En los últimos años los gobiernos fueron peronistas, y los radicales acompañaron o apoyaron en general todo lo actuado. El radicalismo tampoco propuso programa alguno para modificar la realidad y fue parte activa en la grave situación social en la que estamos. Ambos son los responsables de que no se haya modificado la estructura económica de nuestra provincia, para poder evitar los altos niveles de desocupación y marginalidad social, que hunde al 52% de la población en la pobreza. La provincia de Jujuy muestra claramente una política dirigida al mantenimiento del monocultivo, como la caña de azúcar y el tabaco, sin empujar la diversificación de la producción, tanto en materia de uso pleno de recursos naturales como de industrialización con pequeñas y medianas empresas. La minería pasó a manos extranjeras y las nuevas mineras, las que extraen litio también son extranjeras, ocupan poca mano de obra, siguen saqueando y contaminan.
La estructura económica de Jujuy fue degradada en las últimas tres décadas. Si con el primer gobierno peronista de 1983 el aporte de la provincia al PBI nacional era del 1,3%, hoy es del 0,6%; la producción económica se redujo a la mitad. Hay seis empresas que facturan el 82% de la producción industrial, y transfieren las utilidades a Buenos Aires o a Suiza. Enfrente hay 850 pymes que facturan el 18%. En cuanto a la propiedad de la tierra, reina el latifundio: cinco grandes terratenientes son dueños del 50% de la tierra apta.
Con el anterior gobierno de los Kirchner y en la provincia con Fellner-Barrionuevo-Jenefes, esto no cambió, y se profundizó el sometimiento de la provincia al poder central. En el presupuesto provincial, el 92% de los ingresos proviene de la coparticipación federal que les envía la Nación (para gastos de la administración pública) y el 8% de recaudación fiscal propia.
Tanto el gobierno K de Fellner como el de Gerardo Morales son gobiernos de burguesía intermediaria que, lejos de cambiar la matriz dependiente, latifundista y de la extranjerización minera de Jujuy, la profundizan. El kirchnerismo y Fellner desarrollaron en todos estos años una política de precarización que abarcó desde la utilización de desocupados con planes sociales en reemplazo de trabajadores estatales, hasta múltiples formas de contratos precarios, tercerizados, monotributistas, etc. Jujuy cuenta hoy con 80 mil empleados públicos, 55 mil empleados en la actividad privada y hay 110 mil planes sociales.
Primeras medidas del nuevo gobierno
En sus primeros actos de gobierno, Morales recibió al embajador de Corea, empresarios de la metalúrgica Posco que opera el litio en Minera Exar. Y hablaron de la potencialidad de la minería jujeña para las inversiones de esas empresas extranjeras. También recibió al embajador de China con empresarios de Hongta Grup SA que ya opera en la fábrica de cigarrillos CJ, con petroleras y empresas que quieren ampliar sus negocios en la minería.
Luego envió para su sanción en la Legislatura la ley impositiva que regirá durante el año 2016. Allí incrementó en un 25% el impuesto inmobiliario que afecta a toda la población. No diferenció las grandes y lujosas mansiones y no les modifica la alícuota a los grandes terratenientes, tampoco dice nada de afectar las tierras improductivas de esos sectores. Sólo incrementó un poco los ingresos brutos en el juego para sostener el BEGU (boleto estudiantil). Tampoco modificó el impuesto a las mineras.
El nuevo gobernador dijo que iba a combatir la pobreza creando puestos de trabajo. Lo que está haciendo, utilizando el argumento de los ñoquis K que ganan $50.000 o más, es despedir a municipales y estatales que en muchos casos ganan $1.500. A esos despidos se han sumado gobiernos municipales que están en rojo, provocando que cientos de familias sean empujadas a la pobreza y el hambre.
Llamó a inscribirse nuevamente a todas las cooperativas que existen en la provincia, para bancarizarlas y que los cooperativistas cobren directamente en una cuenta del banco. Pidió que los que estaban recibiendo bolsones se reinscribieran en los municipios del interior o en el ministerio correspondiente, en el caso de San Salvador.
Estas medidas son las que el kirchnerismo ya aplicaba a las organizaciones sociales que, como nosotros, éramos opositores. Las organizaciones sociales que respondían a la política nacional tenían un trato diferenciado.
Esto generó, por un lado el acampe en plaza Belgrano de la red de organizaciones que lidera Milagro Sala, defensora de la política K durante estos años, y que nosotros movilizáramos a los municipios para acelerar las entregas de bolsones, el bono navideño y que nos respetaran los acuerdos de obras y distintos planes laborales precarizados que le habíamos arrancado al kirchnerismo, con luchas, muchas de ellas reprimidas, con procesados y con muertos como fue la toma de tierra en Libertador.
Los gremios estatales, entre ellos la Intersindical, lograron un bono de compensación, por la caída del salario por la devaluación, de $4.000 en tres cuotas, suma insuficiente para cubrir la inflación. Y se preparan para la discusión de paritarias que se presenta muy dura.
