Reproducimos publicación de LIBERPUEBLO
El proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional, tiene entre sus objetivos principales limitar la protesta social y perseguir a los inmigrantes.
Mientras avanza el hambre y el desempleo y se recortan los presupuestos de educación, salud y servicios elementales, el gobierno criminaliza la protesta social y política, al mismo tiempo que avanza en culpabilizar a los inmigrantes de la situación.
El Anteproyecto de reforma, endurece las penas y crea nuevos delitos dirigidos a perseguir la protesta social: eleva la pena para los partícipes en cortes de calles por entorpecimiento del tránsito e introduce un nuevo tipo penal en su artículo 208: “(…) quien en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, con pena de 1 mes hasta 2 años de prisión”. Dispone que dicha pena será agravada en caso de que el objeto sea dirigido contra miembros de las fuerzas de seguridad.
Además, establece que no será necesaria la efectiva producción del daño o lesión para que se configure el delito, imprimiendo a la conducta un criterio especulativo peligroso e intimidatorio a la hora de determinar el hecho concreto.
Entendemos que esta norma incorpora como política criminal el “disciplinar” la lucha en las calles, y hay que tener en cuenta que los hechos sucedidos en las últimas movilizaciones y protestas, los disturbios fueron generados por agentes infiltrados de las “fuerzas de seguridad” incitando a provocaciones para “justificar” la represión.
No es de extrañarse. Macri y su gobierno tienen a la represión, la persecución y la estigmatización entre sus prioridades desde que asumieron la gestión gubernamental. Patricia Bullrich, el brazo armado de esta política, despliega de una manera despiadada y antidemocrática su mensaje xenófobo y fascista. Justificó, desde su cargo, todos los actos represivos, incluso asesinatos a sangre fría como el de Rafael Nahuel. Las tareas de infiltración a la protesta se gestan desde el mismo Ministerio para justificar verdaderas cacerías.
La protesta social crece. Argentina es uno de los países del continente con mayor manifestación de su descontento social en el ámbito público. Esto es visto por los sectores de poder como una gran amenaza, como una extorsión. En realidad, es una muestra de la historia en prácticas democráticas y participativas de nuestro pueblo desde su propio origen. El derecho a protestar es un derecho constitucional. Es la posibilidad y nuestra herramienta concreta como sociedad para manifestar nuestras opiniones, sobre todo en un sistema institucional alejado y cerrado al protagonismo popular.
La protesta crece porque los “responsables del orden” están desorganizando la sociedad de tal manera que millones no cubren siquiera su alimentación. Crece porque los prolijitos de Cambiemos, que se llenan la boca de orden y funcionamiento, no pueden garantizar los servicios básicos de salud y educación. Crece porque los argentinos y argentinas vemos cómo hipotecan el futuro del país con el crecimiento del endeudamiento externo que ya supera el 77% del PBI. Crece porque se trabaja para ganar menos con inflación y tarifazos cada vez mayores. Crece porque se desarrolla un modelo extractivista de saqueo y contaminación. Crece porque nuestro sistema institucional le da la espalda a la sociedad en nombre de intereses corporativos como sucedió en las últimas votaciones en el Parlamento.
La contracara del crecimiento de la protesta, es el aumento de la represión. Según un informe de criminalización de la protesta social, realizado por LIBERPUEBLO y el observatorio de la CTA A, en el 2017 hubo 514 detenciones en 58 hechos represivos. Muchas de ellas realizadas por las fuerzas de seguridad lejos del lugar de protesta. Un año antes las detenciones en hechos de represión a la protesta habían contabilizado 269. Es decir, casi el doble.
El otro pilar fundamental del Anteproyecto es su política estigmatizante hacia las personas inmigrantes que aparece en sintonía con el discurso xenófobo y racista del gobierno a través principalmente de la ministra Bullrich y de senadores como Miguel Ángel Pichetto. Establece una figura agravada para migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición para ingresar a la Argentina.
Este avance represivo hacia los inmigrantes está en sintonía con la oleada continental y mundial de restricción a la libre movilidad de las personas. Un gobierno que levanta todas las restricciones para el ingreso y egreso de capitales especulativos que destruyen nuestra economía, restringe la libertad de quienes buscan un lugar donde vivir. Este es solo el comienzo, buscan endurecer la Ley Migratoria: el senador justicialista Pichetto declaró hace unos días que en las próximas semanas podría elevar un proyecto al Senado con este objetivo y el presidente ya salió a respaldar la iniciativa. Macri quiere su Ley de Residencia para no ser menos que el gobierno conservador y genocida de Julio A. Roca.
Esto se da en un contexto regional que va en línea con las políticas xenófobas contra los inmigrantes de Trump y Bolsonaro. Macri quiere que la “Argentina vuelva al mundo”, al mundo de los poderosos. Ante la visita del G20, el gobierno prepara el terreno para mostrarle a los que manejan el mundo un país disciplinado.
Ante el fracaso de su política, el plan es generar consenso social, con campañas mediáticas, culpando a los pobres e inmigrantes con expresiones como “vagos”, que vienen a “sacarle el trabajo a los argentinos” o que los inmigrantes “son todos narcotraficantes”, los estigmatizan para hacer pasar la represión. No oponemos rotundamente a esta política. Queremos un país abierto a las diferentes culturas de todo el mundo.
Porque a las principales conquistas populares siempre el pueblo argentino las ha conseguido en las calles, porque hoy está sufriendo hasta límites intolerables esta situación que el propio gobierno anuncia va a empeorar, porque supimos echar una dictadura, porque hicimos retroceder el 2×1, porque somos millones reclamando trabajo, paritarias, derecho a la educación pública, basta de femicidios, por la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, hoy seguiremos luchando y forjando unidad para pararle la mano a esta política que criminaliza la protesta social.
Defendamos el derecho a manifestarnos y luchar
No nos van a sacar de las calles
