La agencia OPI Santa Cruz informa que el 22/10 los trabajadores de YCRT, apoyados por la Comisión Directiva de ATE, procedieron a desalojar del yacimiento al empresario Jorge “pato” Ivovich y a toda la maquinaria que tiene trabajando dentro del complejo, bienes que pertenecen a la empresa privada JISA SA, atendiendo que dicha empresa está con pedido de recesión de contrato, dentro de las condiciones que los trabajadores escribieron en un petitorio que entregaron hace varios días a la Intervención de YCRT y del cual no han tenido respuesta.
El 22 se vivieron horas de tensión en YCRT, donde los trabajadores se encuentran de paro desde hace más de 10 días. En el sector denominado Chiflón 7v de Mina, trabajadores del yacimiento e integrantes de la Comisión Directiva de ATE, se hicieron presentes con el fin de corroborar cuáles eran los trabajos que estaba realizando la empresa JISA SA, la cual figura enumerada en el petitorio elevado por los trabajadores a la Intervención, documento en el cual – entre otros puntos – exigen que se rescindan los contratos millonarios con el empresario Jorge “pato” Ivovich, sosteniendo que detrás de los mismos se produce un desvío de fondos y corrupción, en tanto en el sector Vial, se mantiene al personal ocioso, no se provee de insumos ni se arreglan las maquinarias que podrían hacer, por administración, el mismo trabajo.
En momento en que trabajadores y dirigentes de ATE se encontraban en el sector haciendo una evaluación de lo que habían ido a relevar, el empresario local Jorge “pato” Ivovich intentó ingresar al predio, lo cual le fue impedido por los propios trabajadores, argumentando que precisamente su nombre es el que se encuentra en el petitorio, donde se exige su salida como contratista privado de YCRT.
Para cubrirse legalmente, los trabajadores que se encuentran de paro y mantienen inactivo el yacimiento desde hace varios días, apoyados por dirigentes de ATE, pidieron la presencia del abogado de YCRT, Ramón Pavés, a través del cual se certificó que las maquinarias y herramientas que eran retiradas de allí, se encontraban en perfectas condiciones de funcionamiento, para evitar reclamos ulteriores.
Una de las fuentes consultadas por OPI, ante la pregunta si se había logrado bajar el contrato de Ivovich, al momento de decidir el retiro de las máquinas del predio de la empresa, se nos señaló “Eso es un problema de la Intervención. Nosotros le pedimos en un documento que no tuvieron la delicadeza de contestar, que no queremos más a Ivovich aquí adentro. Le dimos tiempo, nunca contestaron, ni tomaron ninguna medida al respecto y de aquí se va. No queremos más aquí a esta empresa que negocia con las cúpulas y le quita el trabajo a los compañeros” y concluyó “debido a que la empresa no toma medids, la tomamos nosotros”. Otra de las fuentes consultadas, indicó que lo sucedido ayer no implica que el contrato con YCRT se haya terminado “es una decisión de la Intervención, que tendrán que manejar los mismos que lo contrataron, pero aquí Ivovich no entra más”, le indicaron a OPI.
El conflicto en YCRT persiste y desde la conducción de la empresa no se ha generado ningún atisbo de solución a una situación que comenzó en el sector Vial del yacimiento y rápidamente se propagó por toda la empresa llegando a dejarla inactiva, en una medida considerada por los mismos trabajadores como “inédita”, en la nueva era de YCRT, es decir, durante el kirchnerismo.
Realidad y ficción
En poco más de 10 años, YCRT ha pasado de ser una empresa sostenida por el presupuesto nacional que insume una cantidad de fondos inadecuado para un país en crisis y está cuestionado el “costo-beneficio” del yacimiento. Las fuentes no dudan en calificar a YCRT como el “botín de guerra” del kirchnerismo, personalizado en Julio de Vido, Baratta, el Interventór Atanasio Pérez Ozuna, el diputado Edgardo Depetri y un valet de funcionarios y amigos políticos y empresarios que han hecho grandes negocios en la década ganada.
YCRT insume del Estado nacional, por año y sólo en sueldos, la suma de 3.200 millones de pesos, que está por fuera de la Comisión de Seguimiento de las Cuentas Públicas, que se ha encargado de blindar los datos referidos a estas “inversiones”. Se han comprobado sobrefacturaciones en las compras de maquinarias y frentes de explotación por cientos de millones de dólares y mantiene un “convenio” con la UTN, con intervención del Ministerio de Planificación, de entre 3 mil y 5 mil millones de pesos, a través del gobierno nacional que ha creado acuerdos de todo tipo, en una relación que se encuentra por fuera de todo control.