Situación nueva y difícil
Con la asunción del gobierno de G. Morales se abrió una situación nueva y difícil. Ganó con el 58% de votos con una alianza de varios partidos, entre ellos muchos peronistas. Tiene mayoría propia en la Legislatura y en el Superior Tribunal de Justicia con el nombramiento de cuatro jueces más. A diferencia del kirchnerismo, carece por ahora de organizaciones sociales y sindicatos adictos. Por lo tanto, para ir armando su fuerza propia, se da una política de captación y armado propio de organizaciones sociales, para lo cual tiene que fracturar, o liquidar a las que no se le subordinen, o estén subordinadas a otro sector del bloque que expresa el kirchnerismo, tomando el ejemplo de lo que ejecutó Néstor y luego Cristina estos 12 años.
Desde el comienzo del gobierno de Kirchner y luego con CFK se acentuó el trabajo para la construcción de una fuerza propia con La Cámpora, Kolina, el Frente Transversal, el Movimiento Evita, el de D’Elia, el de Milagro Sala, entre otras organizaciones. En nuestra provincia esa tarea le fue encomendada por el kirchnerismo a Milagro Sala con la Tupac Amaru; armó la Red de Organizaciones Sociales y con la ayuda del gobierno nacional, con planes, cooperativas, obras, aprietes y dinero fue comprando a distintos dirigentes que hoy integran la “Red”, algunos de ellos estaban en la CCC.
Entramos en un momento muy conflictivo. Gerardo Morales en la campaña electoral introdujo la idea que “si en Jujuy se acaban los vagos que viven de los subsidios del Estado, las cosas van a mejorar”, impulsando el miedo y el racismo de los sectores de capas media. Tenemos que estar preparados para que no nos dividan y para luchar, porque si no estamos preparados nos van a pasar por arriba. Se profundiza el ajuste y la entrega, y ante la resistencia del pueblo, al igual que el kirchnerismo, se prepara para la represión.
Tomando el ejemplo del gobierno de CFK, que hizo aprobar la ley fascista “antiterrorista” en la que cualquier luchador popular puede ser acusado y condenado por “terrorista”, y la idea de Macri de implementar un Protocolo para la protesta social, a los pocos días el gobernador Morales sancionó el Decreto Nº 288 que reglamenta la aplicación del nuevo Código Contravencional aprobado por Ley 5.860 sancionada el 11 de diciembre del 2014, durante el gobierno K de Fellner y también votado por la UCR. Según ese código, se penarán cortes de rutas, acampes, ocupaciones de tierra, etc. Más aún, reequipó a la policía, recibió gen- darmes en apoyo y contrató a una empresa china para las instalaciones de cámaras en toda la ciudad. Ahora no sólo la policía patrulla las calles de San Salvador, también participa gendarmería.
Llegar con el debate político a las masas
En el Partido de Jujuy tenemos que discutir en profundidad el último Informe del CC, ya que como dijo “entramos en un momento muy conflictivo”, y en una situación nueva en la provincia, con grandes cambios en el aparato del Estado, donde un nuevo gobierno disputa con fuerzas kirchneristas para imponer su autoridad.
Como planteamos en nuestro programa durante la campaña electoral, hay una salida popular frente al ajuste y la entrega. Es el debate político con el cual tenemos que llegar a las masas. Para esto tenemos que ampliar el PCR y obtener la personería del PTP (en la que estamos atrasados), esto es lo que nos va a permitir fortalecer y ampliar a otros sectores el Frente Popular.
Con los cambios políticos en Jujuy hay muchos debates y diferentes opiniones en las masas obreras y populares. Partiendo de los debates que hay a raíz de las diferentes situaciones que vive cada sector, tenemos que escuchar mucho, escuchar para meternos y profundizar ese debate. Tenemos que hacerlo con un trabajo amplio, a fondo y con ofensiva para que llegue al conjunto de nuestras organizaciones sociales y sindicales. A partir de fortalecer la fuerza propia, podemos llegar a las masas populares, incluso a los que apoyaron al gobierno kirchnerista, gobierno que impulsó estas políticas de entrega, de destrucción de lo nacional y popular, que permitieron el crecimiento de monopolios y terratenientes.
También tenemos en cuenta que hubo dirigentes de organizaciones y sindicatos que le dieron la espalda a partidos, sindicatos y organizaciones sociales que el gobierno K no logró cooptar, y que fueron parte activa para dividirlas. Debatiremos la política que implementaron las clases dominantes y el kirchnerismo a partir del Argentinazo y “el que se vayan todos”, para recuperar la institucionalidad del sistema y avanzaron en la reconstrucción de la gobernabilidad. Sin embargo no pudieron sacar al pueblo de las calles. Ahora vuelven a intentarlo.
