Bajo el título El avaro (por la obra de Moliere), el senador nacional y presidente del PS Rubén Giustiniani emitió un documento en el que criticó duramente la política fiscal del gobierno nacional. Sostuvo que las retenciones y aranceles a la exportación significan para las provincias “cero peso, cero centavo”. Asimismo aseguró que de los $ 199.780 millones de recaudación del año 2007 se coparticipó solamente un 27,37 % por lo que el gobierno nacional no cumple siquiera con la Ley 23.548 de Coparticipación que en su artículo 7 fija el piso del 34 % para ser distribuido a las provincias. Finalmente denunció que el superávit fiscal “no significó un cambio en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro país”.
El documento despertó muchas expectativas en la población, ya que se conoció cuando el Poder Ejecutivo provincial se aprestaba a enviar a la Legislatura su proyecto de Reforma Fiscal. Sin embargo, y a pesar de la introducción de cambios en ingresos brutos –contempla una segmentación– e inmobiliario, el proyecto presentado por Binner no introduce una modificación de fondo de la estructura tributaria regresiva que denunciara Giustiniani.
Sin dudas, en el tema de los ingresos brutos, la reforma contiene aspectos positivos ya que vuelve a gravar con el 1% a las empresas con actividad industrial que facturen por encima de los 2 millones de pesos y con el 3% a las empresas que tengan la planta fabril fuera de Santa Fe. Además, las empresas de la construcción que superen el millón de pesos de facturación deberán pagar el 2,5%, quedando excluidas las dedicadas a la obra pública. Finalmente, de aprobarse la norma, también pagarán ingresos brutos los bancos, las AFJP y los pooles de siembra.
Sin embargo, y a pesar de que la norma suspende el régimen de promoción industrial de la dictadura, prorrogado y ampliado en las gestiones de Reutemann y Obeid, se respetarán los convenios vigentes que benefician a un centenar de grandes empresas entre las que figuran General Motors, Monsanto, Bunge, Cargill, Molinos, Petrobrás, Shell, La Virginia, etc., que no tributan ingresos brutos. Muchas de estas empresas son parte de la elite exportadora y debido a su abultada facturación aportarían al fisco una considerable suma para paliar el gasto público.
El proyecto también contempla un aumento promedio de más del 50% del inmobiliario urbano y elevar el valor fiscal promedio de la hectárea de 533 a 2.332 pesos. Habría que subrayar que el impuesto inmobiliario no va a ser progresivo. Por tanto pagará lo mismo un Lancillota con cientos de propiedades en alquiler en Rosario que un trabajador que tiene una modesta casa o un Soros que posee 200.000 hectáreas, la mayoría de las mismas en Santa Fe, que un pequeño productor de 50 hectáreas. Finalmente, y en un verdadero zarpazo confiscatorio, el gobierno cobrará en 2008 una quinta cuota del impuesto inmobiliario urbano y rural.
Pero este ataque al bolsillo popular no será el único ya que a partir del 1° de septiembre el gobierno decidió incrementar el servicio de agua en un 29% y el de luz en un 13,4% (lleva un acumulado del 34% durante 2008).
De aprobarse el proyecto, y a pesar de contener algunos aspectos positivos, la Reforma Fiscal de Binner no modificará la estructura tributaria regresiva, afectará el poder adquisitivo de la gente –aumento del avalúo y cuota extra 2008– y favorecerá a un puñado de grandes empresas, en su mayoría exportadoras, que mantendrán los beneficios que arrastran desde la dictadura hasta el presente.
Mientras tanto, y a pesar de la contundente protesta de los docentes, el gobierno otorgó un incremento de 150 pesos al sector, realmente mezquino si se tiene en cuenta que el sueldo promedio es de 1.450 pesos. Lamentable, más si viene de un partido que en la campaña aseguraba que para los santafesinos vendrían “buenos tiempos”.
02 de octubre de 2010
