Carro nos introduce sobre cómo se inicia el conflicto, ya en 1994, cuando la Reforma constitucional. “Cuando se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 129 de la Constitución, le asigna facultades jurisdiccionales a la Ciudad. A partir de esto se inicia una discusión. El menemismo interpreta que son completas y, entonces por decreto, resuelve transferir todo lo que se llama la Justicia nacional ordinaria con asiento en la Capital, que contempla los fueros Comercial, Civil, Penal y Laboral, y todas las oficinas que dependen de estos fueros.
Ahí se produjo un conflicto grande –de carácter gremial y político– que se saldó con una ley que en su momento se dio llamar la Ley Cafiero, por su autor, Antonio Cafiero. Esa ley le puso límites a esa controversia y planteó las facultades jurisdiccionales de la Ciudad. Pero no contempló el pase de la justicia ordinaria.
El PRO, cuando gana las elecciones el 2007 en la Ciudad, reinstala la polémica acerca de que los fueros con asientos en la Capital de carácter no federal deberían pasar a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema de disputa política. El gobierno de Cristina Kirchner desoyó los reclamos permanentes de Macri como jefe de Gobierno. Ahora, con el triunfo de Cambiemos en la presidencia y manteniendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, quieren avanzar en la transferencia de los fueros, lo que le interesa a determinados sectores políticos que no sólo son los del PRO.
—¿Por qué se oponen ustedes al traspaso del Fuero Laboral?
—Los que nos oponemos al traspaso lo hacemos por razones fundadas, de carácter constitucional, histórico, y queremos reflotar el debate. Porque está vigente la Ley Cafiero pero el gobierno intenta transferir los fueros sin derogar esa Ley. Intentó primero en marzo: mandó proyectos para la derogación del Artículo 8 de la ley Cafiero (que eso abriría la posibilidad de la transferencia), pero al encontrar resistencia en el Senado, elige ahora el camino de unos supuestos convenios de transferencia, a firmarse entre el Estado de la Ciudad y el Estado Nacional.
—¿En qué afecta ese traspaso a los trabajadores?
—El empleado judicial del Foro Laboral tiene una especialidad muy clara y concreta en lo que respecta al derecho protectorio del trabajo. Eso abarca, inclusive, las leyes de riesgo de trabajo. Acá, el empleado judicial tiene puesta la camiseta de la protección del trabajador frente al empleador. En consecuencia: Macri avanza sobre el traspaso pero en simultáneo intenta reformar la Ley de Riesgo de Trabajo reduciéndola a su mínima expresión. Con el mismo carácter que le había impregnado Menem en su momento que derivó en una lluvia de inconstitucionalidades, que recién fueron resueltas cuando asume la nueva Corte en el 2004. Ahora, Cambiemos quiere volver todo eso para atrás. El traspaso del Foro Laboral tiene una finalidad política. Porque este fuero fue creado en mayo de 1944, por el que ocupaba en ese momento la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón.
El Fuero Laboral representa la defensa de la clase trabajadora por la vía jurídica. No es más que una posición política trasladado al lenguaje jurídico. Ahora, el macrismo utiliza el debate acerca de si la justicia ordinaria tiene que ser de la Ciudad o tiene que seguir siendo de la Nación, como un telón para tapar su verdadera intencionalidad política.
—¿Cómo es la situación de los juzgados y qué implicaría el traspaso?
—Nosotros tenemos 80 juzgados, 34 están sin juez. La intención de Macri es transferir 30 juzgados a la Ciudad de Buenos Aires y poner jueces del macrismo. Entonces ahí también hay un trasfondo político.
Esos 30 juzgados tienen en trámite, en promedio, unas 4.500 causas cada uno. La propuesta de Macri es transferirlos vacíos y, repartir los expedientes entre los 50 juzgados que quedarían en la Nación. Como consecuencia, un juicio que dura tres a cinco años, pasaría a durar seis a ocho años. Un trabajador que llega reclamando un crédito alimentario en base a un conflicto de carácter laboral, que en teoría debería resolverse en seis meses, demorará en tener sentencia firme entre siete a ocho años.
—¿Cuáles son las perspectivas?
—Nosotros dirigimos la Comisión Interna del Fuero del Trabajo. Somos un frente único de oposición a la conducción nacional pero alrededor de este tema, más allá de las diferencias que tengamos, queremos enfrentar juntos esta amenaza del traspaso. En ese marco, está todo el fuero convulsionado, con asambleas permanentes. El martes 20 hicimos un paro parcial con movilización a la Cámara del Trabajo –ya habíamos hecho una el 6 de octubre y después un acto muy importante, el 26 de octubre– y logramos que Piumato se sumara a esta movida e impulsara un paro parcial con movilización. A eso nosotros le incluimos un paro de 24 horas, que tuvo un 85% de acatamiento. Hace años que no veía un parate de la Justicia laboral de esa magnitud. Y el jueves 24 hicimos un acto frente a la Cámara del Trabajo, con una movilización de más de 700 personas, donde confluyeron distintos sectores del ámbito laboral, abogados, asociaciones de abogados, y también referentes de las centrales obreras: Juan Carlos Smith por la CGT, Yasky por la CTA, y por la CTA Autónoma, Hugo Blasco.
Ese mismo día a la tarde, un grupo de magistrados se presentó en el Senado de la nación, hablaron con varios senadores y trascendió que el ministro de Justicia habría anticipado que iban a rever esta decisión, de firmar los convenios el 30 de noviembre para abrir el debate alrededor de estos temas. No obstante eso, junto con la conducción nacional tiramos un paro para el 30 de noviembre.
