Entendemos que cualquier “protocolo” sobre protestas sociales, en realidad lo que spretende es limitar, restringir y dificultar la posibilidad de protestar.
Entendemos que cualquier “protocolo” sobre protestas sociales, en realidad lo que spretende es limitar, restringir y dificultar la posibilidad de protestar.
Por eso preocupa y repudiamos que en lugar de sacar una ley, decreto o protocolo, para evitar que la devaluación y la inflación impacten de lleno en el salario, y en evitar los cierres de fábricas y despidos masivos, la primera medida del gobierno de Macri está dirigida a los trabajadores y a los sectores más vulnerables; para evitar o limitar que protesten.
Por eso nos preguntamos: ¿Es un aviso de que van a tomar medidas, que van a perjudicar, o que no van a resolver los problemas?
Durante la primera semana de gobierno, a las cerealeras, pooles de soja, terratenientes e industriales, les quitaron las retenciones. A los trabajadores, jubilados y desocupados, como primera medida, les quitaron el derecho a protestar.
Necesitamos que el Estado se ponga a defender el ingreso, el trabajo, los derechos de los trabajadores y los sectores más vulnerables. No a pensar cómo hacer para que no joroben. Quienes se ven obligados a cortar la calle, o a salir a la ruta, son los sectores más postergados de la sociedad. Los que siempre pagan los costos de las políticas antipopulares, los que pagan todos los ajustes. Cuando los desocupados, cooperativistas, originarios y trabajadores se ven obligados a cortar la calle es porque ha pasado un largo tiempo sin que el Estado les brinde ninguna solución. Jamás el corte o la protesta social es la primera medida de protesta. Es el último recurso que les queda luego de ser largamente desatendidos. Por eso que no se puede tolerar que se limite el derecho a protestar mediante un protocolo.
Los que se ven obligados a cortar la calle no tienen jueces, estudios de abogados, mayorías en el Congreso ni medios de comunicación masivos que hagan lobby por ellos. Por eso recurren a lo único que tienen a su alcance: la solidaridad y la fuerza de unirse en reclamar por sus derechos.
A lo largo de las últimas décadas, distintos sectores de trabajadores, desocupados, pueblos originarios, estudiantes, capas medias, etc. han aprendido que el corte o la protesta es la manera por excelencia para lograr que el Estado se ocupe en solucionar sus problemas.
En Argentina, la manifestación popular forma parte del acervo democrático y cultural. Han existido marchas de simpatizantes del gobierno de turno expresando su apoyo, marchas en repudio a presidentes de otros países que venían a alguna cumbre, marchas de docentes, de estudiantes, de trabajadores del Estado y privados, jubilados, originarios, de capas medias afectadas por falta de luz y agua, etc. Imagínense lo justo y legítimo de las manifestaciones de quienes se enfrentan a perder el trabajo, a no llegar a fin de mes y poder poner un plato de comida en la mesa de su familia.
Hay cientos de ejemplos de conflictos que solo se destrabaron luego de que medidas de fuerza o cortes de calle llevaron a los funcionarios públicos a trabajar para solucionarlos. Así como cientos de ejemplos de que ante situaciones similares, los que quedaron esperando nunca consiguieron una respuesta favorable.
Es falso que se discute el derecho a manifestarse contra el derecho a circular. O el derecho a protestar contra los derechos de los demás: el derecho a manifestarse, además de ser un derecho en sí mismo, también es el vehículo para la defensa de otros derechos fundamentales, como el derecho a vivir dignamente, a la salud, al trabajo, a la tierra, etc.
Los pobres, los trabajadores, etc., no suelen cortar la calle “en defensa de la libertad de expresión o de manifestarse”, lo hacen para no perder el trabajo, para que su ingreso no pierda valor, para que sus hijos puedan alimentarse, para poder educarlos o vestirlos. Para que tengan un techo, etc. Es el derecho a manifestarse en defensa de derechos fundamentales.
Contrariamente al discurso que se intenta imponer, la protesta social enriquece la democracia. En cambio, imponer la visión de que democracia es votar una vez cada cuatro años y delegar todos los derechos a los gobernantes, darles un cheque en blanco para hacer lo que quieren, la debilita seriamente. La democracia es algo vivo, pertenece a todos los sectores de la sociedad.
El orden, por sí mismo, no es un gran valor democrático. Se trata de tener un orden justo. La calma, en un contexto de injusticia, en una situación de violación sistemática de derechos, es inaceptable.
Ante una situación de ajuste sobre los trabajadores, de familias que se quedan sin trabajo, que no pueden llegar a fin de mes, el orden público, la “paz social”, es una situación de injusticia que no podemos ni vamos a aceptar.
