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16 de septiembre de 2015

Anualmente son ingresadas a la prostitución, alrededor de 4 millones de mujeres y niñas en el mundo. En Argentina, cientos de ellas son secuestradas y desaparecidas por estas redes de proxenetas y muchas han sido asesinadas.

La trata de personas y la prostitución

El Estado es responsable

 En la trata y la prostitución se encuentran involucrados los poderes políticos del Estado. Además la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son dos caras de una misma violencia contra las mujeres. El 90% de los casos de trata son mujeres y niñas. Este negocio genera alrededor de 40 millones de dólares, es el tercer negocio más redituable del mundo, luego del tráfico de drogas y de armas.

 En la trata y la prostitución se encuentran involucrados los poderes políticos del Estado. Además la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son dos caras de una misma violencia contra las mujeres. El 90% de los casos de trata son mujeres y niñas. Este negocio genera alrededor de 40 millones de dólares, es el tercer negocio más redituable del mundo, luego del tráfico de drogas y de armas.
 
¿De qué hablamos cuando hablamos de trata?
En diciembre del año 2000 se firmó la “Convención contra el Crimen Transnacional organizado” y el llamado “Protocolo de Palermo”, cuyo artículo 3 define que por “Trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descripta en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas”, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a), y  d) por “niño” se entenderá a toda persona menor de 18 años. 
 
Breve historia de la trata en la Argentina
La trata de mujeres tiene una larga historia en la Argentina. Desde fines del siglo 19 con las grandes corrientes inmigratorias europeas, hizo eclosión “la trata de blancas”, como se llamaba entonces al comercio de mujeres con fines de prostitución. El negocio fue de tal magnitud que en Europa se veía a Buenos Aires como un puerto de mujeres desaparecidas y “vírgenes europeas secuestradas para vender su cuerpo y bailar el tango”. A partir de 1875, la prostitución fue legal en Buenos Aires. 
San Agustín creía que la eliminación de los burdeles daría lugar a la proliferación de la lujuria. En su criterio, era mejor tolerar la prostitución que enfrentar los peligros que podrían surgir con la eliminación de las prostitutas en la sociedad. Santo Tomás comparó la prostitución con una cloaca cuya supresión podía dar lugar a la contaminación del palacio, además su eliminación podía fomentar prácticas homosexuales. Como vemos estas opiniones no distan de las actuales, como ejemplo el intendente de Lonquimay en La Pampa, y Aníbal Fernández que dicen que ”es para la contención de los jóvenes”, y que es mejor que tenerlas afuera a la vista de todo el pueblo”.
Hace más de un siglo que se debate en el país la trata de mujeres con fines de prostitución. El cambio que hay es que cada vez diferentes organizaciones de mujeres nos sumamos para la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Hoy a un debate que subyace que es si hay que reglamentar la prostitución, hay varios proyectos presentados por el FPV, que van en ese camino, en Capital Federal y varias provincias.
 
Definiciones de reglamentación y abolicionismo
La reglamentación: Bajo este marco jurídico al Estado le correspondería censar y registrar a todas las prostituidas, darles carné identificatorio, controlar sus enfermedades de transmisión sexual, etc.
Al reglamentar la prostitución se esconde la figura de explotación sexual, sus víctimas serán ahora “trabajadoras”. Los explotadores (proxenetas y fiolos) serán ahora “empresarios”.
El sistema prostitucional está relacionado con la pornografía, el turismo sexual, las líneas eróticas, el ciber-sexo, los sex-shops, los anuncios y publicidades, los programas televisivos que exponen a las mujeres como mercancía. 
Ha aumentado la cantidad de prostíbulos. Se han diversificado otras formas de explotación sexual.
El abolicionismo pretende un mundo sin prostitución. Pero ello no puede ser el resultado de la represión, sino de sociedades y Estados capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignas, vivienda, salud y educación para todas las personas y particularmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad social.
Con esos objetivos, hoy ser abolicionista es luchar contra la represión de las mujeres y demás personas en situación de prostitución y contra toda forma de promoción o facilitación de la prostitución, de la trata y de explotación de la prostitución ajena, ya sea por parte de los estados, gobiernos, fiolos, proxenetas, organizaciones mafiosas, medios de prensa u otras formas de publicidad.
La trata de personas, desde esta perspectiva, es principalmente un medio para proveer de mujeres al “mercado” de la prostitución, que se constituye sobre la base de la demanda, la organización de las mafias y la complicidad del Estado.
 
La prostitución no es un trabajo
Nosotras decimos que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, una violación de los derechos de las humanas, porque:
Las mujeres no “se prostituyen”, son prostituidas por proxenetas protegidos por el Estado, compelidas por la necesidad económica, por presiones de todo tipo, por la violencia material y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales que consideran que las mujeres de todas las clases sociales somos objetos disponibles para satisfacer supuestas “necesidades” de los varones también de todas las clases.
La relación entre cliente y mujer prostituida no es una relación laboral entre empleador y empleada ni entra dentro del campo del derecho del trabajo. 
Considerarla trabajo legitima la violencia y las desigualdades sociales y sexuales entre varones y mujeres. Favorece la trata y la legalidad de proxenetas y rufianes, al convertir la explotación sexual en un negocio legal. Sirve también para crear la ficción de un descenso en la tasa de desempleo, útil para mejorar la imagen de la actual fase del capitalismo, que se caracteriza por el carácter estructural de la desocupación y la exclusión social.
Utilizan una falsa idea de elección y consentimiento que no reconoce los condicionamientos sociales e individuales y el complejo proceso que lleva a una mujer a ejercer la prostitución y las diversas formas, sutiles o brutales, de coerción, no siempre demostrables.
 
El Estado, responsable de la explotación
Millones de mujeres y niñas son prostituidas en el mundo, ingresan a la prostitución por necesidad económica, situaciones de abandono emocional o físico, de abuso y violencia, para ayudar a sus familias, mantener a sus hijos frente al abandono paterno.
Nunca se llega a los grandes responsables de la explotación sexual de las mujeres y niñas/os, a los jefes de las redes de prostitución, o a aquellos funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales, comisarios o jueces que participan del negocio. 
El Estado, los gobiernos, los poderes legislativos y la justicia son responsables por lo que no hacen. No persiguen a los explotadores, no respetan ni protegen los derechos humanos de las víctimas, no destinan leyes, programas y presupuesto a la creación de refugios, asistencia médica, jurídica y psicológica. No realizan campañas destinadas a desnaturalizar a la prostitución y mostrarla como lo que realmente es: explotación y violencia. 
Con la lucha del movimiento de mujeres se consiguió que en el año 2008 se sancionará la primera Ley de Trata 26364, modificada en el 2012, por lo que el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Aunque sea mayor de 18 años.
La presidenta CFK se demoró dos años para reglamentar esa ley que fue un reclamo que recorrió el país, y dejó sin reglamentar dos importantes artículos: el 7 y el 8 que evita el multicontrol con los otros poderes del Estado y la sociedad civil sobre los gastos en la asistencia a las víctimas y en la planificación de la lucha contra este flagelo.
El gobierno de CFK no destina presupuesto, para la asistencia de las víctimas, ni crea refugios para alojarlas; por lo que cuando son allanados los prostíbulos, muchas mujeres, que no tienen ninguna salida por parte del gobierno, vuelven a la prostitución.
Debemos exigir políticas al gobierno nacional que atiendan las necesidades de educación y trabajo para las mujeres, que les dé una salida a su situación de vulnerabilidad.