Aplicando la misma política monetaria del dúo Kicillof-Vanoli bajo el gobierno kirchnerista, el gobierno de Macri (ahora con Sturzenegger en el Banco Central) ha continuado la inflación y profundizado la recesión. Dicha política monetaria consiste centralmente en un creciente endeudamiento de corto plazo a través de la emisión de Letras del Banco Central, las Lebac, a tasas de interés que hacen insostenible cualquier otra actividad que no sea la financiera.
El objetivo de las Lebac es reducir la cantidad de dinero circulante disminuyendo la llamada base monetaria (efectivo más depósitos bancarios a la vista), con lo que supuestamente se reduciría la presión inflacionaria. Al mismo tiempo, con ello se busca evitar que esos pesos vayan a comprar dólares y presionen a la suba de su precio.
Pero esa reducción de la liquidez monetaria no es gratuita. Esto significa un costo en intereses, con altas tasas y creciente emisión de letras, para seguirse sosteniendo. Este costo financiero implica que el Banco Central deba emitir más dinero para cubrirlo a medida que renueva y acrecienta las letras emitidas. Un mayor impulso se dio en el primer semestre del año con lo emitido para pagar la estafa de los dólares a futuro vendidos por el kirchnerismo (en vez de hacérselo pagar a los estafadores), y se continúa agravando con los pesos que siguen emitiendo para cubrir el déficit fiscal del gobierno.
Toda esa absorción de pesos por las Lebac y sus altas tasas de interés favorecen la especulación financiera, con tasas superiores a la tasa de devaluación del peso frente al dólar u otras monedas (la famosa “bicicleta financiera” de Kicillof-Vanoli, que también sigue vivita y coleando). El sector financiero vive renovando semanalmente los vencimientos con el chantaje de que le garanticen altas tasas de interés para no pasarse al dólar, agravado con las nuevas operaciones de dólar a futuro, que realiza para cubrir la eventualidad de alguna “escapada” del dólar.
El resultado inmediato de esta política monetaria del gobierno macrista –como decimos, la misma que la del gobierno kirchnerista–, es que en su primer semestre lleva elevado el endeudamiento del Banco Central, nada más que en Lebac, de 300.000 millones de pesos “heredados”, a 600.000 millones (en cifras redondas). Y que la carga de intereses anuales, calculando una tasa promedio del 30% –fue hasta el 38% en varios meses–, significa que se va a terminar pagando más de 180.000 millones de pesos en intereses en el año. ¿Y de dónde van a seguir saliendo esos fondos? Del mayor ajuste sobre los trabajadores a través de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y planes, y el mayor ahogamiento de la producción y el comercio nacionales.
Esta política monetaria, al tiempo que agrava el endeudamiento de corto plazo del Banco Central y aumenta su costo financiero, profundiza la recesión y convalida la inflación. Porque, aún desde el punto de vista monetario, no basta con reducir el circulante de pesos para terminar con la inflación. Así podemos ver que, aún manteniendo restringida la base monetaria en 25% desde mediados del año pasado a mediados de este año, los precios han crecido en el mismo período en más de un 40%, siempre en cifras redondas. La diferencia estaría explicada –como ocurrió en otros momentos con la cuenta de regulación monetaria de Martínez de Hoz o la emisión de pasivos monetarios con Alfonsín– por la expansión de las Lebac que por su corto plazo actúan como una cuasi-moneda, con el creciente costo financiero que implica su sostenimiento.
Así, un profesor de la Universidad del CEMA (monetarista sin dudas, pues no aborda las causas estructurales de la inflación), pudo escribir recientemente que “Si a la base monetaria le sumamos los títulos emitidos por el BCRA encontramos que las tasas interanuales se ubican en torno del 45%, y casi igualan a las registradas durante el primer semestre de 2015. Con agentes racionales, sistematizar una política implica obtener peores resultados en cada intento. Esto, sin duda, convalida una tasa de inflación igual o levemente superior al 40 por ciento” (Mariano Fernández, en La Nación, 31/7/2016).
Como sabemos por la experiencia histórica –y vemos que sucede actualmente– no es cierto que basta con restringir el dinero en circulación para controlar la inflación, como dice el gobierno para defender su política ajustadora. Menos aun cuando esto se hace aumentando las obligaciones remuneradas de corto plazo –como las Lebac– en beneficio del sector monopólico financiero, y dejando los precios en manos de los llamados sectores concentrados de la economía. Así se termina convalidando la inflación a favor del poder monopólico de los llamados formadores de precios, ajustando contra los trabajadores y la producción nacional, dadas las condiciones estructurales de la oferta y la demanda de bienes y servicios, dominadas en nuestro caso por los “agentes racionales” del latifundio y la dependencia.
