La reiteración de la represión con la Gendarmería de la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut (ver hoy número 1651, 18 de enero de 2017), ha vuelto a poner en discusión nacional e internacionalmente, por la trascendencia de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el tema de la apropiación por los terratenientes de las tierras en que vivían, y todavía viven, los pueblos y naciones preexistentes a la Conquista por los colonialistas europeos. En América Latina por los imperios de España y Portugal en particular, aunque también hubo (y todavía hay) enclaves de los colonialistas ingleses, franceses y holandeses (Malvinas, Guyanas, Jamaica, Haití, etc.).
Después de las guerras de la Independencia, las oligarquías de terratenientes y comerciantes locales, incluso con guerras entre ellas, impusieron los límites a las nuevas naciones y avanzaron a sangre y fuego sobre las tierras que todavía eran territorio de las naciones y pueblos originarios, las desmembraron según los límites establecidos (por ejemplo a grandes nacionalidades como las guaraníes, mapuches o collas), imponiéndoles “su propiedad” sobre sus personas y sus tierras. En el caso de lo que es hoy Argentina, a las campañas contra los originarios por parte de las oligarquías provinciales –todavía en guerra civil entre ellas–, se sucedieron las campañas ya “nacionales” de Mitre, Alsina y Roca hacia el Oeste y el Sur del país y la de Victorica sobre el Gran Chaco, en el Norte.
Todas estas campañas de apropiación de grandes extensiones de tierra por parte de terratenientes y comerciantes criollos, ejecutando el exterminio, sometimiento o expulsión hacia zonas inhóspitas de quienes allí vivían –sean originarios o criollos pobres–, se realizaron con la financiación de capitales extranjeros, que así también participaron del reparto de los territorios conquistados. De esta manera terminó imponiéndose el latifundio, que hoy impera en todas las provincias –sea como forma de explotación primitiva o como expresión de monopolio capitalista de la tierra–, aliado a los distintos imperialismos y sus monopolios que se disputan el país, siendo ellos también latifundistas, directamente o a través de personeros de la misma oligarquía terrateniente entremezclada con la gran burguesía intermediaria.
El poder sobre la tierra: economía y política
Un ejemplo de esto es el grupo imperialista italiano regido por la familia Benetton, actualmente el mayor propietario extranjero de tierras argentinas, a través de su empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A. (CTSA). Sus latifundios registran 884.200 hectáreas en la región patagónica (Santa Cruz, Río Negro y Chubut), a las que se suman 15.800 hectáreas en Balcarce, provincia de Buenos Aires. En las estancias del sur tienen unas 260.000 cabezas de ganado ovino, cuyos trabajadores originarios y criollos esquilan hasta 1.300.000 kilogramos de lana, que son enviadas a Europa sin siquiera ser lavadas aquí. Junto a la cría de las ovejas y la producción de lana, los trabajadores en las estancias que poseen los Benetton generan carne vacuna y ovina, y cereales, siendo las más productivas en este caso las tierras en la provincia de Buenos Aires. Los Benetton también integran el Frigorífico Faimali en Santa Cruz, con una participación del 63%, que produce y comercializa carne de cordero y liebre.
CTSA también participa en Minsud Argentina. Minsud Resources es una subsidiaria para minería del grupo Benetton con base en Canadá. En el directorio de la minera participa Diego Perazzo, vice y CEO de Compañía de Tierras. La firma tiene proyectos por oro, plata y cobre en San Juan (Valle de Chita), en Santa Cruz (La Rosita y San Antonio) y Chubut (Carlos), en sociedad con Panedile, la constructora presidida por Hugo Dragonetti e investigada por sobreprecios en la obra pública y vínculos con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. En paralelo, la división de obras viales y peajes de los Benetton, Atlantia, hizo una oferta para controlar la española Abertis a nivel mundial (según el diario Perfil, del 9/9/17).
La empresa madre de los Benetton en Argentina, la CTSA, es presidida por Carlo Benetton (73), el menor de los cuatro hermanos que fundaron el emporio textil italiano expandido en toda Europa y Estados Unidos, operando no sólo en el mundo de la moda, sino también autopistas, restaurantes de autoservicio e inversiones inmobiliarias y mineras. Sus socios son Luciano, de 82 años, Giuliana (80) y Gilberto, de 76. Sus administradores argentinos han sido (o son al mismo tiempo) ejecutivos de conocidos grupos latifundistas o intermediarios locales, como los Miguens-Bemberg, Fortabat, Braun-Menéndez, etc.; o integrantes de corporaciones imperialistas, como el Consejo de las Américas y la agencia Burson-Marsteller.
Se entiende así porqué el poder del latifundio y penetración del imperialismo son decisivos en el poder del Estado y el accionar de sus instituciones, sean estas gubernamentales, legislativas o judiciales. Como se puede ver en la relación entre la más que centenaria represión a las comunidades mapuches y demás comunidades de originarios y criollos pobres e incluso medios, en casi todo el territorio de la Argentina, para despojarlas de sus tierras ancestrales, hoy desnudada nacional e internacionalmente con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que muestra la mano del poder oligárquico-imperialista en el manejo de esas instituciones en la Nación y en las provincias.
Esta situación se agrava en todas las provincias fronterizas por la disputa entre las distintas potencias imperialistas por el control de territorios estratégicos, como los latifundios que disponen imperialistas italianos, ingleses o chinos (como los Benetton, Lewis, el grupo Walbrook o el grupo Heilongjiang Beidahuang) en la Patagonia y el Oeste cordillerano, la base militar inglesa en las Malvinas y la de China en Neuquén. El gobierno de Macri y los gobiernos provinciales que siguen su política no sólo no cuestionan esto sino que ponen en su defensa a las fuerzas represivas, agregando ahora la solicitud al Congreso de la Nación para que autorice el ingreso de unidades de la Armada del imperialismo de Estados Unidos para operaciones conjuntas en la Patagonia, aprobada ya calladamente por la mayoría de los senadores, con la solitaria oposición de las diputadas Magdalena Odarda y María Inés Pilatti Vergara, de la que ninguno de los grandes medios se ha hecho eco, demostrando así también su complicidad con el sistema oligárquico-imperialista.
