Este acuerdo, además de entregar el control del negocio a este monopolio de las telecomunicaciones, implicaría ceder por parte de la Argentina la soberanía sobre esa posición orbital, y resignaría la jurisdicción legal argentina para que otro juez como Griesa falle de acuerdo a intereses contrarios a los nuestros.
Este acuerdo, además de entregar el control del negocio a este monopolio de las telecomunicaciones, implicaría ceder por parte de la Argentina la soberanía sobre esa posición orbital, y resignaría la jurisdicción legal argentina para que otro juez como Griesa falle de acuerdo a intereses contrarios a los nuestros.
Con el acuerdo firmado en Estados Unidos se conforma una nueva empresa a la que denominan “Newco”. La firma estadounidense Hughes Network Systems tendrá el 51% -el control- de la empresa a cargo de construir y explotar comercialmente el Arsat-3. Se trata de una privatización periférica o parcial de Arsat, la cual comienza lógicamente por firmar el acta de defunción del Plan Satelital Geoestacionario Argentino. Si a Arsat le quitan la potestad para el diseño, el desarrollo y la construcción en el país de sus propios satélites geoestacionarios de telecomunicaciones; si le quitan la capacidad de explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y las posiciones orbitales del país son ocupadas por satélites cuyo control está en manos privadas o extranjeras -por más que sean operados desde Arsat, desde el punto de vista nacional se declina soberanía satelital.
La soberanía satelital y Arsat
Si un país coloca un satélite geoestacionario sobre su territorio, tendrá una herramienta “fija” en su cielo, la cual le permitirá conectar todo su territorio sin tendido de cable alguno. Esto ya nos permite apreciar la importancia de los satélites geoestacionarios.
Por ello es que la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) reserva las posiciones para cada país durante un tiempo determinado. Cumplido dicho plazo, si esa posición no ha sido ocupada, la misma se la ofrece a otro país que así lo solicite. Y es aquí en donde reside la clave de la importancia de Arsat. A principios de la década de 1990 Argentina estaba a punto de perder ambas posiciones. Por ende, el Gobierno nacional licitó internacionalmente un sistema satelital para que compañías extranjeras administrasen los satélites argentinos. Así nació Nahuelsat 1, un consorcio con capitales alemanes, franceses e italianos. Los controladores argentinos evitaron la transformación zombie con el Nahuelsat-1, que tenía una “nutación” (movimiento de perinola) intratable por su mal diseño. A ese aparato, nuestros expertos le tuvieron que inventar una matemática de control “made in casa”, porque el prestigioso fabricante europeo, que tenía mejores abogados que ingenieros, jamás la suministró.
En 2004, y debido al incumplimiento con lo acordado, se rescindió el contrato con esta empresa y el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto para crear una empresa nacional que administrase el sistema satelital argentino, en particular, el correspondiente a telecomunicaciones. En tiempos en los que se debate sobre el futuro de Arsat, vale destacar lo que significa una posición geoestacionaria. Como puede apreciarse, una posición orbital de este tipo es parte de una nación al igual que un territorio físico sobre la superficie terrestre.
Más potente que sus dos predecesores, el Arsat-3 estaba en condiciones de posicionar al país como rival emergente de las pocas y poderosas potencias que fabrican satélites geoestacionarios. Tal vez sea esa la verdadera razón del macrismo más que el relato del eficientismo y sus unicornios.
Por nuestra soberanía satelital y autonomía tecnológica
Este avance sobre Arsat SA, mediante la extranjerización de su tercer satélite (Arsat-3); es un eslabón más de la iniciativa privatista en áreas de producción del estado con la LEY 27328 sobre contratos de participación publico privada (PPP). Para llevar esta entrega adelante, aprovecharon el hecho de que Arsat fue establecida como una Sociedad Anónima (con mayoría estatal) y no como una Sociedad del Estado (como Invap SE). A diferencia de una Sociedad del Estado, una SA no sólo permite en su forma societaria la participación de privados sino que puede dar lugar a que tome acuerdos confidenciales con monopolios sin siquiera informar al Congreso. Aunque, en el caso de Arsat, también está la Ley 27.208 sobre Desarrollo de la Industria Satelital que obliga a que este tipo de acuerdos con Arsat sean aprobados por el Congreso Nacional, lo que fue violado por el gobierno de Macri.
Arsat dependió hasta el 17 de julio del extinto Ministerio de Comunicaciones. Desde esa fecha pasó a depender del Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra luego de la renuncia de Oscar Aguad para ir a la cartera de Defensa. El Ministerio de Comunicaciones había sido creado a fines de 2015 absorbiendo las autoridades federales de servicios audiovisuales y telecomunicaciones Afsca y Aftic respectivamente
No sorprende en un gobierno que avanza con la clausura del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con el cierre de delegaciones y despidos como denuncio ATE en Bariloche. Tampoco sorprende la continuidad en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao, otrora ministro estrella hoy “miembro fundador” de “La Continuemos”. Tampoco en instituciones asociadas como CNEA y Conae donde el Macrismo puso la dirección política de los organismos. Lo que si sorprende es el silencio cómplice de la dirección de Invap SE. La decisión viola la Ley 27.208, lesiona gravemente la soberanía de la República Argentina en materia satelital, espacial y de telecomunicaciones y pone en jaque la incipiente pero valiosísima industria satelital nacional. Por lo tanto, la experiencia acumulada por los trabajadores en instituciones como Invap, CNEA, Conae se ve atacada gravemente. Es por esta razón que los trabajadores que investigamos, desarrollamos, producimos e impulsamos con nuestro aporte cotidiano un desarrollo en ciencia y tecnología que favorezca los intereses de los trabajadores y las mayorías populares rechazamos profundamente este tipo de acuerdos que ponen en riesgo este camino.
