En octubre de 1920, el secretario de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, Antonio Soto, estaba preso junto a otros obreros y el abogado José María Borrero, por haber promovido una huelga ante la prohibición de un acto en la ciudad. Varios delegados de los trabajadores de las estancias fueron convocados a Gallegos, y allí se hizo el pliego de reclamos que desataría la primera de las dos grandes huelgas patagónicas, que terminarían en la terrible masacre de obreros entre diciembre de 1921 y enero de 1922. En ese entonces convivían en la dirección gremial la corriente sindicalista (mayoritaria en la FORA del 9° Congreso) y los anarcosindicalistas de la FORA del 5° Congreso.
Como recuerda Otto Vargas en El marxismo y la revolución argentina, tomo 2: “Las reivindicaciones exigidas por los obreros eran mínimas: que en cada pieza de 4 por 4 no durmiesen más de tres hombres y que tuviesen camas; un lavatorio y agua abundante para la higiene; un paquete de velas por semana; una estufa en el galpón de dormitorios; tener el sábado a la tarde para lavar la ropa; mejor comida; el colchón y la cama por cuenta de los patrones, poniendo los obreros la ropa; no trabajar a la intemperie en caso de lluvia o chaparrón; un botiquín de primeros auxilios en cada puesto o estancia; etc., etc. Pero las cláusulas que despertaron el odio y la negativa patronal fueron las que pedían el reconocimiento de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, no tomar obreros que no estuviesen federados y, principalmente, el reconocimiento de los delegados por establecimiento. En este último punto la intransigencia patronal fue total.
“Con clara intuición de clase, los terratenientes patagónicos comprendieron que por allí pasaba la cuestión central, con vistas al futuro”. Se daba un plazo hasta comienzos de noviembre a los dueños de las estancias para aceptar el pliego de reclamos, en caso contrario se marcharía a la huelga. Mientras tanto, durante todo octubre se dio la lucha por la libertad de los detenidos, que se logró en su totalidad a comienzos del mes siguiente.
El aparato del Estado se preparaba. El jefe policial Rotchie, en un informe ya citado al gobernador Correa Falcón, le reclamaba, además de más personal y armamento que “sería necesario gestionar ante el Ministerio del interior el envío de un empleado de investigaciones de la policía de la Capital Federal para encargarle esta misión tan especial para la institución policial, misión que es imposible confiar al personal uniformado ni a empleados sin experiencia”. Es decir, infiltrar a los trabajadores.
