En varias provincias los docentes están en lucha por mejoras salariales -como consecuencia de las bajas remuneraciones, que la inflación deteriora aún más, día a día-; por la insuficiencia presupuestaria que afecta la situación de los edificios y la falta de escuelas, la escasa atención social a los alumnos que se advierte en comedores, becas y útiles. Todo muy lejos de lo pregonado por la propaganda oficial sobre las bondades de la Ley de Educación Nacional que lo único que ha probado es un rotundo fracaso.
Los sueldos de un maestro de grado con 10 años de antigüedad está por debajo de los $ 1.450, orillando el 40% de la canasta familiar para la mayoría de los docentes en esas condiciones. Por esto se realizan medidas de fuerza en Salta, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro, Córdoba, Capital Federal y Buenos Aires.
Ninguna de estas luchas es ajena a la rebelión agraria que obligó a Cristina Kirchner a abrir la mano. Muestran que la situación es favorable para reclamar por las necesidades, confluir y agrupar. Tanto en Entre Ríos, como en la provincia de Buenos Aires los trabajadores de la educación han unificado su lucha con el conjunto de los gremios docentes; y los estatales de ATE también están en conflicto y confluyen, en los hechos, en los reclamos. En Río Negro también los estatales han confluido en un paro y movilización el miércoles 6, al que se sumó Sitraju. En Mendoza, El SUTE aprobó sin fecha un paro de 48 hs.
El 9, el Sutef acordó con el gobierno fueguino un nuevo aumento salarial (ver nota). Los paros y movilizaciones realizados en Entre Ríos el 7 y 8, con un acatamiento superior al 95%; y el paro prácticamente total de la Pcia. de Buenos Aires, son muestras de la decisión del conjunto de la docencia de luchar por sus necesidades.
Es necesario exigir al gobierno K los fondos para hacer frente a los reclamos salariales, ya que el 70% de la recaudación nacional está en sus manos y la distribuye entre los pagos de la deuda y sus "capitalistas amigos", y el 30% restantes son absolutamente insuficiente para resolver las necesidades de salud, educación, vivienda, alimentación, tierra y trabajo de nuestro pueblo. Una política usada para provocar ahogo financiero en las provincias y así someter a los gobernadores que no son obedientes. En esa relación, los trabajadores somos la variable de ajuste y pagamos los costos.
La dirección de Ctera se debe poner a la altura de la situación y nacionalizar urgentemente la lucha.
02 de octubre de 2010
