Además del grave precedente que significa cambiar por decreto una Ley aprobada por el Congreso y declarada constitucional, luego de muchos debates por la Corte Suprema, el contenido del mismo resulta aún de mayor gravedad para los que venimos luchando por una verdadera democratización popular de los medios audiovisuales. En efecto, según lo anunció el jefe de Gabinete Marcos Peña, se dejarían las comunicaciones totalmente libradas a las leyes de un mercado unificado donde confluirían las empresas telefónicas y las de TV por cable, compitiendo con la telefonía móvil y el acceso a Internet. O sea, la libertad de avanzar sin ninguna traba legal en una mayor monopolización de los medios de difusión y de las comunicaciones.
El gobierno de Cristina Kirchner, defraudando a todos los que saludaron la Ley de Medios porque- a pesar de sus insuficiencias- recogía reivindicaciones por las que se había venido luchando durante varias décadas, usó la ley casi exclusivamente para competir con el monopolio de Clarín y avanzar en la construcción de otro poderoso monopolio de medios propios con testaferros y amigos.
Esto fue denunciado por nosotros y por los distintos sectores de medios populares, comunitarios y alternativos. También exigimos repetidamente al Afsca, dirigido por Sabatella, que aplicara los articulados de la ley que favorecían a la democratización del espacio audiovisual; por ejemplo, los que señalaban que un 33% del mismo debía ser para medios populares y comunitarios; y criticamos, entre otras cuestiones, el uso discrecional del presupuesto en favor de los grupos kirchneristas.
El decreto de Macri
Ahora el gobierno de Macri propone, por decreto, modificaciones que significarían un claro retroceso en relación a la letra de la Ley y un piedra libre para que los grandes monopolios que disputan por el control de los medios (y por ende de la opinión pública), acrecienten su inmenso poder.
Esto surge claramente de los aspectos del DNU que adelanta el diario La Nación en su edición del 31-12-2015. Por ejemplo, señala que: “En la ley de medios cambia el artículo 41 que prohibía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permitirá; y facilitará la integración de cadenas privadas de radio y televisión, lo que hasta ahora estaba muy restringido. Pero el cambio más profundo es sobre el artículo 45, el corazón de la ley audiovisual y el que más afectaba a los principales grupos de medios del país. Cuando entre en vigor el DNU, ya no habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable (hasta ahora era de 24) que, además, pasarán a regirse por la ley de telecomunicaciones. Se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta. Además, los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual. Y finalmente, las empresas de telefonía fija y móvil podrán ingresar en la TV paga, pero recién después de dos años contados a partir del 1° de enero próximo”.
Asimismo, la nueva normativa fijada por el DNU elimina las restricciones e impedimentos a los que había que ajustarse para adecuarse a la ley de medios, lo que beneficiará no solo al Grupo Clarín sino a otros afines al kirchnerismo como Vila-Manzano, Cristóbal López y otros. De este modo -según señala con cierta ironía el diario La Nación- “varias empresas de medios que habían recurrido a estrategias de dudosa legalidad para ajustarse a la norma podrán volver atrás”.
Además, al final de su exposición, Marcos Peña anunció que se permitirá, a partir de un período de transición de dos años (con una prórroga eventual de un año más), para que las telefónicas puedan dar servicios de televisión por cable, lo que implicará el ingreso de grandes empresas como Telefónica al mercado del cable y la posibilidad de otorgar el famoso “triple play”, que incluye Internet, telefonía y televisión. Es bueno recordar que ésta fue una cláusula contenida en el proyecto original que el kirchnerismo mandó al Congreso y que debió suprimirla por la fuerte oposición de las organizaciones de medios comunitarios y populares y de varios parlamentarios. Más tarde Cristina Kirchner hizo aprobar la Ley de Telecomunicaciones que dejaba abierta esa posibilidad.
Si bien habrá que hacer un análisis más pormenorizado y profundo una vez que las normas sean publicadas en el Boletín Oficial y se conozcan los detalles, es necesario desde ahora reagrupar a todos los sectores que hemos venido peleando durante años por la democratización y la pluralidad de voces, para impedir que el gobierno de Macri avance sobre lo que logramos conquistar en décadas de luchas. En el camino de hacer realidad que los medios masivos de comunicación estén al servicio de los intereses populares y nacionales, lo que sólo será posible con la revolución de liberación nacional y social.
