Las retenciones son un impuesto que cobra el gobierno sobre lo que se exporta, en este caso los productos agropecuarios, a los que se les saca un porcentaje sobre el precio internacional. La aplicación de este impuesto hace que se reduzca el precio de esos productos, incidiendo sobre toda la producción, sea para la exportación o sea para el mercado interno. Pero como se trata de un impuesto directo sobre la producción –y no sobre la renta y las ganancias monopólicas (como serían un impuesto a la renta acorde al precio de la tierra y uno progresivo a las ganancias)– afecta en mayor medida a los arrendatarios y contratistas que tienen que tributar renta a los latifundistas e incluso a los propietarios que no tienen renta por producir en tierras menos productivas o tienen limitada su ganancia por producir con mayores costos. Y esto resulta en una mayor explotación de los trabajadores rurales.
La eliminación de las retenciones es una consigna justa porque su aplicación perjudica principalmente a los pequeños y medianos productores, más aun a los que siembran y cosechan en tierra de otros quedándoles solo un porcentaje del rinde, y al conjunto de los trabajadores rurales, cuyos salarios se ven así deprimidos. Por supuesto que esa es una consigna en la cual acuerdan los terratenientes y pools, pero no por eso los explotados y oprimidos del campo deben dejarla de lado, porque sobre sus espaldas es en definitiva donde se descarga el principal peso de las retenciones. En esta lucha, y mientras no se logre eliminar las retenciones (reemplazándolas por un impuesto directo a la renta potencial de la tierra y un impuesto progresivo a las ganancias), ha sido y es justa la lucha porque las retenciones sean segmentadas y coparticipables y para avanzar en la lucha por las demás cuestiones que hacen a las condiciones de producción y de vida de los chacareros, contratistas y obreros rurales.
En nombre de la redistribución de la renta, el gobierno kirchnerista castiga a los pequeños y medianos productores, a los asalariados del campo y a la producción misma que no puede realizarse en tierras con menores rendimientos o por quienes tienen mayores costos que los pools. Los chacareros y contratistas terminan así sometidos a las condiciones que imponen los grandes terratenientes y pools y qué decir del destino de la mayoría de los obreros rurales, que tienen también someterse a esas condiciones o emigrar a las villas de emergencia de los poblados.
En definitiva, las retenciones son un impuesto regresivo porque castiga a la producción. Además son un robo a las provincias porque no se coparticipan (sólo se logró que se devuelva una pequeña parte, tras la Rebelión Agraria de 2008), al tiempo que disminuye su coparticipación por la disminución de lo que se recauda como impuesto a las ganancias (que es coparticipable) y porque disminuye la capacidad de cobrar impuestos propios de las provincias, como Ingresos Brutos y el Inmobiliario Rural.
