Tratando de recuperar la iniciativa política, el presidente Mauricio Macri anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para resolver el atraso en el pago de las diferencias salariales que motivaron los juicios de decenas de miles de jubilados. Macri mostró la hilacha al mandar el blanqueo de dólares y activos no declarados, “en negro”, de la mano de dicho proyecto, buscando legitimar políticamente el blanqueo.
Más allá de este contrabando y de otras mezquindades del proyecto –que podrían ser corregidas por el Congreso– es un reconocimiento a la larga lucha, de décadas, de las organizaciones de jubilados y pensionados y del conjunto del movimiento obrero y popular. El proyecto ha sido recibido con expectativas favorables, aun cuando tenga que pasar todavía por el Congreso y su implementación no sea inmediata: se ha planteado que llevará mucho tiempo, pues necesitaría el acuerdo judicial con cada una de las más de 2,5 millones de personas a las que se les deben recalcular los haberes. La dirección de la Anses ya ha dicho que cuanto más podría procesar 100 mil expedientes por mes, así que si todo anduviera bien llevaría al menos 24 meses.
En principio, no se trata de una ley de orden público, sino de un programa de “adhesión voluntaria”, por lo que cada caso requerirá un recálculo por la Anses y el acuerdo judicial de cada jubilado con la participación de un abogado. Ponemos entre comillas lo de la “adhesión voluntaria”, pues entre la perspectiva de no cobrar nada como hasta ahora, o de seguir con la demanda inicial o tener que iniciar otra, es posible que la mayoría de los afectados termine por aceptar las condiciones que impondría la nueva ley.
El proyecto abarca a jubilados que hicieron juicio y ya tienen sentencia, jubilados con el juicio en trámite, y aquellos afectados por este atraso en sus haberes aunque no hayan iniciado juicio. Es muy importante señalar algunas de las mezquindades del proyecto, que deberían ser atendidas por el Congreso de la Nación.
En el caso de quienes ya tienen sentencia firme y deberían cobrar el retroactivo íntegramente, se les ofrece un 45% de actualización, cuando la gran mayoría de los casos tiene que ver con el caso Badaro, donde los jueces dispusieron que entre 2002 y 2006 todos los haberes debieron haber subido según la evolución de un índice salarial que había crecido, en ese período, un 88,6%.
Cada jubilado, para poder cobrar, deberá avalar el arreglo en sede judicial, resignando todo reclamo posterior y aceptando su pago en cuotas: 50% al contado y 50% en 12 cuotas trimestrales. Además se mantiene sobre el monto a cobrar el descuento del 35% del mal llamado impuesto a las Ganancias.
En cuanto a los jubildos que no han iniciado juicio, para poder cobrar el aumento en el haber mensual que aquí se reduce al 35%, deberán resignar, también judicialmente, todo reclamo del pago de retroactivos. Quienes no acepten seguirán en la misma situación en la que estén, cobrando lo mismo. Eso sí, podrían iniciar un juicio en caso de no haberlo hecho aún…
A todo esto, que podría calificarse de una verdadera extorsión a los 2,5 millones de jubilados que se contemplan, y más aún para los 1,8 millones que no han iniciado juicio, se agrega el chantaje político de aceptar como parte del paquete un blanqueo de capitales, con el que el gobierno de Macri busca captar US$20.000 millones que, con una tasa máxima de 10%, llegarían a ser cerca de US$2.000 millones de ingreso al fisco. En parte, según dijo Macri, eso financiará las nuevas obligaciones asumidas por el sistema previsional. Habrá que ver si el proyecto lo especifica claramente, pues ya escuchamos ese mismo argumento por boca de Cavallo y Menem, para hacer pasar la ley de privatización de YPF en los ’90. Después, ni Néstor Kirchner, que apoyó esa privatización, se acordó de lo que habían prometido. Las palabras se las lleva el viento…
