El Relevamiento de las Expectativas (REM) de julio que recibió el Banco Central, que se realiza con más de 50 estudios económicos, consultores, institutos de universidades, incluidos un 10% del exterior, era muy esperado, porque era el primero después de la firma del pacto que firmó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional. En particular porque desde que se desató la crisis cambiaria el 25 de abril, hasta fines de junio, la paridad cambiaria había subido 44% para el público y 38% para el canal mayorista donde se cursan las operaciones de comercio exterior y las grandes transacciones financieras para giro de divisas al resto del mundo por pagos de vencimientos de bonos públicos y privados, giro de dividendos, principalmente.
En contraste, los precios apenas se habían movido, en promedio general, menos del 6%. Claro que los días de junio habían sido los de mayor inflación registrada en lo que va del año, marcando una suba del 3%, con un desfasaje de los precios mayoristas que subieron más de un 7% en el mes. Esto con un segundo semestre con algunos ya anunciados nuevos aumentos de los combustibles, prepagas, gas y electricidad. Esto ya empezó la primera semana de julio, con el aumento de las naftas y el gasoil anunciado en un 5% por la petrolera estatal YPF, un alza superior al 3% que las petroleras habían acordado subir tanto en junio y julio y que eleva la suba acumulada en el año hasta el 18%. En el caso de Shell, anunciaron incrementos del 9% en su nafta súper (representa el 65% del negocio local de la firma) y de entre 11% y 12% en la nafta y el diésel premium. Además, en la última semana de junio el gobierno autorizó a las prepagas a subir sus cuotas hasta un 7,5% desde el inicio de agosto, con lo que las empresas de medicina llevarán acumulado un aumento del 19% ya en los primeros ocho meses del 2018.
Para julio los analistas del mercado prevén una inflación del 2,5% y baja nominal del tipo de cambio de 3,6% para el público, y alza de 1,3% para el comercio exterior. No prevén una suba mayor, principalmente por la incapacidad de los presupuestos de las familias a convalidar singulares aumentos generalizados de precios de los bienes y servicios que consumen habitualmente, habida cuenta de que sus ingresos, en el mejor de los casos, se movieron, con rezago, al ritmo de la inflación, y también de la actividad económica.
Por otro lado, el REM arrojó en la previsión de variación del PBI, una caída del 0,7% para el tercer trimestre de 2018, que se sumaría a la caída de 1% estimada en el segundo, reduciendo la proyección para todo el año a apenas 5%, cuando hace dos meses esperaba que creciera 2,5% y el Indec había informado una suba de 3,6% para los primeros cuatro meses del año.
Semejante derrape no se explica mínimamente por efecto de la peor sequía en 50 años, sino básicamente por la agudización de la crisis provocada por la conjunción de la acelerada devaluación y suba de las tasas de interés, junto a la cuestionada falta de reacción del gobierno de mostrar un plan económico que dé confianza a los inversores, a los externos y sobre todo a los locales (extranjeros y nacionales), que siguen optando entre las tasas usurarias y los activos dolarizados, antes que por la inversión productiva.
Desde la liberalización total del mercado de cambios sin paracaídas, el 17 de diciembre de 2015, y la posterior eliminación de la mayor parte de las retenciones hasta el 29 de junio último la inflación fue de poco más de 102%; mientras que el tipo de cambio, con el salto del 44% en el último bimestre, se elevó 112% para la venta al público y 105% para el comercio exterior.
Pese al proyectado casi nulo traslado a los precios al consumidor, al menos en lo que respecta a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Indec, el ministro de Hacienda y su equipo van a tener que explicarle a los técnicos del FMI porqué la meta de inflación del 27% prevista para el cierre de junio, respecto de un año atrás, superó la tolerancia primaria del 29% que se comprometió alcanzar; y más aún si se confirman los pronósticos privados que el 2018 terminará con un alza de precios superior al 30 por ciento. Al menos esto es lo que surge del pacto comprometido por el que el 20 de junio liberó el primer tramo de US$15.000 millones y de cuyo cumplimiento también dependen los posteriores tramos cada 3 meses, de US$3.000 millones, hasta llegar a los míticos US$50.000 millones dentro de tres años.
Hoy N° 1725 11/07/2018
