La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de La Remonta, en un comunicado, denuncian el silencio cómplice del Gobierno Provincial y la Justicia Federal de Mendoza.
Y agregan: “ El decreto presidencial 225/17 publicado el 4 de abril del corriente año sigue vigente.
Está en venta nuestro Patrimonio Nacional, nuestros Bienes Comunes, nuestro Hábitat y nuestra forma de producir están en riesgo.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de La Remonta, en un comunicado, denuncian el silencio cómplice del Gobierno Provincial y la Justicia Federal de Mendoza.
Y agregan: “ El decreto presidencial 225/17 publicado el 4 de abril del corriente año sigue vigente.
Está en venta nuestro Patrimonio Nacional, nuestros Bienes Comunes, nuestro Hábitat y nuestra forma de producir están en riesgo.
Varias acciones hemos desplegado y no tenemos respuestas.
Existe un pedido de anulación del decreto en el Congreso Nacional que duerme en un cajón. Nuestros legisladores nacionales miran para otro lado.
Se presentaron en Tribunales Federales diferentes amparos que darían de baja este decreto por ser inconstitucional y vulnerar derechos básicos, como el acceso al agua potable, no sólo de los pobladores de La Remonta, sino de todos los mendocinos. A varias semanas de presentados la Cámara Federal NO resuelve quien será el Juez que debe hacerse cargo de los expedientes. Negándonos así nuestro Derecho a la Justicia.
El Gobierno Provincial en la figura del Gobernador Cornejo hizo público el anuncio en la COVIAR de cara a los empresarios, únicos beneficiados de las políticas de transferencias de recursos de la gestión que él representa ha impulsado, sin importarle la gente que afecta en su diario vivir . A partir de ahí toda su gestión apostó al desprestigio, la mentira y el silencio cómplice.
La respuesta no podía ser otra que el Conflicto Social.
En este marco, el miércoles 17 de mayo nos movilizamos a Tribunales Federales y Casa de Gobierno.
Nos concentramos a las 10:30 horas en la explanada de tribunales con una consigna clara:
- La designación de un juez que dé tratamiento a los amparos judiciales.
- La derogación del Decreto 225/17.
