En los últimos días –cuando todavía no se conoce el resultado de las pericias que recién estará para el 24 de noviembre- ha recrudecido la campaña del gobierno, que usa a los medios, para tratar desesperadamente de dar por cerrado el caso y negar la represión del 1 de agosto, de la que participaron 120 efectivos de la Gendarmería, coordinados por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Dicen simplemente que “Santiago se ahogó”, como si hubiera estado paseando solo por el lugar.
Recientemente, la familia de Santiago Maldonado denunció que el juez Lleral, a cargo de la causa, rechazó el pedido “de incorporar un grupo de expertos independientes para colaborar en la investigación de la causa”.
El argumento de la familia es sencillo: “pese a la cuestionable actuación de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad de la Nación, siguen a cargo de la investigación únicamente fuerzas de seguridad dependientes de dicha institución”.
Porque la línea del gobierno fue clara desde el mismo 1 de agosto: encubrir a la gendarmería, y ensuciar a la víctima, Santiago Maldonado, y a los mapuches y sus justos reclamos.
Los miles que nos hemos movilizado en estos meses, primero reclamando por la aparición con vida de Santiago y luego verdad y justicia, hemos acompañado a la familia en su denuncia de cómo el gobierno trató de ensuciar el caso, y seguiremos en las calles hasta que haya juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de la muerte de Santiago Maldonado.
