La “marea verde” que emergió con el debate por la legalización del aborto puso de manifiesto que aquella consigna que -desde sus inicios- sostiene el movimiento de mujeres tiene hoy más vigencia que nunca: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Los mismos sectores que estuvieron en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo son los que ahora vociferan contra de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Grupos autodenominados “Pro vida” instalaron una feroz campaña bajo el lema “con mis hijos no”, difundiendo todo tipo de mentiras acerca de los contenidos de enseñanza que se establecen en esa ley y alentando un clima peligroso contra los docentes y la escuela pública.
Algunos municipios hasta se autoproclamaron “Pro vida” y, desconociendo leyes nacionales, tratados internacionales y la propia Constitución, se pronunciaron contra la “ideología de género” que supuestamente está en la base de la ESI.
Pero ¿existe la ideología de género? ¿Por qué la ESI agita la furia de fanáticos reaccionarios, al punto de llevarlos a irrumpir violentamente en una escuela pública con el fin de impedir el desarrollo de una clase de educación sexual?.
La ideología de género no existe. Existe la ideología de las clases dominantes, que consideran natural el orden de clases y patriarcal, donde los hijos son propiedad de los padres, forman parte de su patrimonio al igual que sus mujeres (de ahí que puedan maltratarlos, si quieren, son sus dueños; pueden quitarles la vida, en casos “extremos”).
La ideología dominante es el conjunto de creencias que justifican, embellecen y presentan como “natural” el interés de las clases dominantes por mantener el injusto sistema de explotación existente, por el cual una ínfima minoría explota, oprime y se apropia del producto del trabajo social de la inmensa mayoría de pueblos y naciones.
Parece que hablar de educación sexual integral en las escuelas toca un punto álgido de ese orden “natural” de la sociedad de clases, y por eso las reacciones furiosas de los grupos más retrógrados que blanden el “con mis hijos no”.
La educación sexual en las leyes, en los tratados internacionales y en la realidad
Es sabido que -por regla general- las pocas leyes a favor del pueblo no se cumplen, ya sea porque no se reglamentan o no se les asigna presupuesto o porque no se controla su cumplimiento por parte del Estado. Tampoco se cumplen los pactos internacionales, aún con rango constitucional, que obligan a los Estados a garantizar el cumplimiento de derechos humanos y sociales. Por ejemplo, el Comité sobre los Derechos del Niño ha establecido que “los Estados han de velar por que los sistemas y servicios sanitarios puedan atender las necesidades de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, incluso mediante servicios de planificación familiar y aborto en condiciones de seguridad”.
Es el caso de la Ley Nº 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), y de otras leyes relacionadas, como la Ley 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Ley N° 27.234 de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y la Ley N° 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En los hechos, estas leyes se obstruyen desde el propio Estado —tanto el nacional como los Estados provinciales— al no reglamentarse o al no asignar los recursos necesarios de personal, infraestructura, capacitación y material didáctico, etc., para su aplicación.
La ley ESI fue sancionada en 2006, hace más de 12 años. Establece que todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos y privados, de los niveles de enseñanza obligatoria (inicial, primario y secundario).
Los gobiernos provinciales aprobaron los lineamientos curriculares de la ESI por Resolución N°48/08 del Consejo Federal de Educación, presentándolos como contenidos de enseñanza “básicos” que apuntan a “fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño en lo que refiere a la inclusión de contenidos de educación sexual, de prevención de VIH Sida y de salud reproductiva en los programas escolares”. También, proponen abordar en la escuela “situaciones de vulneración de derechos como lo son la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes”. Otros temas que se incluyen se relacionan con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la no discriminación y el ejercicio de la sexualidad y los derechos.
La realidad es que la aplicación de esta ley es casi nula. La educación sexual está ausente en la mayoría de las escuelas. Así lo manifestaron los propios alumnos en el operativo oficial Aprender de 2017, donde 8 de cada 10 alumnos evaluados dijo que son insuficientes o inexistentes las clases de educación sexual y el 76% que falta abordaje sobre violencia de género.
El gobierno de Macri tampoco garantizó su cumplimiento. Por el contrario, desfinanció el programa nacional de ESI, redujo al mínimo los planes de capacitación docente y sólo mantuvo una jornada anual “por la igualdad”, establecida en otra ley, para que un día al año se trabaje en las escuelas sobre el tema de la violencia de género.
La experiencia de otros países, incluso cercanos a nuestra realidad, como Uruguay, muestra que al aplicar como política pública integral la educación sexual y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, junto a la legalización del aborto y su práctica hospitalaria segura, lograron no solamente bajar el número de embarazos adolescentes no deseados, sino disminuir la muerte de mujeres y la cantidad de abortos que se realizan.
Aquí, la política oficial y deliberada sitúa una determinada ideología por encima del derecho a la educación y a la salud de niñas, niños y adolescentes. Por eso, la defensa de la educación pública debe incluir la lucha por una educación sexual integral, que contemple contenidos de enseñanza científicos sobre aspectos biológicos, de prevención de enfermedades, cuidado del cuerpo y anticoncepción y prevención del embarazo no planificado o no deseado.
Una educación pública con otros conocimientos que promuevan la reflexión sobre la afectividad en las relaciones sexuales y en general entre las personas, descubran los modelos de relaciones sociales que propone la cultura dominante, y ayuden a ampliar la conciencia social de prevención de la violencia y el abuso sexual.
Escribe Sara Alvarez
Hoy N° 1754 13/02/2019
