El 9 de julio (esa semana se inició el receso invernal) se firmó el acuerdo paritario que cierra una etapa de cuatro meses de lucha. El gobierno tuvo que retroceder con los decretos del ajuste que abrían paso a despidos y pérdida de derechos, se compromete al blanqueo de centenares de trabajadores que estaban en negro, y se logra una recomposición salarial. El gobierno se compromete a mejorar las condiciones edilicias, a no descontar los días de paro, y a no sancionar a los docentes por acciones de la lucha.
Los docentes pasarán, con el sueldo de julio, a un básico testigo (maestra de grado = 20 horas cátedra) de $9.766 con un aumento de $1.350, es decir, un 16%. Más una cláusula para compensar la inflación del tercer y cuarto trimestre del año. De mantenerse la inflación actual, se llegará a un porcentaje aproximado de entre el 26 y el 30%. El salario inicial de un maestro pasará (con el sueldo de julio), en la zona sur de la provincia, de aproximadamente $15.000 a unos $17.200; unos $2.200 de aumento en el bolsillo.
Es insuficiente. La canasta familiar duplica el salario inicial de un maestro. La consulta realizada en la provincia mostró una clara mayoría a favor de aceptar el acuerdo, aunque parte de lo más activo del movimiento votó el rechazo y manifiesta un fuerte descontento con el mismo.
Una provincia diversa
Cada región o regional de la provincia tiene condiciones diferentes que se expresaron en esta lucha. Formas y grados de organización distintos y diferentes fuerzas dentro y fuera del movimiento. En el caso de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, el intendente pertenece al FPV y responde a PAE (Bulgheroni) y a Cristóbal López. Por eso trabajó para sostener al gobierno provincial y garantizar las ganancias de las empresas. Entregó un predio a Bullrich para gendarmería justo en el lugar donde el movimiento obrero hace los cortes de ruta.
Esta lucha se dio contra un gobierno apoyado en la política nacional y en los monopolios, dispuesto a pagar el alto costo político de no resolver el conflicto, aún pudiendo dar respuesta, con tal de ser ejemplo nacional para el ajuste.
Lo obtenido se le arrancó a Arcioni y a Macri, pero también a esas grandes empresas saqueadoras como PAE, Aluar, las pesqueras y los terratenientes como Benetton. Para ellos los derechos del pueblo son obstáculos y gastos.
Desde la Agrupación Ana Sosa CCC (en la Lila que conduce dos de las seis seccionales del gremio docente Atech) consideramos un avance haber puesto en el blanco a los grandes monopolios y haber impulsado junto al conjunto de la CCC (y desde la Regional Sur junto al Sindicato de Judiciales y otros) la Ley De Emergencia Impositiva. Con esa línea movilizamos a la ruta en varias oportunidades. El despliegue policial y la represión muestran la preocupación del gobierno y las petroleras por esas medidas. También impulsamos la toma de edificios que fue clave en este conflicto.
Desde la Regional Sur estuvimos en la primera fila frente a la represión del 26/6 (como en la anterior, cuando reprimieron también a compañeras de ATE) que le costó a Arcioni la nacionalización del conflicto.
En síntesis, se cerró una etapa y está por definirse la continuidad de la lucha. Dependerá en parte de un buen debate sobre el balance de esta lucha inédita, de las enseñanzas que podamos obtener para próximas etapas.
Corresponsal
Hoy N° 1727 25/07/2018
