Hay varios informes de distintas organizaciones que confirman lo que los trabajadores vienen denunciando desde hace meses, y que este gobierno niega. El Observatorio del Derecho Social de la CTA advirtió que el Ministerio de Trabajo de la Nación omitió datos que demuestran “la existencia de serias complicaciones en el mercado de trabajo en los primeros meses del año”.
Hay varios informes de distintas organizaciones que confirman lo que los trabajadores vienen denunciando desde hace meses, y que este gobierno niega. El Observatorio del Derecho Social de la CTA advirtió que el Ministerio de Trabajo de la Nación omitió datos que demuestran “la existencia de serias complicaciones en el mercado de trabajo en los primeros meses del año”.
El Observatorio… da cuenta que “la caída [de puestos de trabajo] registrada este año casi duplica la del año anterior, y sólo es superada por la destrucción de empleo ocurrida a fines de 2008 y 2009, en plena crisis internacional”. A esto se le suman las suspensiones “que fueron más del doble que las de abril del año pasado. De acuerdo con las propias estadísticas del ministerio, en abril de 2016 alcanzaron a 12,4 por cada mil trabajadores, representando el mayor valor de toda la serie iniciada en octubre de 2006… De acuerdo a datos provenientes del Ministerio de Trabajo (EIL), el primer trimestre de este año fue, en comparación con idénticos períodos de años anteriores, el que registró más suspensiones en los últimos 10 años (desde que el MT releva esta variable). En la relación con el mismo período del año anterior las suspensiones informadas por el Ministerio de Trabajo se incrementaron en un 30%. Este crecimiento de las suspensiones ya se había registrado en el último trimestre del año 2015”.
Como explicita el mismo informe: “Esta información subestima en gran medida la crisis que atraviesa el mercado de trabajo, por cuanto no incluye referencias a los trabajadores del sector público, informales o autónomos, sobre los cuales la falta de información a nivel nacional es total”.
El CEPA (Centro de Economía Política Argentina), de orientación kirchnerista, puntualiza que “Al 30 de junio de este año se contabilizan 179.285 despidos y suspensiones acumulados desde diciembre de 2015. Esta cifra indica un incremento de 6,99% en el mes de junio respecto del relevamiento presentado al 31 de mayo que había arrojado un total de 167.564 despidos y suspensiones”.
Desde el punto de vista del salario, pese a que la gran mayoría de los gremios quebró el techo del 25% de aumento que intentó imponer el gobierno, son pocos los que han logrado mantener el valor real de sus sueldos, debido a la inflación que sigue golpeando los bolsillos populares. Dice el Informe del Observatorio… que salvo para los aceiteros y bancarios “considerando los valores de mayo de este año, la caída del salario real de convenio en términos interanuales llega a niveles del 10,4% en la Administración Pública Nacional, se encuentra en torno al 8,5% en actividades como la industria metalúrgica, el comercio y prensa y llega al 7% en la construcción. En el caso del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el deterioro en términos reales es, al mes de mayo, de un 9,7% en comparación con el mismo mes del año anterior”.
La Agencia APA! de Tucumán, consigna que en la provincia hay, en el mes de julio “Hasta el momento 350 suspensiones en Scania, 70 desvinculados en Alpargatas, y 40 despidos y retiros voluntarios en Papeleros, son algunos de los números que grafican la crisis industrial y el ajuste hacia los trabajadores. A eso, se suman los 2.500 puestos de trabajo perdidos en la construcción”.
“Prácticas antisindicales”
Las trabajadoras y trabajadores han venido enfrentando estos planes desde el primer momento, así como pelearon contra el ajuste kirchnerista. Distintas son las situaciones de los tercerizados, en negro y precarizados, de los grandes gremios, pero la oleada de luchas es profunda y nacional, y tanto el gobierno nacional como la mayoría de los provinciales acrecientan la persecución a los trabajadores en lucha.
El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en otro informe, da cuenta del “accionar estatal y empresarial contra las organizaciones de trabajadores”, y enumera casos de criminalización de la protesta: “se detuvieron al menos a 35 dirigentes y activistas de 6 provincias. La judicialización y la apertura de causas penales a los sindicalistas fue una constante”. A esto se le suman “24 casos de represión física contra manifestantes en 9 provincias”, a cargo mayoritariamente de policías provinciales. De estos casos, la mayoría se han efectuado en el mes de mayo y se concentraron mayormente en el AMBA, la Patagonia (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y Santiago del Estero. Las denuncias por abuso en el uso de la fuerza se extienden a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta.
Este Informe incluye entre las prácticas antisindicales el “Fallo Orellano” de la Corte Suprema de Justicia, por el que se niega el derecho de huelga a los trabajadores sin un sindicato reconocido. Además, en las provincias de Tierra del Fuego y Buenos Aires se tomaron resoluciones “tendientes a reemplazar huelguistas y desarticular el conflicto”, en los casos de paros de estatales y docentes. Y por último consigna el Observatorio… que en al menos 15 empresas hubo despidos y sanciones a activistas “como producto de los conflictos que emprenden los trabajadores”, y hasta intervenciones judiciales a sindicatos “como el caso de Sitech Federación, principal sindicato de trabajadores de la educación en la provincia del Chaco”.
Como se ve por estos datos, la política del gobierno de Macri descarga la herencia K sobre el pueblo, sumándole un brutal ajuste para beneficiar a los monopolios y terratenientes de los que es sirviente, y para los cuales parece que “la joda” no se acaba, si no le paramos la mano.
