El proyecto de ley aprobado en junio pasado por el Senado de la Nación y que aún espera ser tratado por la Cámara de Diputados, sobre la Declaración de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el Territorio Nacional se plantea, como objetivo principal, prevenir y revertir el número de mujeres víctimas de violencia. Este es un objetivo que resume lo que las mujeres venimos exigiendo hace años en la calle: no queremos más víctimas, no queremos seguir contando muertas. Y entendemos que para que eso suceda, necesitamos que la problemática sea abordada desde su raíz.
Las mujeres logramos, con muchos años de lucha, romper los límites de nuestros hogares, esos límites impuestos por una cultura machista y por la matriz patriarcal del sistema que provoca la doble opresión, que nos dice que los trapitos sucios debemos lavarlos en casa. Sacamos nuestras violencias de esa esfera que nos individualiza y que no nos permite reconocernos en la lucha de las otras.
Pusimos a la violencia que sufrimos por el hecho de ser mujeres en agenda a fuerza de unidad y movilización, hicimos visible el flagelo del que muchas de nosotras somos víctimas. Somos las protagonistas de un momento histórico en el movimiento de mujeres, el momento en que decidimos tomar las calles y decir ¡Basta! porque nos queremos vivas. No estamos dispuestas a retroceder, y es por eso que nuestra lucha y nuestra exigencia tiene que reflejarse en la Declaración de la Emergencia, porque la problemática emerge con claridad, porque no hace falta más que leer los diarios cada día para comprender que las mujeres no podemos esperar.
¿Por qué exigimos la Emergen-cia? Porque su declaración subraya el problema, le pone zoom, lo prioriza y pone a disposición los recursos humanos y económicos necesarios para su abordaje integral. La aborda antes de que sea un problema, prevenir a las mujeres antes de que se conviertan en víctimas. Para lo cual es prioritario poner el foco y los recursos en la prevención de las violencias en todos los ámbitos en los que las mujeres desarrollen sus relaciones interpersonales, tal como se explicita en la Ley 26.485. Para revertir la cantidad de muertas, no basta con la construcción de más hogares. Para revertir la cantidad de muertas, hay que abordar el problema desde la prevención entendiendo a la violencia contra las mujeres como una problemática social con raíces culturales profundas. Y para eso se necesitan recursos que sean destinados para el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones que día a día trabajan para que las mujeres no se vuelvan víctimas. La educación temprana sobre la problemática, la capacitación de agentes para la prevención, las campañas de difusión de la Ley 26.485 y de otras leyes que contemplen los derechos conquistados, son esenciales para revertir indicadores que son alarmantes. De esto también se trata la emergencia.
Es necesario atender a la víctima de manera integral, que existan lugares de asistencia específica en todos los municipios. Es indispensable la construcción de hogares transitorios en condiciones dignas para que aquellas que corren riesgo de vida tengan un lugar donde ir, un lugar que acoja a las mujeres y a sus hijos e hijas, que buscan salir de una situación extrema y poder, así, empezar a reconstruir sus redes, sus lazos sociales. Así como también es necesario que los gobiernos brinden recursos económicos a esas mujeres, para que la decisión de salir de la violencia pueda ser sostenida en el tiempo, o que se capacite al personal policial para que las mujeres que deciden realizar las denuncias no sean revictimizadas por la institución.
Sabemos que esto último es solo una parte del problema, que centra la atención en las mujeres víctimas. Los refugios, la capacitación a las fuerzas judiciales, la ayuda económica son un aspecto a abordar, es necesario y urgente. Pero todas esas medidas que apunta al tratamiento de la víctima deben ser acompañadas, indefectiblemente, de un trabajo que apunte fuertemente a la prevención.
Las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, el movimiento de mujeres en general, tenemos un rol fundamental en esto: somos nosotras las que debemos exigirle a los gobiernos que garanticen nuestros derechos, que se implementen las leyes, que esté la guita para abordar la problemática de una manera integral. Muchas veces, y ante la ausencia del Estado, nos ponen en lugares que no debemos ocupar. La asistencia a las víctimas es responsabilidad de los gobiernos y allí donde esa asistencia falte debemos exigirla. Las organizaciones de mujeres deben ser espacios de asesoramiento y acompañamiento ante la problemática pero, principalmente, lugares en los que las mujeres se fortalezcan, desarrollen sus capacidades y se apropien de los derechos conquistados para defenderlos. Lugares en los cueles podamos unirnos con otras en la lucha por una sociedad más justa.
