de las mujeres que con aplausos y cánticos hicieron notar su presencia en las escalinatas del Palacio de Justicia, cerrando la presentación con palabras de la abogada y de compañeras que reflejaron la solidaridad con las tareferas de Montecarlo y el compromiso de no dejar avanzar a la justicia en estas prácticas de criminalizar a las mujeres luchadoras.
(Ver corto: Las calles son nuestras en el canal de Youtube de La Rastrojera TV)
