Según el gobierno la medida apunta a “simplificar” las operaciones del Estado y así terminar con “los trámites excesivos”. De fondo lo que hace es generar beneficios a las empresas, quitar controles del Estado sobre las mismas y recortar el gasto en 100 mil millones de pesos en los próximos dos años.
Según el gobierno la medida apunta a “simplificar” las operaciones del Estado y así terminar con “los trámites excesivos”. De fondo lo que hace es generar beneficios a las empresas, quitar controles del Estado sobre las mismas y recortar el gasto en 100 mil millones de pesos en los próximos dos años.
El DNU de 192 artículos plantea la “necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial”, según la Casa Rosada.
Sin embargo, cuando se analizan las principales modificaciones lo que se ve es que son medidas que apuntan a mejorar la rentabilidad de las empresas, simplificar la operación al sector financiero y seguir reduciendo el rol del Estado.
Algunos puntos principales:
Anses. Se autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a realizar operaciones financieras como la creación de fideicomisos. En otras palabras, se permite la timba financiera con los fondos de los jubilados.
Importaciones. Se convierte en automáticas a 314 licencias de importación que hasta ahora requerían una aprobación del gobierno. La medida abarcará a laminados de acero, aluminio semielaborado, polipropileno, poliestireno e hilados de algodón, entre otros productos. Una medida que va en línea con la apertura indiscriminada de importaciones que en estos dos años golpeó de muerte a gran parte de la industria nacional.
Campos del Ejército. Los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La reforma da vía libre a la venta masiva, quitando aún más recursos a la defensa nacional, y habilitando los negociados inmobiliarios, en línea con el desguace general que se está haciendo en el sector incluyendo los despidos y amenazas de cierre de las Fábricas Militares.
Senasa. Se derogaron más de 50 normas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Esto tiene que ver, más allá de la supuesta modernización del organismo, con la reducción que se viene llevando adelante en el área.
El Senasa hoy tiene 6 mil empleados, de los cuales 2.800 están contratados. Según datos del propio organismo, para su normal funcionamiento necesita un presupuesto del doble del actual, pero el plan va en sentido contrario. El objetivo es reducir de 14 a seis o siete los Centros Regionales y delegar funciones de control en entes fitosanitarios que involucren a los privados. Con ese esquema en marcha, en el organismo consideran que sobrarían entre 2.000 y 3.000 empleados. Y muchas de las funciones de control del Estado pasan a manos de los privados, con la falta de control que eso implica como en el caso de lo que ingresa y egresa de los puertos.
Licitaciones. Se estableció que las licitaciones de obra pública en adelante solamente serán publicadas en el Boletín Oficial nacional, eliminando esa obligación para esos organismos provinciales o municipales. Además, se reducen de 10 a 5 días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos. Una medida que parece apuntar a preparar el terreno para el plan de negocios con privados en el ámbito vial que impulsa el macrismo.
Automotrices. Las automotrices no deberán pedir permiso para instalarse en el país, al tiempo que simplifica y hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes. Además, se podrán resolver sin ir a la Justicia, en un lapso de 60 días, controversias legales-administrativas relacionadas con la administración del Estado que antes podían durar entre tres y cinco años.
Camiones bitrenes. Se habilita el uso “en algunos corredores viales” de los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión y dos remolques, que permiten transportar más carga y reducir costos logísticos en más de 20 por ciento. Una medida exigida por las exportadoras de granos, aceites y harina de soja para reducir costos.
Barcos nacionales. Hasta ahora por el artículo 6 del Decreto Ley 19.492/44 “cuando por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de primera necesidad una zona costera o cumplir un contrato por no encontrarse barcos argentinos en condiciones de prestar el servicio correspondiente, queda autorizado el Poder Ejecutivo para otorgar permiso precario, en cada caso, a barcos extranjeros para realizarlo, y en tanto subsistan esas circunstancias de fuerza mayor”.
Esa “excepción” que fomentaba el desarrollo de marina mercante nacional al privilegiar a los barcos de bandera argentina, se transforma en la regla. Ya no habrá que pedir esa autorización. Tras la fachada de una simplificación burocrática se elimina un fomento a la industria naval nacional. A esto habría que sumarle que en diciembre Macri borró de un plumazo con el Decreto 1.076/17 dos artículos de la Ley de la Industria Naval que había sido votada por unanimidad por el Senado y recortó $1.500 millones anuales destinados a la construcción, transformación y reparación de buques de la Marina Mercante argentina. Nuevamente las exportadoras cerealeras de parabienes. Reducción de costos a costa de soberanía industrial y naval.
Puertos. Se elimina la necesidad de un decreto presidencial para habilitar puertos.
Trabajo. En el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) se publican las sanciones por informalidad laboral y otros conflictos laborales. El DNU reduce la sanción de inscripción en el Repsal a 30 días (hoy puede ser de hasta 120 días). Este cambio implicará un amplio indulto a empresas detectadas con trabajadores no registrados, reduciendo el tiempo de permanencia de estas en el “veraz laboral” una vez hayan regularizado la situación. En la actualidad son 22 mil las empresas incorporadas en ese registro.
Cuentas de sueldos. También el Decreto establece una modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo que declaraba la inembargabilidad de las cuentas de sueldos. Ahora las financieras y los bancos que prestan a los trabajadores les pueden embargar una parte de sus salarios.
