Noticias

13 de septiembre de 2017

Entre Ríos es una de las provincias con índices más elevados de femicidios y sin embargo, el gobernador Bordet (como antes Urribarri) considera que no es necesaria la emergencia en violencia de género, mientras seguimos contando las víctimas. 

La lucha por la emergencia en violencia de género

Entre Ríos

Numerosas organizaciones venimos planteando la necesidad de políticas coordinadas y con presupuesto acorde para combatir este verdadero flagelo social. En ese marco, desde el PTP y el PCR, junto al Partido Socialista y otras organizaciones y profesionales de distintas disciplinas comenzamos a dar impulso a un nuevo proyecto de ley con la intención de que sea tratado en la Legislatura entrerriana. La Ley de Emergencia en Violencia de Género es una demanda que hace al menos dos años se viene planteando con firmeza desde las organizaciones de mujeres, pero hasta el momento el gobierno y los bloques mayoritarios de la Legislatura (FPV y Cambiemos) han hecho oídos sordos y/o no dieron suficiente relevancia al tema.
La posición del gobernador Gustavo Bordet, y de los legisladores que le responden, en torno al tema, es que “no se puede trabajar aisladamente la emergencia” y que primero “debería declararse a nivel nacional”. Inclusive, el mandatario entrerriano sostuvo que “hay un presupuesto muy grande destinado a trabajar en materia de violencia” y que el problema sería la aplicación de esos recursos, aunque pasa el tiempo y siguen sin verse resultados mientras crece la cifra de víctimas fatales.
En este marco, las candidatas a diputadas nacionales Verónica Magni (Partido Socialista) y Daniela Vera (Partido del Trabajo y del Pueblo-Partido Comunista Revolucionario), ambas integrantes del Encuentro Social, expusieron un anteproyecto de ley al diputado Alejandro Bahler que se comprometió a presentarlo formalmente y destacaron que el texto elaborado fue el resultado de una suma de aportes de profesionales, docentes, desocupadas, estudiantes universitarias y las secretarías de Género de ATE y de Salud de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), seccional Paraná.
El proyecto hace énfasis en la necesidad de “políticas públicas integrales, no sólo de acompañamiento y contención, sino que promuevan la autonomía y amplíen derechos y oportunidades para las mujeres que viven y trabajan todos los días en nuestra provincia”.
Entre sus disposiciones, la propuesta prevé la asignación de un presupuesto “acorde a la problemática de Entre Ríos, para la ejecución de las políticas públicas integrales en materia de derechos humanos de las mujeres”, que permita garantizar refugios para mujeres víctimas de violencia; grupos de trabajo con profesionales para acompañar las denuncias, personal policial femenino formado en problemáticas de género y vinculación directa con los juzgados, seguimiento “caso por caso” de las denuncias, campañas de difusión sobre los organismos a los que es posible acudir, acompañamiento psicológico y económico en caso de ser necesario para familiares de víctimas de femicidios y femicidios vinculados; licencias por violencia de género para trabajadoras del Estado y alcance a trabajadoras de entidades privadas y de planes sociales, “que evite el abandono de trabajo y/o los días no pagos por inasistencia por situaciones violentas o donde peligre la integridad de la mujer en cuestión”.
También están previstas: la creación de un organismo estadístico autónomo que releve los femicidios y las denuncias de violencia contra las mujeres, la formación de promotoras en prevención de la violencia y promoción de derechos de las mujeres, como también la educación específica “en todos los establecimientos educativos”, entre otras políticas.
La militante del PTP-PCR, Daniela Vera, candidata a diputada nacional por el Encuentro Social explicó que el contenido planteado en el anteproyecto que hoy presentaron “no surge de la idea de dos o tres mujeres sino que es la construcción colectiva de distintos grupos de mujeres a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, que a partir de un trabajo concreto vienen realizando experiencias alrededor de la importancia y la necesidad de declarar la emergencia”.
La intención es que el proyecto ahora tenga espacios de discusión en universidades, asambleas barriales, ámbitos gremiales y que puedan adherir la mayor cantidad de personas y organizaciones. “Obviamente vamos a ser las mujeres las que tendremos que dar una pelea para que la ley se sancione y luego garantizar que se cumpla porque hay otras que están sancionadas y son letra muerta y para las mujeres nada ha sido sencillo”.