En sus respuestas del martes 25 de abril, el jefe de Gabinete sostuvo que el gobierno tiene facultades para promover la urbanización de la Isla Demarchi y sus aledaños. Esto quiere decir disponer del espacio público para favorecer la inversión privada, creando un nuevo polo inmobiliario, que seguramente no será para aquellos que necesitan vivienda.
En sus respuestas del martes 25 de abril, el jefe de Gabinete sostuvo que el gobierno tiene facultades para promover la urbanización de la Isla Demarchi y sus aledaños. Esto quiere decir disponer del espacio público para favorecer la inversión privada, creando un nuevo polo inmobiliario, que seguramente no será para aquellos que necesitan vivienda.
Como denunció Alejandro Olmos Gaona, en su Facebook el miércoles 26, esas facultades son el producto de la Ley 22.423, firmada por el dictador Videla y sus ministros José Alfredo Martínez de Hoz y Alberto Rodríguez Varela en 1981, que como tantas otras normas de esa dictadura todavía sigue vigente.
Aunque la norma es claramente inconstitucional porque viola el artículo 75, inc. 5 de la Carta Magna que establece que solo el Congreso de la Nación es el único autorizado para disponer de las tierras públicas, el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por el Congreso en el año 2014, la consideró válida. En ese momento el kirchnerismo contaba con mayoría en ambas Cámaras y votó a favor de la norma junto con otras, y también lo hizo la oposición.
Apoyándose en esa ley de la dictadura y el Digesto kirchnerista, el gobierno de Macri avanza en disponer de las tierras públicas, como lo viene haciendo con tierras del Ejército en Córdoba y Mendoza (“Avanza la extranjerización de nuestros recursos”, hoy N° 1663), en violación de la norma expresa de la Constitución Nacional, que sólo autoriza al Congreso para ello.
