Si volvemos la mirada al año 1992, cuando se firmó el Pacto Fiscal 1 con el cual el menemismo le sacaba a las provincias el 15% de los tributos coparticipables, quienes gobernaban decían más o menos lo mismo. De igual modo sucedió en 1993 en ocasión del Pacto Fiscal 2 a través del cual se les quitó a las provincias facultades de recaudación propia, para beneficio de monopolios y terratenientes y, finalmente, el último “Pacto Federal” que impuso el gobierno de Eduardo Duhalde, allá por febrero del año 2002, con el cual las provincias se abstenían de reclamar la derogación del Pacto Fiscal 1. Con este Pacto gobernó el kirchnerismo 12 años.
En un recorrido de 25 años, la misma historia de avance del centralismo unitario y de cada vez menos federalismo. En todos los casos los gobernadores son cómplices de la destrucción federal y de ajustar el gasto en salud y educación despidiendo trabajadores, tal como se programa en este consenso.
En el contenido de este nuevo Pacto Fiscal se aplica una reforma tributaria que descarta cualquier tratamiento diferencial hacia los pequeños y medianos contribuyentes, da lo mismo una PYME que un monopolio.
En el caso del impuesto a las ganancias es claro y notorio el objetivo de bajar la alícuota para las empresas del 35% al 25%, que tendrá como resultado el aumento de la tasa de ganancia para el reducido grupo de empresas monopólicas que controlan la economía argentina, algo obvio sabiendo quiénes gobiernan con Macri. Para los trabajadores, el Consenso Fiscal mantiene la alícuota del despojo en el 35% en el impuesto a las ganancias, claro ejemplo de “hijos y entenados”.
Para la reducción de la alícuota del 35% al 25% se recurre a un argumento falaz diciendo que en los países más desarrollados la alícuota es del 24%, lo que no se dice es que en la Argentina la tasa de ganancia de los monopolios de capital imperialista es el doble y hasta el triple de lo que logran en sus países de origen y que las empresas allí radicadas pagan impuestos al patrimonio que llegan a afectar hasta el 60% de las utilidades anuales.
El avance unitario se expresa particularmente en la eliminación progresiva del impuesto a los ingresos brutos que recaudan las provincias, uno de los tributos provinciales más importantes al que recurrieron después del Pacto Fiscal 2 del año 1993. Este es uno de los ejemplos notorios del apriete a las provincias y los gobernadores son responsables de someterse; el resultado electoral de octubre creó las condiciones para esto.
En el tema del impuesto inmobiliario, que es una atribución de las provincias, hay un aspecto que puede ser positivo en la medida en que se propone que las valuaciones de los inmuebles urbanos y rurales tienda a ser más acorde con el valor de mercado. Aquí tampoco se precisa tratamiento diferencial para un propietario de una vivienda popular respecto a propietarios de casas de lujo o mansiones. En el caso del impuesto inmobiliario rural tampoco se diferencia entre loque tendría que pagar un pequeño propietario, chacarero o campesino, en relación a un gran terrateniente.
Con el tema de las contribuciones patronales a la seguridad social se libera de la contribución hasta $11.500 de la remuneración bruta de cada trabajador. A partir de este monto se aplica la contribución, también sin diferenciar a las Pymes de los monopolios, como ya venía ocurriendo con el Decreto 814 vigente desde julio del año 2001, que durante todo este tiempo no concretó ningún tratamiento diferencial.
En el caso del financiamiento de la Anses, lo que se les sacaba a las provincias del 15% con el Pacto Fiscal 1, se reemplaza con la totalidad de lo que se recauda con el impuesto al cheque. Los jubilados y pensionados pierden el aumento que se venía haciendo dos veces al año y se proponen ajustes trimestrales por inflación, la que ellos digan obviamente.
En el impuesto a la renta financiera que se sancionará se pone un piso de $65.700 para ganancias provenientes de inversiones de ahorristas, pero nada se dice respecto de los grandes especuladores que compran Lebac, por ejemplo, por varios millones de pesos.
En síntesis, un Consenso Fiscal para ajustar el gasto público en contra de los trabajadores y el pueblo y para garantizar la mayor tasa de ganancia posible a los monopolios, grandes terratenientes, capitales imperialistas y grandes exportadores. Para esto son gobierno.
