Distintas organizaciones de pequeños productores, entre las que se encuentran la FNC, UTT, Frente Agrario Evita entre otras, denuncian ante el Inadi al ministro Buryaile por discriminación.
Distintas organizaciones de pequeños productores, entre las que se encuentran la FNC, UTT, Frente Agrario Evita entre otras, denuncian ante el Inadi al ministro Buryaile por discriminación.
El gobierno de Macri con su política, día a día, continúa castigando a los pequeños productores, a las economías regionales, a los pueblos originarios. Ha profundizado el recorte de partidas presupuestarias de la Secretaría de Agricultura Familiar: se encuentra totalmente desfinanciada, con una gran parálisis en la política pública, en general trabando las pocas herramientas que tiene como el Monotributo Social Agropecuario y el Renaf (Registro Nacional de Agricultura Familiar), herramientas por la cuales miles de pequeños productores acceden a derechos básicos como jubilación y obra social. Como si esto fuera poco, ahora se expresa en el mismo Boletín Oficial, que miles de pequeños productores que garantizan los alimentos a la población serán excluidos de las políticas públicas apuntadas al sector.
La Resolución 249-E/2017 del Ministerio de Agroindustria publicada en el Boletín Oficial el 6 de septiembre relanza el programa Cambio Rural, programa de más de 20 años apuntado a asistir técnicamente a grupos de pequeños productores. Hace un mes aproximadamente se dieron de baja 780 grupos de este programa en el país. En el punto cinco del Manual Operativo publicado en el Boletín se expresa que: “Para ser beneficiario del Cambio Rural se deben reunir los siguientes requisitos: ser productor pequeño o mediano del sector agropecuario o agroalimentario. Ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo. Esto excluye y discrimina al enorme sector de familias productoras de origen de países limítrofes que día a día garantizan la producción de hortalizas en los cordones verdes de todas las provincias. Sólo basta con dar una vuelta por las zonas quinteras para darse cuenta que la sociedad consume verduras diariamente gracias a esas manos, que en gran parte no nacieron en este país. Familias que en algunos casos hace más de 30 años que están produciendo alimentos, aportando a la construcción de esta patria, que son ciudadanos y aportan trabajo y riqueza.
Además recordemos que la horticultura en la Argentina siempre fue llevada adelante por manos migrantes, antes italianos y portugueses, ahora de nacionalidad boliviana en su mayoría. Es inaudito que se los segregue de una política pública de esta manera.
En los últimos tiempos, con la lucha de los campesinos pobres, pequeños productores, de las economías regionales, con la Marcha Multisectorial de las Economías Regionales, verdurazos, marchas y cortes de rutas en distintas provincias, hemos dado a conocer la realidad de miles y miles de familias campesinas; realizamos muchas propuestas para lograr mejores condiciones de vida, y en vez de dar respuesta a esto, el Ministerio de Agroindustria lanza políticas discriminatorias.
Todo este entramado es parte de profundizar políticas que golpean duramente a los campesinos, criollos y originarios y golpear sus luchas por tierra y territorio y la producción. Porque de fondo está aumentar aún más la concentración y extranjerización de la tierra y la producción, donde los Lewis, los Benetton, entre otros, junto a un puñado de pooles sojeros y monopolios exportadores son los grandes beneficiarios.
