Las terribles inundaciones que vuelven a afectar a varias provincias argentinas dejan en evidencia, una vez más, que al gobierno nacional, y los provinciales como el de Scioli, poco les importa nuestra gente y nuestro suelo. El viaje de Scioli a Italia –en medio de las inundaciones- es la mejor expresión de este desprecio. Varias denuncias dan cuenta de obras subejecutadas, de millonarios desvíos de fondos, o directamente del robo de fondos públicos destinados originalmente a obras hídricas no realizadas.
En nuestro país ningún gobernante puede decir que no conoce el tema de las inundaciones y cómo enfrentarlas. Hace más de 130 años, en 1887, Florentino Ameghino demostró que en la provincia de Buenos Aires, haciendo reservorios de agua en época de inundaciones a lo largo del curso de los ríos, se evitarían las inundaciones en épocas de lluvia, y se dispondría de agua para los tiempos de sequía.
Mientras la presidenta, como ante cada catástrofe hace como el avestruz, el resto de sus funcionarios y los gobernadores buscan echarle la culpa al “cambio climático”, a que “llovió en 2 días lo que llueve en 2 meses”, a “la corriente del Niño”, y un largo etcétera.
Un ejemplo de la corrupción imperante es que se hayan recaudado más de 10 mil millones para obras hídricas en la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de los cuales fueron destinados a financiar otras obras, como las represas en Santa Cruz en tierras de Lázaro Báez, y hasta para un stand en Tecnópolis.
La realidad es que las inundaciones son provocadas por una combinación de nefastas decisiones políticas y económicas por parte de los gobernantes, a las que hay que sumar la codicia de los grandes emprendimientos inmobiliarios, y de los grandes productores de soja.
Tanto el gobierno nacional, como los provinciales y municipales, vienen impulsando grandes negociados inmobiliarios como los barrios cerrados, muchos de los cuales han sido directamente construido arriba de humedales, como denuncia la geógrafa Patricia Pintos, integrante del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, para la cuenca baja del Río Luján, donde estos “countries” ocupan 9.200 hectáreas, con “terraplenamientos perimetrales que operan como tapones”.
Además, la política de acuerdos estratégicos con China aceleró la concentración de la tierra y la sojización de la producción agropecuaria. Los dueños de grandes extensiones de tierra, para evitar el anegamiento de sus campos, construyen canales “clandestinos” (donde todos los funcionarios miran para otro lado), y así aumentan el caudal de los ríos. Todo esto está avalado por una política de “regulación de suelos” en beneficio de las clases dominantes, que se agrava con el nuevo Código Civil, que reduce el “camino de sirga” adyacente a las vías navegables de 35 metros a 15, liberando para la especulación inmobiliaria y de los dueños de la tierra miles de hectáreas.
Este gobierno desprecia al pueblo
El desprecio hacia nuestro pueblo es evidente, porque no sólo no se hacen obras de infraestructura, sino que no hay la más mínima política de prevención ante la emergencia. Las partidas para “prevención de inundaciones” se ejecutaron sólo parcialmente.
El gobierno nacional, por boca del ministro de Economía, se limitó a anunciar un aumento en las jubilaciones y en las asignaciones y planes para los beneficiarios de las zonas afectadas. Desde Desarrollo Social, anunciaron un subsidio no reembolsable de entre 7.000 y 10.000 pesos por única vez “para las personas más humildes que perdieron todo”, como dijo el viceministro Eduardo Aparicio. Eso es lo que vale para el gobierno el esfuerzo de toda una vida de trabajo.
Eso sí, el mismo lunes 10 de agosto, el gobierno anunciaba, a través del Decreto 1.503 del pago de 3.538,39 millones de dólares “para cancelar compromisos con acreedores internacionales”.
Nuestro pueblo da el ejemplo
Las propuestas para evitar la repetición de estos desastres, no son ninguna novedad, y las organizaciones populares, ambientalistas así como distintos especialistas y científicos las vienen repitiendo desde hace años. Lo más elemental es un sistema de alerta coordinado entre nación, provincia y los municipios afectados, con un “plan de contingencia” ante la emergencia.
Para poder llevar adelante las obras de infraestructura necesaria, es necesario detener los proyectos de urbanizaciones en humedales y planicies de inundación de las cuencas de los ríos y eliminar los canales clandestinos.
Obviamente esto no se podrá hacer sin un cambio de gobierno y de políticas, que se anime, como propone el Frente Popular, a tocar las grandes rentas que se llevan los poderosos de nuestro país y los imperialistas. Sólo así se podrá conseguir el dinero y la decisión política para poner en práctica el plan de Ameghino, y otras medidas como: Reforestar con especies nativas las zonas impactadas. Evaluar y desarrollar reservorios temporales en las cuencas de los ríos. Hacer las obras hídricas reclamadas desde hace años. Llevar adelante un plan sistemático de limpieza de zanjas. Desarrollar un Sistema de Alerta temprana coordinado con las organizaciones populares, etc. Estas son algunas de las medidas que reclaman las organizaciones barriales, ambientales y sociales.
Una vez más, el pueblo argentino y sus organizaciones están dando un extraordinario ejemplo de solidaridad, que es groseramente utilizado por los gobiernos para tapar sus miserias y su indiferencia.
Junto con encabezar la solidaridad popular en cada barrio, lugar de trabajo o estudio, garantizando que lo recolectado llegue efectivamente a manos de los inundados, nos ponemos al frente de la denuncia de estas políticas criminales, y de sus responsables.
