Con el pomposo nombre de “Ley de normalización de la deuda pública y acceso al crédito público”, el gobierno macrista presentó al Parlamento un proyecto que engloba la derogación de la “ley cerrojo” y la “ley de pago soberano”, la autorización de pago a los holdouts y la emisión de nueva deuda. El texto propone además delegar en la cartera del ministro de Economía Prat Gay la facultad para recontratar a un agente del sector privado para volver a pagarles la deuda a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. En el mejor estilo kirchnerista, el oficialismo estará abierto a explicar el proyecto en detalle, aunque no accederá a hacer modificaciones.
Esto se plantea así pues, tras las apresuradas negociaciones en Nueva York, el juez Thomas Griesa indicó estar dispuesto a levantar las medidas cautelares que le impedían a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010 –y que forzaron la negociación con los holdouts, luego de llevar al país al “default técnico”–, si se cumplen ciertas condiciones (“Griesa accede, pero aprieta”, hoy, número 1606). De acuerdo a la propuesta negociada por el gobierno de Macri, a la que accedió el juez, el Congreso argentino debe en primer lugar derogar la ley cerrojo y la ley de pago soberano, y luego debe cancelar todos los acuerdos firmados con los holdouts hasta el 29 de febrero, incluidos los 4.653 millones de dólares para los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant.
El acuerdo tiene una fecha de vencimiento: antes del 14 de abril al mediodía, hora de Nueva York. Así lo aclaró el mediador designado por el juez Griesa, Dante Pollack, quien dijo que el pago será “al contado, con billetes verdes, dólares estadounidenses”, aunque aclaró que “puede haber una extensión si las partes lo acuerdan”.
El mediador resaltó que el principio de acuerdo firmado “es un primer paso” y que el Congreso debe levantar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano para que luego Griesa analice si levanta la medida que bloquea el pago a los bonistas reestructurados. La llamada Ley Cerrojo (N° 26.017) fue sancionada en 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, prohibiendo abrir el Megacanje de ese año; esta ley fue suspendida ya en 2009, para la extensión del canje por Cristina Fernández. La llamada Ley de Pago Soberano es la que declaró de interés público la reestructuración de deuda del Megacanje 2005-2010, reemplazando al Bank of New York Mellon (BoNY) por el Banco Nación Argentina (BNA) como agente de pago a los bonistas. Esta ley nunca se aplicó pues significaba el desacato del gobierno de Cristina Fernández al fallo del juez Griesa. La derogación de esta ley implica además la eliminación de la Comisión Bicameral del Congreso para la investigación del origen de la deuda externa, una comisión que fue una concesión a la izquierda para lograr la ley, pero que el kirchnerismo cuidó que no investigara nada y que –presidida por el diputado Calcagno– nunca elaboró siquiera un primer informe de avance.
En cuanto a la autorización requerida al Congreso para la emisión de nueva deuda, el proyecto no precisa cuál será el monto. Sólo dice, en el artículo 6°, que se autoriza al Ministerio de Hacienda a “la emisión de bonos del Tesoro de la Nación y/o la contratación de otras operaciones de empréstito público por hasta un valor nominal original de dólares estadounidenses que sea necesario para cumplir con los pagos requeridos bajo la presente ley”.
En su presentación ante Diputados, el ministro Prat Gay dijo que el gobierno licitará bonos por hasta US$11.684 millones si consigue extender el reciente acuerdo a todos los bonistas con deuda impaga. “Esto es lo que necesitamos emitir para cerrar definitivamente este problema”, afirmó. A lo que agregó el secretario de Finanzas, Luis Caputo que, si el Congreso aprueba la propuesta de pago a los fondos buitre, el Gobierno licitará en abril una serie de bonos bajo ley de Nueva York a una tasa de alrededor del 7,5 por ciento. Prat-Gay también abrió el paraguas sobre futuras emisiones para cubrir necesidades fiscales. Aclaró que la semana pasada “dimos el número de US$15.000 millones para ser prudentes porque habrá más necesidad de financiamiento”.
El ministro sostuvo que la estrategia argentina fue negociar la acumulación de intereses punitorios y remarcó que se logró una quita del 50% en este ítem. El jefe del Palacio de Hacienda explicó que se debía “respetar el capital original porque si no, no había salida” y aclaró que el pago “será en efectivo y para eso se colocará un bono a valor de mercado” y que “no se hará con reservas del Banco Central”. Pero lo que no aclaró es que, siendo dicho pago una de las condiciones para el levantamiento de la cautelar, la colocación de bonos se deberá realizar bajo la existencia de la misma, es decir con la tasa de interés usuraria que hoy rige para los bonos argentinos en un “mundo financiero” temblequeante.
Prat-Gay dedicó gran parte de su exposición a resaltar los supuestos beneficios de estos preacuerdos para que Argentina salga del default y tome deuda en el mercado internacional. “Necesitamos ir extendiendo a lo largo del tiempo el crédito para corregir problemas fiscales. Las tasas de interés no pueden compararse con los beneficios que traerán a las provincias las obras que se van a realizar”, afirmó tirando un “anzuelo” a los diputados y senadores “opositores”.
El funcionario presionó a dicha oposición con el argumento de que solo apostando a los capitales externos la Argentina volverá a crecer y defendió su tesis de que el endeudamiento es la única manera de aplicar un ajuste “gradualista”. Ya lo había dicho antes: “Sin crédito la única salida sería un ajuste salvaje del gasto, que no es la propuesta de este gobierno”. Es decir que, para el gobierno de Macri, o se aprueba el arreglo preacordado con los buitres o no queda otra que “un ajuste salvaje”. La nueva consigna sería entonces: “Entrega o ajuste salvaje”, de lo que según Prat Gay no habría que escandalizarse después de los escandalosos arreglos que hizo Axel Kicillof con el Club de París o la petrolera Repsol, parte de la herencia kirchnerista que critica pero que de hecho acepta. Pues esa es la condición para seguir endeudando al país a tasas usurarias en favor de sus mandantes financieros imperialistas, los mismos a los que antes había recurrido Kicillof, como recordó también Prat Gay en su afán de decir que lo que él hacía no era peor de lo que había hecho el ministro de Cristina Fernández.
