Luego del decreto presidencial Nº672 sobre pueblos indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación convocó a representantes y autoridades de pueblos indígenas de la Argentina para un encuentro de dos días (el 15 y 16 de julio) en el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de conformar un consejo consultivo. Cuando los representantes llegaron se encontraron con una mesa de la asamblea, un presidente y autoridades ya designadas, con la pretensión de dejar afuera la voz de cientos de comunidades. Frente a la imposibilidad de diálogo y tras las violentas amenazas de patotas comandadas por Félix Díaz de la comunidad qom, integrantes del Consejo de Participación Indígena (CPI) y representantes de varias comunidades realizaron una asamblea denunciando los hechos, convocando a la más amplia unidad de los pueblos originarios.
Se debe consultar a todos los pueblos
Al finalizar la jornada del viernes, en conversaciones con Oscar Alfredo Guala, lonko de la comunidad ranquel, integrante del CPI nacional, explicó a este semanario: “Fuimos convocados por la Secretaría de Derechos Humanos para participar de la asamblea para conformar el Consejo Consultivo y participativo. Concurrimos todos los hermanos que estamos participando de la mesa nacional. Cuando nos acreditamos nos enteramos de que ya se había constituido la mesa para dirigir la asamblea. Nosotros entendemos que si se va a formar un consejo no tenemos que tener un presidente ni un vicepresidente para que dirija la asamblea. Porque yo, como representante de mi pueblo, no voy a avalar que represente un señor que se coloca como presidente de ese consejo si no ha sido consultado con nuestro pueblo. Se debe consultar a todos los pueblos. Esa mesa ha elegido al hermano Félix Díaz y al resto de los integrantes sin que las comunidades elijan, con el objetivo de estar ellos ya dentro de ese Consejo en el momento que se vote.
“Por eso, los hermanos que vinimos de distintos lugares del país empezamos a pedir la palabra y a plantear nuestra disconformidad. El jueves, al finalizar la jornada, quedamos en que el viernes a la mañana se iban a traer las propuestas. Un hermano del CPI plantea que se haga una mesa de diálogo para que todos los hermanos podamos expresarnos, también se plantea que no haya presidente ni vice. El viernes a la mañana, cuando esa mesa va a leer las propuesta reafirman la conformación de esa mesa y que se elijan los hermanos para el consejo contando ya con esta mesa elegida por ellos mismos. O sea esa mesa de diálogo ya integrando el Consejo. Ahí empezó la discusión y luego le siguieron las agresiones físicas donde hubo armas blancas. Por lo cual, el CPI completo y varios hermanos decidimos levantarnos y retirarnos.
“Una vez afuera, hicimos un diálogo, redactamos el acta para presentar al Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos. Se labró un acta para presentar una denuncia formal también en el INAI y en la Defensoría del Pueblo.”
Anulación del decreto de Macri ya
“El objetivo de este Consejo es la desaparición de la ley 23.302 y la desaparición del Instituto de Asuntos Indígenas y las conquistas de los pueblos originarios, también van por la propiedad comunitaria de la tierra”, explica Guala.
“Por eso pedimos la anulación del decreto de Macri. Y una vez que la Secretaría de Derechos Humanos y el INAI convoquen a una asamblea de todos, al menos queremos que se consulte a todos los pueblos en relación a ese decreto. Ahora vamos a nuestras comunidades a los territorios para discutir el documento de política indígena, y después sí, cada representante, que se pueda consensuar con todos los hermanos”, concluyó Oscar Guala.
Extracto del acta firmado por los CPI y representantes de comunidades
“Los abajo firmantes, representantes y autoridades de los pueblos y comunidades indígenas del país, presentes en esta reunión manifiestan:
Primero: este encuentro ha sido coordinado inconsultamente por el hermano Félix Díaz y sus colaboradores quienes aducen ser autoridades elegidas para dirigir la mesa de consulta de los pueblos, la cual desconoce a las autoridades legalmente representativas de las comunidades y pueblos indígenas conforme a la legislación vigente.
Segundo: Tanto en el día de ayer y de hoy, este encuentro no avanzó en nada en los contenidos que se habían previsto, ya que en primer lugar, la mayoría de los representantes tenían información de este consejo de consulta y participación y de su mesa de trabajo. Dada esta situación se pidió que la asamblea se declare soberana y que se designe democráticamente a quienes serán los responsables para coordinarla. Como este pedido no fue escuchado y no se dio la palabra a los hermanos que lo solicitaban y se pretendió imponer los contenidos que propone Félix Díaz y sus colaboradores, esto ha generado un acto de extrema violencia con un hermano golpeado por matones que adhieren a Félix Díaz, que por primera vez se observa en un encuentro indígena. Otro hermano fue amenazado con un arma blanca y han recibido empujones tanto mujeres, ancianos y hermanos con discapacidad de ceguera y muletas, vulnerando así la integridad física y amenazando con graves improperios…
Este grave incidente ha generado temor y preocupación por cualquier hecho de violencia y/o acciones que repercutan en nuestra integridad física y psicológica, por lo tanto hacemos responsable al Ministerio de Justicia de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos e INAI por cualquier incidente que nos ocurra e instamos a dichos organismos a tomar medidas urgentes frente a este lamentable hecho.
Repudiamos y denunciamos estos hechos a la Justicia y a todos los organismos pertinentes y por los actos acontecidos consideramos que este decreto 672 se ha constituido en instrumento de división de los pueblos indígenas de nuestro país.
Tercera: por ello proponemos:
1. Que el gobierno nacional ponga en urgente ejecución una política indígena, no de cualquier manera, sino respetando los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el art. 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT y Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Ley 23.302 y demás normas reglamentarias.
2. Que se anule el Decreto Nacional Nº672/2016 y sea declarado inconstitucional por no tener el sustento fundamentado de la consulta libre, previa e informada en los pueblos indígenas y por haberse convertido en un instrumento de división y conflicto entre hermanos indígenas.
3. Que el Ministerio de Justicia, la Secretaría de DDHH y el INAI convoquen de manera urgente a los Consejos de Participación Indígena (CPI) y el Consejo de Coordinación Indígena (CCI) para informar, ordenar nuestra representatividad genuina y legitimada por las bases de los territorios.
4. Que se ponga en funcionamiento el Consejo de Coordinación que establece el art.5 de la Ley 23.302, su decreto reglamentario Nº155/89 y las sentencias judiciales firmes que ordenan el cumplimiento de esas normas.
5. Que se envíe al Congreso los proyectos de consulta libre, previa e informada y el proyecto de propiedad comunitaria indígena, ya consultados y consesnuados por el CPI sin modificaciones.
6. Que se implementen todos los relevamientos territoriales pendientes y que se solicite la urgente prorroga de lo previsto en la ley 26.160.
7. Que se anule el Decreto Nacional Nº820/2016 sobre extranjerización de la tierra del territorio nacional a fin de que se garantice previamente el proceso de consulta previa, libre e informada y se garantice la propiedad de los territorios comunitarios de todos los pueblos indígenas del país. .
8. Que se asegure la propiedad de las semillas a los pueblos indígenas y campesinos, conforme al Protocolo de biodiversidad y genética de los pueblos indígenas.
9. Que se declare la emergencia de los pueblos indígenas en este grave contexto.
Por todo ello llamamos a la unidad de todos los hermanos indígenas en pos de nuestros derechos. Firmamos en conformidad.
