El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el megaproyecto impulsado por el gobierno macrista, con su propuesta de blanqueo de capitales y de pago de deudas a jubilados, con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. La alianza oficialista Cambiemos consiguió la aprobación de este proyecto con la ayuda del Frente Renovador de Sergio Massa y sus aliados, el Bloque Justicialista de Diego Bossio y bloques provinciales y monobloques.
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el megaproyecto impulsado por el gobierno macrista, con su propuesta de blanqueo de capitales y de pago de deudas a jubilados, con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. La alianza oficialista Cambiemos consiguió la aprobación de este proyecto con la ayuda del Frente Renovador de Sergio Massa y sus aliados, el Bloque Justicialista de Diego Bossio y bloques provinciales y monobloques.
El paquete denominado “de reparación histórica para jubilados y pensionados” es un proyecto de ley ómnibus tan extenso –contiene casi 100 artículos– como complejo: incluye, además del pago de deuda a jubilados, la actualización de haberes previsionales, una pensión a la vejez, el acuerdo con las provincias por fondos coparticipables, un nuevo blanqueo de capitales y modificaciones impositivas. Tras la bandera de la “reparación histórica a los jubilados”, el macrismo busca mejorar su imagen en medio del malestar que desataron la suba de tarifas y la inflación.
“Nadie puede estar en contra de pagarle a los jubilados”, sostuvo el director ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso, presionando a los legisladores para que aprueben en bloque la propuesta impulsada por el gobierno. Aunque reconociendo, de hecho, la extorsión a quienes serían sus “beneficiarios” –obligándolos a aceptar altas quitas en sus haberes al no tener otra alternativa para poder cobrar–, agregó que “acá no se obliga a nadie: el programa lo que hace es dar una opción a través de un acuerdo entre (cada uno de) los jubilados y la Anses”.
Por supuesto que nadie discute que a los jubilados se les pague lo que se les adeuda. Lo cuestionado es lo limitado de a quiénes se incluye en el proyecto de ley, el cuánto y el cómo se quiere pagar a los que incluye, exigiéndose a cada uno de ellos individualmente, ante el juez y con un abogado, que “acuerden” cobrar lo que les calcule la Anses, renunciando a todo reclamo posterior.
Haberes mínimos
En el quiénes, tenemos en primer lugar los jubilados y pensionados que no están incluidos en el proyecto de ley. Pese a la vastedad del texto, y a que se presenta el proyecto como una reparación histórica para los jubilados en general, en el no se incluye a la mayoría de ellos (más de 4 millones) que son los que cobran la mínima, cuando “nadie puede vivir con 4.969 pesos mensuales”, como sostuvo en la comisión de Diputados el Defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino.
Tampoco se contemplan en el proyecto las pensiones graciables o las no contributivas, que corresponden a las personas con discapacidad mayor al 76% –determinado por una junta médica–, las madres de más siete hijos y personas mayores de 70 años, todas que no reciban otro beneficio social. Son más de 80 mil casos de rentas vitalicias que seguirán congeladas en 700 u 800 pesos, de personas que no pudieron jubilarse y siguen olvidadas, sin acceso siquiera a la jubilación mínima.
Discriminación en los retroactivos
En cuanto a los jubilados incluidos en el “programa” (un total de 2,4 millones que vienen sufriendo por años el retraso), el mismo discrimina entre los que tienen sentencia firme, los que tienen juicios en trámite y los que nunca han iniciado juicio.
A los primeros (unos 100 mil) se les reconocería el retroactivo en un monto con quita por el índice que propone la Anses y en cuotas: el 50% de la deuda cuando el jubilado “adhiera” y el resto en 12 cuotas trimestrales. Como surgió en el debate que hay una partida de 12.000 millones de pesos en el presupuesto destinada a ese fin, el macrismo terminó aceptando se incluya explícitamente la opción para el jubilado de cobrar en lo inmediato lo que haya resultado del juicio (aunque el Tesoro espera “ahorrarse” esa plata cargándosela a la Anses, como todas las demás actualizaciones).
En cuanto a los jubilados que tienen juicios en trámite (unos 500 mil), se los discrimina pues, para no tener que esperar el tiempo que puedan llevar esos juicios, tendrían que acordar “voluntariamente” y ante el juez, el reajuste que les proponga la Anses con sólo un retroactivo que se limita a los últimos cuatro años, o hasta dos años, si el inicio del trámite fuera menor a cuatro años.
Por último, a los jubilados que no han iniciado reclamos judiciales, que son la mayoría (1,8 millones de personas), directamente no se les contemplan los correspondientes retroactivos. Sólo tendrán derecho al aumento de sus haberes mensuales, como los anteriores y también a partir de que “acuerden voluntariamente” la actualización, calculada en sólo un 35% por el índice que propone el proyecto.
El índice de actualización
Para todos los casos, la propuesta en el proyecto del gobierno incluye un sistema de actualización que no es el aplicado por los jueces e implica una quita muy importante en los haberes.
Los tribunales de la Seguridad Social actualizan de acuerdo con el Indice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (Isbic). Pero el proyecto del gobierno reemplaza ese índice por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El tema es que el primero da una actualización del 435% entre 1995 y febrero de 2009 y el segundo, 178% para el mismo período. Dos veces y media de diferencia, por lo que es necesario que se establezca expresamente en el texto de la ley que el índice a usar por la Anses tiene que ser el Isbic.
Pensión a la vejez
Esta propuesta es inferior a la moratoria que dispuso el gobierno de Cristina Kirchner, que permite a quienes no hicieron los aportes suficientes y están en condiciones de jubilarse acceder a una jubilación mínima. Esta moratoria vencerá en septiembre, pero el proyecto no contempla una prórroga sino su reemplazo con una pensión a partir de los 65 años, cuyo monto será del 80% del haber mínimo. Pero como esto, además de discriminar a los pensionados en relación a quienes cobran la jubilación mínima, se agravaba para las mujeres (que hoy pueden acogerse a esa jubilación vía moratoria a los 60 años), el macrismo terminó acordando la opción para las mujeres a partir de los 60 años.
Cajas provinciales
El proyecto incluye, además, una amplia moratoria impositiva y la devolución a las provincias del 15 por ciento de coparticipación que retenía la Anses para solventar el sistema previsional. A lo que se agregó, a cambio del apoyo de otros gobernadores, el compromiso de compensar, previa armonización, los déficits de sus cajas jubilatorias (que no transfirieron a la Nación) y, además, que se instrumentará una moratoria en 90 cuotas para que las provincias se pongan al día con sus deudas previsionales.
Los fondos de la Anses
En cuanto al uso de los fondos de la Anses -más aún si se aprueba que se haga cargo de los retroactivos que correspondería presupuestar por la Tesorería- es necesario que, además del límite a la venta de acciones que terminó aceptando el macrismo, se prohíba la utilización de los fondos para fines ajenos al organismo. Como es el caso de los aportes al Tesoro de sus ganancias contables: los préstamos subsidiados a monopolios, y ahora a las provincias, el Procrear, el Conectar Igualdad y otros que deberían estar a cargo de la Tesorería, siendo partidas del Gobierno que corresponde estén incluidas en el Presupuesto Nacional.
