Muchas mujeres condenaban o no entendían que una mujer se pudiera hacer un aborto hasta que ellas estuvieron en esa situación. Es por ello que estar a favor o en contra del aborto puede considerarse un falso dilema, ya que el aborto nunca es el resultado de un deseo, el aborto debería ser siempre prevenido y evitado. ¿Dónde está el dilema entonces? El verdadero dilema es condenar o no a las mujeres que abortan, y es sobre este punto que giran las distintas posiciones legales, morales y religiosas.
¿Es justo condenar a las mujeres que abortan? La mayor parte de las veces son víctimas de circunstancias sociales, familiares, ideológicas, que ellas no inventan ni crean, simplemente no tienen capacidad de controlar los factores que las llevaron a embarazarse sin desearlo.
¿Por qué las mujeres se embarazan cuando no desean tener un hijo?, ¿por qué el embarazo puede ser tan indeseado que una mujer llega a optar por el riesgo que representa provocarse un aborto en la clandestinidad?
La primera razón es que muchas mujeres tienen relaciones contra su voluntad, pero no tienen poder para oponerse, o aún deseándolas no tienen garantías de no exponerse a un embarazo.
No todos los varones están dispuestos a usar preservativo, no todas las mujeres tienen la información y el control médico que implica el uso de anticonceptivos (píldoras, inyectables, DIU, diafragmas, etc.). No todos los métodos son 100% eficaces.
Condenar a las mujeres es injusto porque las que pagan las consecuencias más graves son ellas mismas. Las mujeres pobres tienen un índice mayor de embarazos, mientras aquellas que tienen dinero y un embarazo no deseado recurren más frecuentemente a abortos que las anteriores y sus abortos son de menor riesgo. Por lo tanto, las que más mueren por abortos no son las que hacen más abortos, sino las que no pueden pagarse abortos seguros.
La realidad nos dice que el hecho de que el aborto sea “ilegal” no es un mecanismo que reduzca las tasas de aborto por temor a la ley. Para las católicas la condena es aún mayor: asesinar al Papa y abortar son las dos causales de excomunión automática, para la iglesia Católica el castigo por aborto hoy debe ser superior que el de homicidio. Pero a todas estas restricciones la necesidad de las mujeres se impone.
El Estado no está
ausente, está presente
de la peor manera
El sistema educativo y de salud debería velar por la calidad de vida de todos sus ciudadanos y ciudadanas, pero como en una sociedad dividida en clases es imposible que se practique la “igualdad entre la ciudadanía” aunque este sistema la declame, la educación sexual sigue demorada pese a la ley y a la anticoncepción no todas las mujeres acceden, pese a los programas de salud sexual y procreación responsables.
¿Qué hace el Estado para garantizar la educación sexual en las escuelas? Reparte folletería de costoso diseño, pero no invierte presupuesto para una formación docente que con criterios científicos aborde la problemática, ni habilita horas cátedra en las escuelas secundarias para impartir de manera sistemática esa educación. Pero se constata que maestros y profesores son perseguidos y amenazados de muerte, como en un colegio de Junín, provincia de Buenos Aires, por “dar clases de educación sexual” (Clarín 22-9-07).
¿Qué hace el Estado nacional para garantizar el acceso a la anticoncepción a todos los varones y mujeres? Sigue haciendo negocios con laboratorios como Schëring, desmantela -para reducir presupuesto- los equipos de capacitación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y no cumple con la campaña de difusión a que lo obliga la ley.
El Estado y su justicia
no cumplen la ley
Pese a no ser necesario un permiso judicial, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos autorizó finalmente lo que la ley (art. 86 del Código Penal) ya permitía, la práctica del aborto a la joven discapacitada mental que fue violada en Paraná, pero las autoridades del Hospital Materno Infantil San Roque se negaron el día viernes 22 a interrumpir el embarazo. Fue la segunda negativa en menos de un mes, ya que esta es la quinta semana que el caso está dando vueltas en la Justicia entrerriana, luego de que una defensora oficial en representación del feto interpusiera una medida de no innovar para frenar la interrupción del embarazo del día 27 de agosto. Y la jueza de Menores y Familia de Paraná, Claudia Salomón, hiciera lugar al planteo. El Estado, su justicia y su sistema de salud opinan e intervienen para dilatar la resolución de un conflicto en el que la ley autoriza el aborto.
Dos mujeres, madre e hija discapacitada, sufrieron primeramente la violencia de una violación –causa del drama que viven– y ahora sufren la violencia del Estado que quiere decidir sobre su destino.
En agosto de 2006, los ministros de Salud del país, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud, firmaron una declaración a favor de la reglamentación de los abortos no punibles, y el ministro de Salud de Entre Ríos, Gustavo Bordet refiriéndose a este caso dijo: “Estamos para cumplir con el Código Penal. Está muy claro: es un típico caso de aborto no punible. Vamos a respetar el derecho de la madre a pedir la interrupción del embarazo” y añadió: “Y si es necesario, se irá a otra provincia o se recurrirá a la Nación”. Finalmente, para fortuna de la joven y su madre, el aborto pudo realizarse el domingo 23, pero fuera de la provincia de Entre Ríos, en una suerte de “clandestinización” de las propias acciones del Estado. Tarde salió el ministro Ginés González García a cuestionar que se presigue a las víctimas y no a los violadores ¿Y su gobierno, qué hace?
