Ante el resquebrajamiento de su frente interno por la reacción popular ante el impagable aumento en las tarifas para los hogares y la pequeña y mediana industria y comercios, el presidente Macri tuvo que consensuar en Cambiemos un “alivio” que fue una burla: una cuotificación en el pago de sólo un 25% del total de la factura, aumentada con sus intereses usurarios.
Visto el rechazo popular a esa burla y que, con ella, se mantenía también la carga acrecentada de los impuestos en las facturas, el lunes 23 tuvo que salir personalmente a dar la cara tratando de “tirar la pelota afuera”, pidiendo “a todos los municipios y a los gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, de cada comercio y cada pyme”. Y a estos usuarios les dijo: “Que todos los argentinos asumamos el compromiso de consumir menos. Que todos tomemos la responsabilidad de este desafío porque cuidando el consumo también vamos a cuidar la factura”, agregando que “nuestra factura es muy baja en comparación con nuestros vecinos”. Es decir que, si no les gusta, ya pueden ir mudándose a cualquier país vecino.
Parecía el capitán Anaya: “animémonos y vayan”, pues de ese llamamiento a “compartir el esfuerzo” excluyó el impuesto que carga el gobierno nacional a los servicios públicos (el 21% de IVA que se acrecienta con el aumento de las tarifas) y a las mayores ganancias de las empresas que tienen el monopolio en la concesión de esos servicios (que también se acrecientan con el aumento de las tarifas).
Avalando el apriete a las provincias y municipalidades en estas condiciones, la gobernadora Vidal anunció que en la provincia se reducirían algunas cargas que significan apenas un 6% en las boletas de gas y agua. Para esto tendría que sacar una ley provincial y eso afectaría principalmente a la municipalidad. Por eso agregó
que “todos los gobiernos” deben sumarse a “hacer un esfuerzo” para que las facturas de servicios públicos puedan ser abonadas. ¿Incluye a Macri en “todos los gobiernos”?
Ni lerdo ni perezoso, el gobierno de Macri envió un proyecto de ley al Senado de la Nación, en cuyo texto se establece que “las facturas de los servicios públicos esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, incluyendo solo el impuesto al IVA e Ingresos Brutos, si correspondiera“ y “no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto” a los mencionados.
Es decir que mientras boicotea que la Cámara de Diputados trate el tema, ya que por la Constitución le corresponde ser la iniciadora de los temas impositivos, trata de imponer a través del Senado una ley que obligue a un recorte impositivo a las provincias y municipalidades, garantizándose que no se toque su mayor tajada con el IVA ni que se toquen las mayores ganancias de los monopolios concesionarios. Al respecto, el diario La Nación en edición digital del 25 de abril, publica un sondeo hecho sobre la base de los balances que las empresas presentan todos los años a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que “permite llegar a una conclusión relativamente sencilla: tres de las cuatro mayores compañías de servicios públicos del área metropolitana tuvieron un incremento notable en sus ganancias tras los aumentos de tarifas” (se refiere a los aumentos anteriores al tarifazo en curso, E.G.). ¿Otra grieta en el bloque dominante?
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1715 03/05/2018
