El atraso en el pago de los sueldos de los estatales ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación económica de la provincia y de la Nación. Desde setiembre se comenzó a evidenciar la profundidad de la crisis, cuando el ejecutivo pagó los salarios en tandas según el monto. Similar situación se repitió con los salarios de octubre continuando con los pagos escalonados y seleccionando, además, a qué repartición liquidarles, y recientemente el gobierno de Pérez acaba de anunciar que los salarios de noviembre tampoco se pagarán en tiempo y forma.
No sólo los sueldos están afectados, hay proveedores del Estado a los que no les pagan desde hace meses: hospitales y centros de salud sin insumos y en rojo, reducción de partidas alimentarias para las escuelas y recientemente corte de servicios de transporte nocturno, etc.
El gobierno necesita $1.400 millones para pagar los salarios de todos los estatales y desde mitad de año busca continuamente nuevas formas de endeudamiento para cancelarlos, principalmente a través de adelantos y descubiertos del Banco Nación. Sin embargo, mientras solicita nuevos endeudamientos no logra cancelar los anteriores: “La especulación es que Pérez aún no cancela el descubierto que le otorgó (El Banco Nación) hace casi 30 días para pagar los salarios del mes pasado” (Los Andes, 27/11/15).
La situación es tan grave que se acumulan distintas deudas: las que tenían que cancelarse a fin de año con el Banco Nación (2.200 millones) que acaban de refinanciar con nuevos intereses, la deuda de proveedores, obras, con otros entes, deuda con AySam, y el déficit para pagar los salarios y aguinaldos próximos hasta fin de año. Es decir el endeudamiento que la Legislatura aprobó por 6 mil millones pero que todavía no cuenta con fondos.
Esta crisis no se produce por azar, es el resultado de las políticas de seguidismo al gobierno nacional que han favorecido la concentración y extranjerización de la economía en perjuicio de la industria nacional y las economías regionales, de la pequeña producción agropecuaria y del pueblo en general, con las consecuencias sociales de aumento de la pobreza y la falta de trabajo.
Cristina/Pérez-Macri/Cornejo: distintas caras de un ajuste
Tanto Cristina como Macri, Pérez como Cornejo coinciden de fondo en las viejas políticas neoliberales, sólo difieren a qué monopolio beneficiar y a través de qué mecanismos ajustar (inflación o devaluación, ajuste gradual o repentino). Así, mientras Pérez continua mendigando plata en el Banco Nación, Cornejo busca dinero en la banca internacional. Ninguno cuestiona el origen de la deuda, y sobre todo ninguno plantea hacerles pagar a los verdaderos responsables de la crisis, es decir a los que se llenaron los bolsillos con este modelo.
Han tenido el descaro de decir que el origen de la crisis han sido las últimas paritarias cuando el sueldo promedio de los estatales llega a la mitad de la canasta familiar, no han cuestionado las superganancias de los monopolios, ni los millones que se gastaron en el ciclo especulativo de las elecciones este año, por poner sólo algunos ejemplos. Por el contrario vuelven a plantear las recetas de ajuste haciéndole pagar al pueblo la crisis producida por los de arriba. Ya han anunciado topes salariales, tarifazos y posiblemente una nueva devaluación que licúe aún más los pobres salarios. La declaración de Emergencia que Cornejo busca aprobar, se ubica en este contexto y le otorgaría superpoderes para ajustar.
Que el pueblo no sea variable de ajuste
Desde el PTP en el Frente Popular planteamos las siguientes medidas para enfrentar esta situación sin ajustar al pueblo:
1) Impuestos progresivos a las grandes fortunas: La producción total de Mendoza es de aproximadamente 120.000 millones de pesos (datos DEIE). Las 100 empresas más importantes de Mendoza concentran la mitad de lo que se produce en la provincia (cerca de 60 mil millones de pesos). Sin embargo mientras paga impuesto a las ganancias un trabajador petrolero, minero o bancario, no lo hacen las grandes petroleras, mineras o bancos y el impuesto de mayor recaudación continúa siendo el IVA. Por eso proponemos un impuesto especial del 3% a la facturación de los grandes monopolios, que podría recaudar en forma inmediata cerca de 2 mil millones de pesos. A modo de ejemplo, sólo los supermercados han facturado más de 20 mil millones de pesos el año pasado en la provincia. “Mientras que la remarcación de precios (de los supermercados) en Estados Unidos y Europa promedia el 9%, en los hipermercados nacionales llega hasta el 240,44%” (MDZ, 17/07/15).
2) Recuperar el porcentaje de Coparticipación que la provincia perdió en los 90: Hoy las provincias reciben el 30% de los impuestos nacionales coparticipables, es decir de cada 4 pesos que generamos sólo retorna 1 peso. El presupuesto provincial es de $37 mil millones y la Coparticipación (ingresos que provienen de impuestos como el IVA, Ganancias, etc.) es de $10 millones. Si se retornara a la anterior modalidad (Ley 23.548) con un 58% para las provincias y el restante para la Nación, la provincia podría aumentar un 25% el presupuesto es decir cerca de 10 mil millones de pesos, duplicando en los hechos la Coparticipación actual.
3) Aumentar las regalías petrolíferas: La falsa nacionalización de YPF (sólo el 51% de las acciones y sin control total de la producción y comercialización), sin penalizar a los vaciadores, no sólo ha permitido el continuo aumento de los combustibles sino la reducción en los hechos de las regalías que la provincia recibe. Mientras el Estado de Bolivia tiene regalías del 50% más impuestos, la provincia de Mendoza recibe menores al 12%. Sin contar la facturación de Destilería y la comercialización de los combustibles, la producción hidrocarburífera de Mendoza alcanzó el año pasado los 15 mil millones de pesos y 2 mil millones en concepto de regalías. Si en camino de su verdadera nacionalización, se aumentara a un 25% en concepto de regalías se podría duplicar el anterior monto.
4) Suspender e investigar la deuda pública provincial: Deuda principalmente adquirida por monopolios y grupos económicos cercanos a los gobiernos de turno, que no sólo vaciaron las empresas y entidades del estado provincial, sino que hicieron pagar al conjunto de los mendocinos sus deudas. La deuda provincial supera los 7 mil millones (mitad en pesos, mitad en dólares) y tiene compromisos superiores al 7% de su presupuesto (este año 2.400 millones entre intereses y amortización de deuda) a pagar hasta el 2031, incrementándose esta cifra por la devaluación.
Unidad y lucha contra el ajuste
Con estas 4 medidas se podría generar un fondo superior a los 15 mil millones de pesos y se podría, por ejemplo, aumentar en un 50% los presupuestos de salud y educación y construir 20 mil casas populares a 500 mil pesos cada una, para afrontar el problema de vivienda y trabajo.
La única garantía para enfrentar el próximo ajuste no se encuentra en los candidatos del sistema, sino en la organización y la lucha del pueblo, en las asambleas por cada lugar de trabajo que impulsen la unidad de todos los estatales en un paro provincial que plantee medidas de emergencia para resolver los graves problemas de trabajo, educación y salud.
PTP –Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente Popular
