Un nuevo auge de luchas populares crece en el Perú. Convocado por la CGTP y organizaciones campesinas e indígenas, el paro nacional de los días martes 8 y miércoles 9 de julio golpeó duro al gobierno de Alan García, que desde julio del 2006 reeditó la política "neoliberal", antipopular y proimperialista de sus predecesores Fujimori y Toledo. Con el paro, los sectores populares retomaron la iniciativa.
Aunque la central obrera está dirigida por fuerzas reformistas, la jornada nacional unificó a corrientes diversas, movilizó a grandes masas y se transformó en un hecho político. Todas las regiones -el sur, centro y oriente- se volcaron a las calles. En Arequipa, Chiclayo, Ayacucho, Puno, Huánuco, Piura, Trujillo, Chimbote y otras ciudades se paralizaron el transporte y los bancos, hospitales, escuelas y comercios. El Perú se sembró de marchas masivas, asambleas, cortes de ruta y enfrentamientos con las fuerzas represivas. Cien mil efectivos, no sólo policiales sino también militares (sin contar los provocadores) sacó Alan a las calles para impedir las movilizaciones. El paro fue declarado ilegal. Más de 200 personas fueron detenidas.
En todas las regiones
Miles de manifestantes -originarios, campesinos, mineros y pobladores en general- apedrearon e incendiaron la sede del gobierno regional de Madre de Dios en Puerto Maldonado, 860 kilómetros al sudeste de Lima, en la Amazonía selvática peruana. La multitud protestaba contra la llamada "Ley de la Selva" -propuesta por el gobierno y aún no aprobada por el Congreso- que promueve la expropiación de tierras de las comunidades indígenas para promover negocios forestales y agrarios de inversores extranjeros.
En Huancavélica marcharon los estudiantes y pararon los agricultores. En Huaraz, capital del departamento andino de Ancash, una concentración de 4.000 personas -docentes, estudiantes, transportistas, campesinos y pobladores- culminó un paro regional de tres días.
En la Región Cusco, la carretera Cusco-Abancay que va hasta Lima fue bloqueada con piedras y árboles. Los campesinos cerraron el Paro Nacional Agrario con una concentración en la Plaza Huaqaypata.
En la poblada periferia norte de Lima, un grupo de manifestantes se enfrentó con la policía.
En Ica (200 kilómetros al sur de la capital), fuerzas policiales dispararon gases lacrimógenos para despejar la ruta Panamericana que atraviesa toda la costa peruana. Allí los pobladores reclaman la reconstrucción de la ciudad después del tremendo terremoto que la devastó el 15 de agosto del año pasado. En la norteña Chimbote manifestaron 5 mil personas.
Contra el hambre y la entrega
El gobierno entreguista de Alan García convirtió al Perú en uno de los últimos (junto a la Colombia de Uribe) reductos "modelo" de las políticas fondomonetaristas en la región. Y está haciendo hervir el mismo caldo de odio y rebeldía que estalló en estos años en Ecuador, Argentina y Bolivia.
La masividad del paro fue producto de la convergencia de múltiples reivindicaciones sociales y regionales. También políticas, como en Ayacucho, donde se exigió el retiro de las tropas yanquis desplegadas allí con el pretexto de "acciones humanitarias". Hace ya tiempo que viene denunciándose el posible acuerdo de Alan García con la Casa Blanca para instalar en el Perú una base militar que reemplace a la de Manta en Ecuador, cuyo contrato no será renovado por el presidente Correa.
En Trujillo se incluyó el repudio a la privatización del puerto de Salaverry, inicio de un proyecto que Alan intenta extender a todo el país. En todo el país se exigió la derogación de los decretos legislativos privatizadores, entre ellos los que promueven el saqueo imperialista de tierras o de aguas de riego de las comunidades campesinas y amazónicas. En la región de Huancavélica, en la sierra, de casi 600 comunidades campesinas al menos 100 no tienen títulos de propiedad de sus tierras. Con la aplicación de los decretos legislativos esas comunidades perderán los derechos sobre esas tierras que han ejercido durante cientos de años, en favor de monopolios imperialistas de la minería o de la madera.
Ciertamente el eje del reclamo fue el brutal aumento del costo de vida. Pero también se exigieron los derechos sindicales que desde el gobierno anterior del APRA y luego con Fujimori y Toledo fueron prácticamente liquidados. Los campesinos, por su parte, reclamaron precios justos para productos locales como el algodón, y subrayaron el rechazo del TLC Perú-Estados Unidos.
