Los 23 gobernadores, con la sola oposición del de San Luis, firmaron con el presidente Macri un compromiso fiscal ligado al cambio en la fórmula de actualización de haberes jubilatorios de la reforma previsional, que el gobierno pretende que apruebe el Congreso. De esa reforma surgirían los fondos para el financiamiento de ese Pacto Fiscal.
Los 23 gobernadores, con la sola oposición del de San Luis, firmaron con el presidente Macri un compromiso fiscal ligado al cambio en la fórmula de actualización de haberes jubilatorios de la reforma previsional, que el gobierno pretende que apruebe el Congreso. De esa reforma surgirían los fondos para el financiamiento de ese Pacto Fiscal.
Originalmente el proyecto de reforma previsional preveía reemplazar la fórmula hoy vigente por una directamente atada a la inflación. Como eso implicaba un recorte en la actualización de las jubilaciones de más de un 7%, el gobierno agregó a la propuesta un plus ligado al crecimiento del PBI, que estableció en un 5% del mismo. Pero, luego quedó claro que eso era un “caramelito”, pues con un crecimiento del PBI del 4%, ese 5% representaría apenas un 0,2% de mejoramiento en relación a la inflación.
Cuando ese dislate llegó al plenario de comisiones del Senado, previendo que en la discusión se iba a “colar” el cuestionamiento a la modificación en la fórmula de actualización de las jubilaciones, el senador Miguel Ángel Pichetto esbozó una nueva ecuación que, 14 minutos después, el Gobierno aceptó.
El índice de actualización quedó así: 70 por ciento por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el 30% restante por la variación del Ripte, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales. Rápidos para las cuentas, los ministros Frigerio, Dujovne y Triaca vieron que con esa “concesión” que también resultaba mínima –pues los aumentos de los salarios de los estatales los vienen manteniendo muy por debajo que los que resultan de las paritarias de los privados–, salvaban lo principal de la reforma que es eliminar el índice de actualización hoy vigente. De esta manera, lograron obtener dictamen para el proyecto de reforma y que sea tratado esta semana en el recinto del Senado.
Tratando de tapar la agachada, corriendo el eje de atención de la reforma previsional, casi inmediatamente el senador Pichetto anunció la postergación del debate por las leyes laborales, por la ausencia de los dirigentes de la CGT en Roma. “Nos tiran a nosotros para tapar el verdadero perjuicio que es la aprobación de la rebaja de las jubilaciones”, reprocharon desde la delegación (El Cronista, 24/11/2017).
Demás está decir que Miguel Pichetto y demás senadores que responden a los gobernadores invertebrados del pacto fiscal, acuerdan también con el punto del proyecto que otorga la posibilidad de extender la edad jubilatoria hasta los 70 años en forma optativa, sin que se garantice una jubilación digna. Tampoco cuestionan el fraude que implica hacer pasar como un reconocimiento del derecho constitucional al 82%, a la pregonada garantía adicional para los haberes de jubilación equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para aquellas personas que hubieran cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos y están cobrando la mínima. Aún en este caso, el adicional resulta en unos pocos pesos en relación a la actual mínima de hambre.
Todo esto se hace con el argumento hipócrita de “la sustentabilidad del sistema”, cuando al mismo tiempo se le saca al sistema algo más de $100.000 millones anuales provenientes de la recaudación de Ganancias, lo que no alcanzaría a ser compensado con la derivación de todo lo que recauda el impuesto al cheque. Pero no sólo eso pues a esa pérdida se agrega el efecto de la rebaja de contribuciones patronales, que será creciente a medida que la parte de todos los salarios que quedará exenta del pago vaya aumentando hasta llegar a los $11.500, ajustables por inflación.
Según los cálculos de la CGT, con la fórmula de movilidad actual los jubilados deberían recibir un aumento de 13% en marzo. En cambio, en el cálculo que proponía originalmente el gobierno, atado a la inflación más un 5% del crecimiento del PBI anual, el incremento sólo sería del 5,3%. Ahora, con esta nueva metodología, el incremento total será del 5,5%. “¿Quién se hace cargo de la diferencia de 13 a 5,5 que pierden los jubilados?”, se preguntaban en la calle Azopardo. Por lo que el triunviro Schmidt, señaló: “El proyecto de reforma previsional no tiene el aval de la CGT. No estamos de acuerdo para nada”.
El tema es tan delicado que la mayoría de la oposición en el Senado se resiste a acompañar al gobierno en la decisión de recortar el nivel de aumento. Por eso, Pichetto había pedido que los gobernadores peronistas concurrieran a defender la propuesta en la Cámara alta. Una forma de compartir el costo político. Pero, en la reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, de diez gobernadores que asistieron a respaldar el acuerdo, sólo cuatro de ellos son peronistas: Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). Entre los que no asistieron se cuentan a los mandatarios de Chaco, Catamarca y La Rioja.
El quinto peronista presente, Alberto Rodríguez Saá (San Luis), fue lapidario: “¿Qué venimos nosotros a legitimar, que se les quiten a los jubilados 65.000 millones de pesos? ¿Por qué? Nosotros queremos que los jubilados cobren más”, protestó el puntano.
Existen condiciones para impedir que la mayoría de los senadores se sumen a aprobar este proyecto de reforma previsional, producto de un pacto entre ladrones, por lo que es importante que todos los sectores de trabajadores nos encontremos unidos contra este proyecto en la movilización hacia el Congreso el mismo miércoles 29 de noviembre, previsto para el inicio de la sesión en el Senado.
